El Manual y Diccionario de Ciencia Política dice que la participación es el conjunto de actos y de actitudes dirigidos a influir, de manera más o menos directa y más o menos legal, sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político. En ese sentido, se puede identificar el principal componente de la participación como la incidencia en la toma de decisiones.
Los sucesos ocurridos en la región de Magallanes durante la semana pasada, no sólo hacen referencia a la definición antes planteada sino que, además, nos dejan algunas lecciones que deberíamos considerar respecto de los efectos de una movilización y ejercicio de la ciudadanía activa. Ello se manifiesta en participación política no tradicional, así como también en cómo se ejerce el poder en la esfera gubernamental.
En primer lugar, el Presidente debe entender que administrar un país no es lo mismo que administrar una empresa; en esta última, son necesarias las decisiones de carácter técnico, donde no sólo la lógica de la eficiencia en el uso de los recursos, sino que también el lucro son los pilares fundamentales de su accionar. En la administración del Estado, en cambio, existen ciertas decisiones que, por muy eficientes que sean, generan importantes costos políticos, ya que se ponen en juego sensibilidades, confianzas y, lo más significativo dentro de la política mediática, la credibilidad de las autoridades. Claramente esas condiciones no operan en las empresas. Si el dueño de la producción desea tomar alguna medida (que no afecte lo legalmente establecido para los trabajadores, por cierto) y los trabajadores no están de acuerdo, los caminos son claros: la renuncia o el despido. En el caso del Estado, no se puede ni despedir a sus ciudadanos ni éstos renunciar a su condición de iguales, políticamente hablando, por cuanto la relación es mucho más compleja, lo que conlleva tener que desarrollar una visión de carácter política que permita solucionar el conflicto (en definitiva, es en la arena política donde se solucionan institucionalmente los conflictos).
En segundo lugar, es evidente que una decisión altamente impopular, como es la transferencia a los usuarios del gasto de un servicio como el gas, que en la región de Magallanes no sólo es básico sino también de primera necesidad, generaría reacciones diversas que se manifestarían de distintas formas. No se puede esperar que la ciudadanía se abstenga de actuar frente a decisiones que le afectan en forma directa y que implican un efecto económico en la calidad de vida de los habitantes de la región. Menos pretender que la ciudadanía pasiva de la última década se siga manifestando única y exclusivamente a través del voto. La movilización de la comunidad se transforma en un mecanismo legítimo a la hora de expresar las demandas; la movilización de una comunidad entera es una realidad a la cual se debe considerar para los futuros pasos. Más aun cuando quedan tres años de gobierno con medidas o “reformas” pendientes, que pueden ser tan o más impopulares que la anterior.
Tercero, la sociedad civil de la región de Magallanes -entendida ésta como la esfera autónoma del Estado, el mercado y la familia- ha dado muestras importantes de participación y ciudadanía. Lejos del discurso de la violencia y de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que da muestras de no comprender la existencia de la sociedad civil organizada y de la paranoia frente a la participación ciudadana que ha mostrado el gobierno, los ciudadanos ejercen su legítimo derecho a existir y manifestarse. No es una ciudadanía institucional que espera el llamado de las autoridades para expresarse por medio del voto (ya veremos las consecuencias de ello), sino que es una ciudadanía identitaria (regional en este caso) que se presenta activa y demandante, que reclama su derecho a formar parte de la toma de decisiones y que exige a las autoridades la posición que les corresponde. La sociedad civil nacional debe aprender de nuestros compatriotas magallánicos; mientras algunos gremios ven pasar las medidas adoptadas y consensuadas entre el gobierno y la oposición, la sociedad civil magallánica se organiza y se manifiesta dando una clara muestra del poder y la incidencia que puede alcanzar si es capaz de manifestar sus demandas en forma clara y cohesionada frente a la autoridad de turno. Este último punto es el más sensible e importante de todo el proceso, ya que mientras el gobierno trata de traspasar el logro a una de sus estrellas técnicas, generando una suerte de mesías mediático, los verdaderos constructores del diálogo son los miembros de la sociedad civil organizada.
Finalmente, en este nuevo escenario, el gobierno deberá, de aquí en más, tener especial cuidado con las medidas que impulsará y que puedan generan efectos políticos similares. La movilización de la región de Magallanes es una muestra de la existencia de la sociedad civil, que aún cuando muchas veces pareciera dormida, despierta de tanto en tanto, en la medida que es pasada a llevar. No entender la realidad positiva de una participación política en esa lógica es pensar y creer que aún vivimos en dictadura, legal y civil, pero dictadura al fin y al cabo.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
