En Chile había información histórica sobre la ocurrencia, en el pasado, de tsunamis con grandes olas, pero no había registros científicos que permitieran comprender su comportamiento ni menos predecirlo. Así, todos, víctimas y autoridades estaban enfrentando un fenómeno para el cual no estaban preparados y que ni siquiera comprendían del todo.
Revuelo causó la declaración de la ex – Presidenta Bachelet en un reciente programa político de televisión en el cual señaló que las autoridades gubernamentales presentes en la Onemi el día 27 de febrero del año 2010, “no entendieron la gravedad de la situación y tuvieron reacciones inesperadas, lo que finalmente se tradujo en inacción y omisión culposa en el ejercicio de sus funciones y en las equívocas decisiones que se tomaron el 27F en la Onemi”.
Para cualquier persona que vio el video filmado ese día no hay novedad alguna en esas declaraciones. Se podía apreciar un cuadro de anomía: las caras de los presentes mostraban un surtido de sorpresa, abulia, temor, perplejidad y esfuerzos por pasar desapercibidos. No había nadie al mando: no entraban informaciones ni salían órdenes.
¿Qué estaba pasando? Esas autoridades estaban viviendo los efectos de la sorpresa, de la parálisis que produce el que la realidad resulte por completo diferente a lo esperado. De que lo que se previó no sirva, en lo absoluto, para enfrentar la situación real.
Una primera mirada muestra que el elemento crítico fue la total incomunicación entre la Onemi y la ciudadanía. El 22 de septiembre del año 2009, la Directora Nacional de ONEMI, Carmen Fernández, al presentar en sociedad el nuevo Centro Móvil de Operaciones de Emergencia que debería jugar un rol central en el manejo de emergencias, señaló que “la coordinación no tiene sentido sin la comunicación y este Centro Móvil nos permitirá convocar rápidamente a los organismos que operan en una emergencia, como Carabineros, Bomberos, Salud, entre otros”. Al igual que los teléfonos satelitales adquiridos y nunca distribuidos, este sistema tampoco funcionó.
[cita]Otro elemento que ayuda a comprender la parálisis es que el conocimiento respecto a los terremotos y maremotos dista mucho de ser completo. En realidad son fenómenos respecto a los cuales la incertidumbre y la especulación es la norma más que la excepción.[/cita]
Es que la crisis que se esperaba era una catástrofe limitada, incremental y de desarrollo lento y la que ocurrió fue una de magnitud descomunal, integral e instantánea.
El Ministro de Defensa, Francisco Vidal, a través de los medios de comunicación social difundió una primera versión que señaló que la falta de reacción gubernamental se debió a que “no hubo aviso por parte de la Armada” lo que no es efectivo ya que el único organismo legalmente autorizado para alertar directamente a la ciudadanía es la Onemi que, como se señaló, se encontraba completamente incomunicada y no difundió ninguna alerta de tsunami durante toda la hora en que ella estuvo vigente.
Con el gobierno paralogizado por la incomunicación con sus órganos de acción, la situación se agravó por la inmovilidad de las FF.AA. determinada por el dictamen 42.822 de la Contraloría que explícitamente les prohibía intervenir en cualquier situación civil sin una orden previa del gobierno. Pasaron muchas horas antes que nadie hiciera nada y la situación de descoordinación general se agravó. Las declaraciones posteriores de la autoridad parecen señalar que inconscientemente esperaban que las FFAA hicieran “algo”.
Otro elemento que ayuda a comprender la parálisis es que el conocimiento respecto a los terremotos y maremotos dista mucho de ser completo. En realidad son fenómenos respecto a los cuales la incertidumbre y la especulación es la norma más que la excepción. Ante una situación de esa naturaleza, la información que se pueda entregar no puede ser, en Chile ni en ninguna parte, exacta. En realidad, esta ciencia es aún menos exacta y confiable que la meteorología. ¿Alguien tomaría una decisión que afecte a la vida o muerte de muchas personas, solo sobre la base de un pronóstico meteorológico?, probablemente no; la persona a cargo de esa decisión consideraría otros factores más allá de la opinión de los expertos y consideraría los posibles efectos de que lloviera en vez de estar nublado y actuaría en consecuencia. Esto es lo que hace que la alerta de tsunami a la ciudadanía sea una función de gobierno, ya que los elementos técnicos son relevantes, pero no son los únicos.
En este aspecto, siempre existe una diferencia de perspectiva entre el organismo técnico que aprecia el fenómeno y el organismo político que atiende y vela por la seguridad y bienestar de la población. En efecto, para el primero la emisión de una alerta de tsunami crea de inmediato un inmenso problema social y logístico materializado por muchos miles de personas precariamente instaladas en cerros y lugares despoblados, sin recursos de ninguna especie, personas a las que debe apoyar y proteger. Así, su tendencia es tratar de abreviar esta situación tanto como sea posible; el organismo técnico por su parte, prefiere mantener la alerta tanto como pueda, hasta estar seguro que no habrá tsunami. El 27 F esta tensión se vio reflejada en los insistentes llamados hechos desde la Onemi, incluso por parte de la Presidenta, para tratar de extraer una respuesta precisa del Shoa en el sentido de que el peligro había pasado o seguía presente, respuesta que si bien debía basarse en antecedentes científicos, por su naturaleza era de suyo interpretativa. Por otra parte, dado que la experiencia previa de todos los involucrados había sido que en los temblores y terremotos anteriores no había habido tsunami y que el mantener a la población en las duras condiciones descritas había sido innecesario, la tendencia general a levantar la alerta era fuerte.
Las primeras olas pasaron y se produjo un breve remanso que llevó a considerar que el fenómeno entraba en fase decreciente, lo que sumado a la experiencia señalada, reforzó la tendencia general a dar por superada la fase crítica del tsunami. Las inmensas olas posteriores demostraron que estaban en un error.
Un último elemento en este incompleto recuento es que en el 27 F, el epicentro no se situaba en un punto único sino en un área de ruptura que se extendía en un “frente” de 500 kilómetros de largo, en el cual ocurrieron casi simultáneamente un número grande de sismos. Cada uno de ellos generó “trenes de olas” de tamaño proporcional a la intensidad de cada uno de ellos y a otras características geofísicas, grupos de olas que viajaron a distintas velocidades, estrellándose contra la costa o entrando en bahías en que las rebotaron en su interior anulándose entre ellas o potenciándose en forma exponencial y re direccionándose en forma inesperada.
En Chile había información histórica sobre la ocurrencia, en el pasado, de tsunamis con grandes olas, pero no había registros científicos que permitieran comprender su comportamiento ni menos predecirlo. Así, todos, víctimas y autoridades estaban enfrentando un fenómeno para el cual no estaban preparados y que ni siquiera comprendían del todo.
En este ir y venir de olas, con retardos significativos y magnitudes inesperadas, en medio de una comunicación deficiente entre el organismo técnico y el de control político; y de incomunicación total entre la Onemi y la ciudadanía, aunque no sean aceptables hacen entendibles la sorpresa y parálisis.
El estudio de los efectos de la sorpresa señala que ella se produce principalmente por planificación deficiente y poco realista; por falta de información completa y oportuna durante la crisis; por procesos de toma de decisiones lentos y complejos; por fallas de comunicación y por falta de ejercicios de verificación de los planes.
La comparación de lo sucedido entre el 27 F y el 11M nos muestra que:
1.- Los daños materiales que causan los terremotos y maremotos solo pueden ser reducidos mediante normas de construcción y edificación que minimicen sus efectos. No hay como evitarlos.
2.- Lo más relevante es la capacidad de los organismos de gobierno responsables del manejo de las emergencias de decidir y difundir las alarmas de manera tan temprana como sea posible y que ellas lleguen a todas las personas.
3.- La existencia de zonas de seguridad accesibles y conocidas por la población y en las que existan los recursos para que permanezcan en ellas en condiciones seguras y aceptablemente confortable por tiempos que pueden prolongarse por varias horas y para parte de ellas por varios días.
4.- Establecimiento del control de los espacios evacuados para prevenir el pillaje y la comisión de otros delitos.
5.- Ejercicios frecuentes y constantes, realistas y objetivamente evaluados.
