La notificación del nuevo ministro de la decisión del gobierno de gastar (no invertir) otros mil 600 millones de dólares en el transporte público de Santiago, es inentendible cuando semanas antes se ofende a una región entera negándole un derecho que no cuesta más de 22 millones de dólares.
Las nuevas políticas de transporte diseñadas para Santiago buscan mejorar sustancialmente la calidad del Transporte Público de Pasajeros. Son objetivos de estas políticas mejorar la calidad de los servicios, la seguridad y confort de los usuarios logrando estándares acordes al grado de crecimiento que ha alcanzado nuestro país.
Es necesario, sin embargo, distinguir entre crecimiento económico y desarrollo. El verdadero desarrollo es aquel que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los habitantes, en condiciones de vida dignas, en beneficios concretos para la comunidad, y entre ellos, uno de los más importantes es el acceso a un sistema de transporte público eficiente, cómodo, moderno y a tarifas accesibles al público.
Pero también son objetivos primordiales de estas políticas orientadoras del transporte público, contribuir decisivamente a la descontaminación y descongestión de las ciudades. Este es un problema que no solo afecta a Santiago sino que ya empieza a ser crítico en la inmensa mayoría de las ciudades y comunas de Chile.
[cita] Los actuales subsidios a regiones son insignificantes en comparación a los ya casi 7 mil millones de dólares que empieza a sumar el dinero de todos los chilenos que se ha destinado sólo al Transantiago.[/cita]
La solución, como en todos los países desarrollados del mundo, pasa por privilegiar y promover el transporte mayor de pasajeros (buses) que permite que un solo vehículo, con un solo motor y en un espacio de calzada no mayor al de dos autos, pueda transportar un promedio de 35 personas, lo mismo que transportarían 20 automóviles privados o particulares.
Establecer buenos y modernos sistemas de transporte público de pasajeros es lo que han hecho todos los países modernos. Esto mismo es lo que se ha intentado hacer en Chile con el Proyecto Transantiago, un proyecto de modernización del transporte urbano de pasajeros en la ciudad más grande y poblada de Chile. Sin embargo, los gruesos errores cometidos en el diseño y en la implementación, y la contumacia tecnocrática, han significado que no se estén cumpliendo los objetivos. Por el contrario, la situación empeora y los gastos aumentan. El funcionamiento irregular del sistema ha hecho que en lugar de disminuir la congestión vehicular ésta haya aumentado puesto que muchos usuarios insatisfechos por la mala calidad del servicio se ven obligados a seguir usando sus vehículos particulares, aún más que antes.
Pero esto no significa que no sea necesario modernizar el transporte. Las nuevas autoridades tienen el desafío de reformular el proyecto hasta lograr los objetivos teóricos originales: dotar a la ciudad de Santiago de un moderno sistema coordinado de transporte mayor que permita desplazarse por toda la ciudad con seguridad y comodidad y a un precio razonable en relación a los sueldos de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
En el proyecto Transantiago el Estado de Chile había invertido hacia mediados de 2010 ya cerca de 6 mil millones de dólares, cantidad similar a las utilidades que deja al país Codelco en tres años.
Solo el año 2010, según cifras entregadas públicamente por el Ministro de Transportes y TT de la época, se habían gastado, no invertido, sino gastado, 670 millones de dólares, sin considerar el pago mensual que asumió el Estado para solucionar el crédito del BID por 250 millones de dólares.
Se agrega a estos millonarios gastos 50 millones de dólares anuales por concepto de pago a concesionarios de las obras de infraestructura.
Otros 60 millones de dólares anuales por costos de la Oficina de Coordinación del Transantiago que opera en el Ministerio de Transportes.
A todos estos recursos se suman otros 120 millones de dólares en inversiones del Estado sin concesionarios.
Y ahora, el nuevo Ministro del ramo, a sólo un mes de asumir el cargo, nos comunica a todos los chilenos, que otros 790 mil millones de pesos, unos mil 640 millones de dólares, de destinarán a un “nuevo programa de infraestructura” para el Transantiago.
Y por si todo esto fuera poco, reordenar el Transantiago, obliga al propio Ministro a dedicarse la mayoría de las horas del día a ser el superintendente de este proyecto. Es decir, Chile no tiene Ministro de Transportes, porque lo que hay, en realidad es un “Ministro del Transantiago”.
¿Y qué pasa en regiones, cuántos son los recursos destinados a las ciudades y comunas del “resto de Chile”?
Entregar un buen servicio de Transporte público de pasajeros es una actividad riesgosa y de altos costos financieros y operacionales, no sólo por los abultados precios de los combustibles, insumos y repuestos, sino también por el acelerado desgaste de los buses y la vertiginosa depreciación de los vehículos.
Se suma a estos altos costos el hecho de que los transportistas privados son los que asumen el transporte de más del 95 por ciento de los escolares, y la mitad de ellos -todos los estudiantes de enseñanza básica, exentos de tarifa-, se trasladan gratuitamente en el transporte público.
En estas condiciones se hace prácticamente imposible mejorar la calidad del servicio. Todos los que hacen transporte urbano o rural, son pequeños empresarios o microempresarios que no cuentan con el apoyo necesario como para poder proyectar las empresas en el tiempo y acceder a la necesaria renovación de buses.
Felizmente, ya hay absoluto acuerdo en el país, respecto de que el transporte remunerado de pasajeros es insustituible para el desarrollo de las diversas actividades que la economía y la sociedad demandan, como educación, trabajo, salud, entretención.
Modernas políticas de transporte público de pasajeros se han comenzado a insinuar desde la implementación del Transantiago, políticas que están en plena armonía con las garantías y principios básicos que informan el Orden Jurídico y que la Constitución Política de la República, señala en forma categórica. Así, nuestra Constitución establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales y económicas que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la propia constitución establece.
Al logro de tales fines contribuimos todos los chilenos, los de Vallenar y de Santiago, los de Santiago y los de Punta Arenas.
Por eso la notificación del nuevo Ministro de la decisión del Gobierno de gastar (no invertir) otros mil 600 millones de dólares en el transporte público de Santiago, es inentendible cuando semanas antes se ofende a una región entera negándole un derecho que no cuesta más de 22 millones de dólares.
La verdad es que el excesivo centralismo ya pasa a ser una humillación para las regiones. Es tanta la indiferencia que la Intendenta del Bío Bío, según lo que escuché de su propia voz, se jactaba de que en Santiago –entiéndase Gobierno central- no tienen idea de lo que pasa en regiones.
Hay que decir también que la tarea parlamentaria a favor del progreso y desarrollo de las regiones ha sido escasa, demasiado escasa. Razones de ello se encuentran también en la centralización de la política y la imposición de los parlamentarios desde las sedes de los partidos, ubicadas también en Santiago.
Conversar con un diputado o senador en regiones es casi imposible, pues los escasos días que “visitan” el distrito o la circunscripción, es para preparar la próxima campaña. Temas como el que planteo suelen no estar en la agenda de los honorables.
Pareciera que la decisión del gobierno central, después de tantas encuestas, es apostar todo a Santiago donde se puede ganar o perder una senaduría y hasta la presidencia de la República.
Para mejorar el transporte público de pasajeros en regiones, se requiere, como mínimo, que se destine la misma cantidad de recursos que se inyectan al Transantiago y al metro.
El transporte público en regiones también requiere de subsidios de verdad, que no se entraben en la burocracia y que efectivamente lleguen a los empresarios para mejorar la calidad de los servicios y que los usuarios no sigan pagando tarifas que en promedio más que duplican el valor del pasaje en Santiago.
Se deben fijar políticas nacionales de transporte de pasajeros, con financiamiento para todo el país, para todas las regiones, provincias y comunas, y no como ahora que sólo se legisla y destinan recursos para Santiago. Los actuales subsidios a regiones son insignificantes en comparación a los ya casi 7 mil millones de dólares que empieza a sumar el dinero de todos los chilenos que se ha destinado sólo al Transantiago.
Mejorar este servicio que es una necesidad básica de la población es lo que se debe hacer si de verdad se quiere avanzar hacia el desarrollo.
Todos los chilenos, los de Punta Arenas, los de Vallenar y los de Santiago también, tenemos el mismo derecho a acceder a un servicio de transporte de calidad, con seguridad, eficiencia y comodidad.
En muchas provincias se requieren con urgencia programas de mejoramiento de la infraestructura pública, principalmente porque el avance y el crecimiento de las comunas y ciudades está generando el fenómeno de conurbación. Lentamente las ciudades se van juntando por el avance de la urbanización. Los servicios, al igual que en santiago, requieren de nuevos y seguros paraderos segmentados, con iluminación, que salgan de la berma garantizando la seguridad y comodidad de los pasajeros.
También se requiere subsidios para la incorporación de tecnología que permita acceder a un servicio moderno, haciendo la actividad más segura y rentable.
Las nuevas autoridades aseguraron a poco de asumir, que las regiones no serán abandonadas ni postergadas.
Después de lo de Punta Arenas, después de los retrasos inexcusables en la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto de hace un año, y ahora con los anuncios de nuevos y millonarios recursos para el transantiago, no sólo se trata de una promesa más incumplida, sino que las regiones de Chile, que no son la metropolitana, más que postergadas, empiezan a ser abandonadas.
