La última semana fue particularmente abundante en cifras que hicieron noticia. Un estudio de la Asociación de Editores Americanos vino a confirmar las intuiciones de muchos: los libros electrónicos facturan al alza y caen las ventas de los libros en el formato de Gutenberg. En números, la venta de ebooks aumentó en un 115%, mientras que los libros encuadernados en rústica acusaron una muy significativa disminución de un 19,7% en su facturación.
En España, y confirmando un dato que se leía hace rato en las caras largas de los editores, supimos que la facturación global de su mercado editorial cayó un 7% durante el 2010. También en la Península se dieron a conocer los resultados de la Segunda Encuesta sobre el Libro Digital, implementada por la Federación de Gremios de Editores de España en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Entre sus principales resultados, el estudio dio cuenta de que tres de cuatro editoriales españolas está realizando acciones de digitalización, de comercialización de obras digitales o de creación de obras exclusivamente en ese formato, y que para el año 2012, un tercio de las editoriales comercializará más de la mitad de las novedades en formato digital.
La industria editorial está cambiando y ahí están las cifras para confirmalo. Pero, ¿qué pasa en Chile? ¿Cuáles son las cifras que están dando cuenta de eventuales cambios en la industria local? No hay cifras. En Chile, la industria del libro existe pero no sabemos qué pasa con ella. No sabemos cuántos libros se importan, cuántos se exportan. No sabemos cuál es el volumen de la industria. Tenemos un dato aproximado sobre la cantidad de libros que se publican (el registro de ISBN), pero no sabemos cómo circulan, qué participación en ese mercado tienen las librerías, cuánto pesan las compras públicas. No sabemos qué participación tienen las editoriales chilenas frente a las filiales de empresas extranjeras. Muchos menos hay datos sobre el mercado de los libros electrónicos o sobre los eventuales planes de digitalización de catálogos.
¿Quién debiera ser el responsable de estudiar el sector? Naturalmente, quienes tienen intereses comerciales, o sea, las asociaciones de empresas vinculadas a la industria del libro local: la Cámara Chilena del Libro y la Asociación de Editores Independientes. Ninguna de ellas tiene estudios serios y regulares sobre el mercado editorial. Pero también es responsabilidad de los organismos del Estado que orientan políticas públicas hacia el sector, y que hasta ahora lo han hecho intuyendo los beneficios que esas políticas podrían tener (pienso en los concursos de adquisiciones del Consejo Nacional del Libro, por ejemplo, o los apoyos de ProChile a la presencia del libro chileno en el exterior). ¿Es posible medir el éxito de una política pública sin manejar cifras sobre su impacto? Es bien difícil.
Cuando hay planes de involucrar y promover a la industria del libro local en el contexto de un programa de promoción de la lectura, uno siente que el apoyo hacia los privados tiene una piedra de tope si no sabemos bien a quién se está beneficiendo, de qué modo y cómo vamos a medir los efectos.
