Desde septiembre de 2009 está vigente en nuestro país el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Este convenio viene a sumarse a la Ley Indígena de 1993 y otras normas que se han dictado estableciendo disposiciones especiales aplicables a los pueblos originarios de Chile.
Uno de los elementos que destacan en el Convenio 169 es la obligación de consulta a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. De hecho, la propia OIT ha sido enfática en señalar que el deber de consulta es la ‘piedra angular’ del Convenio 169.
Por su parte, el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha establecido cinco ejes principales de trabajo en su política hacia los pueblos indígenas: fomento cultural; perfeccionamiento de los mecanismos de entrega de tierras y desarrollo productivo; reestructuración de la institucionalidad; la adopción de un enfoque integral respecto del desarrollo de los pueblos originarios; y la instalación de procesos efectivos de participación. Este eje de participación, por su lado, contribuye al diseño de todos los demás ejes y es una expresión concreta y palpable de la forma en que Chile está involucrando activamente a los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan.
[cita]Entre los avances más importantes está el reconocimiento de la costumbre indígena; las normas y programas vigentes sobre salud y educación intercultural; y las múltiples consultas que está llevando a cabo esta administración para hacer realidad esta “piedra angular” del Convenio 169 que es la obligación de consulta.[/cita]
En efecto, entre septiembre y noviembre del año pasado hemos enviado a la Organización Internacional del Trabajo, información completa y detallada sobre la forma en que Chile ha dado cumplimiento y está implementando el Convenio 169 en todos sus ámbitos. Entre los avances más importantes, sólo por mencionar algunos, está el reconocimiento de la costumbre indígena; las normas y programas vigentes sobre salud y educación intercultural; y, particularmente, las múltiples consultas que está llevando a cabo esta administración para hacer realidad esta “piedra angular” del Convenio 169 que es la obligación de consulta.
Entre los años 2009 y 2010 ya se han realizado cerca de 20 procesos de consulta. Sólo durante el año 2010 se iniciaron siete a lo largo de todo el país sobre diversas temáticas, destacando la realizada por el Ministerio de Educación a los pueblos Mapuche, Aymara, Quechua y Rapa Nui respecto al contenido y metodología de enseñanza de los programas de estudio de lengua indígena para segundo año básico.
Todas y cada una de estas consultas se han realizado aplicando lo establecido en el propio Convenio 169 y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 124 de 2009, del Ministerio de Planificación, que regula los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas establecidas en el Convenio 169. Este decreto se dictó como un instrumento que regulara en forma transitoria la consulta, a la espera de una reglamentación definitiva cuyo contenido debe consultarse a los pueblos indígenas. Esta ‘consulta de la consulta’ está planificada para iniciarse próximamente.
Como se puede apreciar, el Gobierno del Presidente Piñera está implementando en forma decidida la consulta y aprovechando cada proceso para extraer lecciones sobre cómo desarrollarlas en una forma más apropiada y culturalmente pertinente.
Pero el Gobierno no sólo está avanzando en materia de consultas. De hecho las consultas indígenas se enmarcan en el compromiso más amplio de esta administración de seguir instalando procesos efectivos de participación en todos los niveles. Un ejemplo de ello es la instauración en septiembre pasado de la Mesa de Diálogo para un Reencuentro Histórico con el Pueblo Mapuche, a partir de la cual se ha generado un profundo proceso de diálogo que ha llegado hasta las comunas y organizaciones indígenas de base. Hasta la fecha se han realizado 23 mesas de diálogo a nivel nacional, regional, provincial y comunal, todas las cuales han contado con una amplia participación indígena y han registrado importantes avances en términos de reconstrucción de confianzas y establecimiento de espacios positivos de discusión.
La consulta a los pueblos indígenas ya es una realidad. Sin duda existe mucho por aprender e innumerables oportunidades para perfeccionar los mecanismos de consulta a través de un proceso de mejoramiento continuo. Lo fundamental es que el Gobierno de Chile acoge y valora el Convenio como un instrumento que debe servir de base para promover el diálogo, cooperación y paz entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad chilena, y la implementación de la consulta es una prueba de ello.
