¿Dónde están las consideraciones ambientales y la voz de las comunidades cuando el gobierno central –unilateralmente y en complicidad con los grandes empresarios- decide tener una matriz energética cada vez más “carbonizada”?
En las últimas elecciones presidenciales, muchos pensaron que ante el descontento generalizado provocado por la Concertación, lo que Chile necesitaba era un “buen gerente” que supiera gobernar el país. Después de todo, la empresa CHILE era “económicamente saludable”, producto de un sinfín de reformas que se habían implementado en décadas de gobiernos neoliberales para favorecer la inversión privada, asegurando suculentas ganancias a todo chileno o extranjero que quisiera invertir su fortuna en nuestro país. De hecho, se entregó el país al “nuevo gerente” con el diseño de una nueva institucionalidad ambiental, más “moderna” y “efectiva”, como se nos quiso hacer creer. Tan “efectiva” era la mentada institucionalidad, que permitió que se aprobara el proyecto de la termoeléctrica Barrancones. Y fue tan evidente el desvarío de dicha decisión -pues afectaba directamente al Santuario de la Naturaleza de Punta de Choros-, que el propio Gerente General del país, perdón Presidente, se echó al bolsillo la decisión y la institucionalidad vigente, y revirtió la polémica resolución.
Cabe destacar, que en dicha oportunidad, la nueva institucionalidad aún no estaba en plena vigencia y, por ende, pudieron votar los consejeros regionales. Si bien en la actualidad muchos reclamamos porque éstos hasta ahora no han sido elegidos en forma directa por la ciudadanía, al menos en forma indirecta sí representan a los ciudadanos, quienes eligen directamente a los concejales en el nivel local, los cuales a su vez eligen a los consejeros regionales. La votación de éstos en el caso Barrancones pudo dejar así en evidencia que existía oposición al proyecto, ya que cuatro de ellos votaron en contra del mismo. Y por cierto que la ciudadanía se oponía al proyecto, pues de otro modo nuestro Gerente no habría revertido dicha decisión, recordando que -en realidad- su gerencia se debía directamente al pueblo que lo eligió.
[cita]¿Dónde están las consideraciones ambientales y la voz de las comunidades cuando el gobierno central –unilateralmente y en complicidad con los grandes empresarios- decide tener una matriz energética cada vez más “carbonizada”?[/cita]
El caso de Isla Riesco actualmente corre otra suerte. En esta oportunidad la nueva institucionalidad ya está vigente en términos de quiénes aprueban ambientalmente los proyectos. Ahora quedan fuera los únicos representantes de la ciudadanía, los consejeros regionales, y la decisión es tomada por los representantes del gobierno central en las regiones, vale decir, el o la Intendente (representante directo/a del Presidente en la región) y los SEREMIS (representantes regionales de los ministros del nivel central). Ello explica que el proyecto en cuestión haya sido aprobado por unanimidad, a pesar de la abierta oposición de la ciudadanía del lugar, la cual se ha manifestado a través de distintas organizaciones. Y razones para ello sobran, pues se trata de una isla con valiosos ecosistemas, riquísimos en flora y fauna, con muchas especies protegidas, tanto en la superficie terrestre como en el mar que la circunda.
Lo peor del caso, es que este proyecto sólo corresponde a la primera etapa de un megaproyecto que tiene previsto la explotación de cinco yacimientos carboníferos en la isla, siendo la aprobación de la primera etapa, un terrorífico precedente para la aprobación de los proyectos restantes. Cabe señalar, que el proyecto del puerto asociado a la explotación carbonífera ya había sido aprobado previamente, pieza fundamental que viabiliza el traslado del carbón a las termoeléctricas situadas al norte del país, y que constituyen la razón de ser de esta mega-iniciativa. Demás está decir que la evaluación ambiental por proyecto de este tipo de mega-emprendimientos es en sí impropia, pues no considera los efectos acumulativos y sinérgicos de los proyectos, para lo cual existen formas mucho más eficaces de evaluación, como lo es la Evaluación Ambiental Estratégica.
En todo esto, llaman la atención los dichos de las autoridades, que pareciera que realmente no supieran de qué están hablando. Poco antes de la aprobación del proyecto en cuestión, el biministro de Energía y Minería decía: “No podemos oponernos a todo, hay que compatibilizar el sustento del medio ambiente con el desarrollo de las comunidades”. Quisiera preguntarle al ministro de qué sustento medio ambiental está hablando y a qué comunidades se refiere. Si le importa el medio ambiente… ¿por qué no solicita, por ejemplo, que se revise el estudio de impacto ambiental que consideró una velocidad del viento por lo menos tres veces menor a la real para determinar la dispersión de las partículas de carbón? Si le importa la comunidad…. ¿por qué dice que “en Magallanes tendrán que ver la manera de entrenarse y capacitarse para cumplir con la necesidad (de mano de obra) que se genere en la zona”? Si el proyecto es de interés del Gobierno Central… ¿por qué éste no se preocupa integralmente del tema, en lugar de sólo llevar contaminación y destrucción del medio ambiente a la población local, con negativas consecuencias para la actividad ganadera que sustenta hoy económicamente a la isla o la actividad turística de enorme potencial para el mañana? ¿Qué entiende el gobierno por “desarrollo sustentable”? ¿Un “desarrollo” que privilegia el crecimiento económico por sobre toda consideración ambiental y social? ¿Un “desarrollo” económico para enriquecernos hoy sin considerar el mañana? O peor aún ¿Crecimiento económico hoy para unos pocos hoy?
¿Dónde están las consideraciones ambientales y la voz de las comunidades cuando el gobierno central –unilateralmente y en complicidad con los grandes empresarios- decide tener una matriz energética cada vez más “carbonizada”? No nos enredemos en palabras, señor ministro, porque la credibilidad que usted tiene, así la va a perder.
