Señor Director:
Cuando las contradicciones entre las personas son insalvables, cuando la racionalidad se está agotando, cuando no existen las instancias orgánicas o cuando se quiebra un Estado de Derecho, es posible, que una autoridad ajena a la institucional, intervenga y contribuya a componer las relaciones, establecer el dialogo y/o actúe como mediador; pero cuando existe un país normalizado, cuando existe un presidente, ministros, congresistas, alcaldes, consejeros y concejales, partidos políticos y dirigentes sociales, es decir representantes de los ciudadanos y ciudadanas en todo su espectro social, no parece necesario, que dignatarios de instituciones religiosas, filosóficas, chamanes, brujos o hipnotistas tengan que suplir el rol que les corresponde a los ciudadanos organizados y a sus autoridades elegidas democráticamente. Cada cual debe saber asumir su rol, debe desplegar sus habilidades y facultades para resolver los problemas que se generan en el ámbito público.
Sin embargo, para el Presidente Piñera y su Gobierno, parece formar parte de la acción política, la intervención de la Iglesia Católica, en los conflictos sociales y políticos, donde su equipo de gobierno demuestra incapacidad para resolverlos. Es abusivo de parte del gobierno, usar la convicción religiosa para “ablandar” a los ciudadanos, es abusivo aprovecharse de la Fe para doblegar la voluntad o para presionar a diversos actores sociales para que renuncien a sus legítimas aspiraciones.
Chile optó hace mucho tiempo por separa el Altar de la Constitución y las leyes (1925), no por invalidar la fe cristiana, ni por cuestionar el rol espiritual de una Iglesia como la Católica, sino por la convicción que el entendimiento y el ordenamiento de una sociedad, se tiene que regir por normas, que sean validadas por los ciudadanos y no por los fieles, por las leyes terrenales y no por las celestiales.
No obstante ello, este gobierno recurre permanentemente a dignatarios y religiosos de la Iglesia Católica para resolver, mediar e intervenir en los conflictos sociales y políticos, demostrando con ello, por una parte, dependencia religiosa y por otra, incapacidad para implementar diálogos democráticos, debatir en la diversidad, y generar a partir del disenso, espacios de consensos básicos, que permitan el entendimiento entre gobernantes y gobernados.
Es de esperar que el conflicto por el gas, que afecta a la comunidad de Punta Arenas, se resuelva por los canales propios de la democracia y la institucionalidad que el país tiene para resolver sus controversias y no sometiendo a las partes a presiones celestiales y divinas.
(*) Por Jorge Díaz Guzmán
