Durante sus años de gobierno el nivel de sindicalización y la negociación colectiva disminuyeron; los pequeños empresarios se encuentran anclados a préstamos usureros de la banca, incluido el Banco Estado; Santiago aplasta política y económicamente a las regiones; la economía produce y exporta recursos naturales.
Ricardo Lagos ha entregado a la opinión pública un documento sobre los desafíos estratégicos del país invitando al diálogo. Aceptada la invitación.
La mayor parte del texto se dedica a fundamentar que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, algo conocido en la literatura económica, pero olvidado en los últimos años. Agrega, con razón, que la equidad, en particular una adecuada distribución del ingreso, es condición indispensable del desarrollo.
Hace bien el ex Presidente en reiterarlo. En nuestro país políticos, empresarios y economistas, unos por convicción y otros por intereses, priorizan el crecimiento y omiten la distribución.
Sin embargo, Ricardo Lagos hace un malabarismo cuando sus reflexiones aterrizan en Chile. Utilizando la experiencia de los países ricos, sostiene que la preocupación por la distribución del ingreso importa principalmente a partir de los US$ 20 mil per-cápita, nivel en que la felicidad tiene una correlación directa con la cohesión social. Con ello salva a los gobiernos de la Concertación y justifica su opción por el crecimiento y no por la distribución en los últimos 20 años.
[cita]Durante sus años de gobierno el nivel de sindicalización y la negociación colectiva disminuyeron; los pequeños empresarios se encuentran anclados a préstamos usureros de la banca, incluido el Banco Estado; Santiago aplasta política y económicamente a las regiones; la economía produce y exporta recursos naturales[/cita]
De allí concluye que ahora es el momento de la distribución. “En esta nueva etapa”, con el actual ingreso per-cápita de casi US$ 15 mil “gracias al crecimiento de los últimos 20 años” “un pacto fiscal resulta indispensable para mejorar la distribución del ingreso”. Así, mediante un pase de magia, elude el pasado y la responsabilidad de la Concertación frente a la equidad, y entrega al presente el desafío de la distribución.
Discrepo. Si el desarrollo no es sólo crecimiento, la tarea de la política pública es apuntar en todo lugar y momento a mejorar la distribución, y no solo a partir de un cierto nivel del ingreso per-cápita. La oposición a Pinochet insistió en ello antes de 1990 y luego lo olvidó al convertirse en gobierno; y el propio programa de gobierno de Lagos agitó el “crecimiento con igualdad”, para luego abdicar de intentarlo.
La despreocupación por la distribución y el énfasis en el crecimiento de los gobiernos de la Concertación ayudo a concentrar la riqueza en pocas manos y a que los grandes empresarios se convirtieran en un poder político de facto.
La economía de mercado, con un Estado frágil, escasas regulaciones, un sistema impositivo regresivo, una política económica conservadora, y sin contrapeso sindical ni de pequeños empresarios, ha entregado a los grupos económicos una influencia dominante en las decisiones nacionales. No es casual que ENADE y el CEP se hayan convertido en la interlocución económica privilegiada de los presidentes del país.
Comparto la idea de Lagos de aumentar la tributación a las empresas para mejorar la distribución. Pero como no hay autocrítica en su texto hay que recordar que los gobiernos de la Concertación no tuvieron voluntad de aumentar los impuestos a las grandes empresas, aunque no dudaron en incrementar el IVA desde 15% al 19%, impuesto regresivo que afecta a los pobres y capas medias. Adicionalmente, el ministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre, hizo una modificación tributaria que significó reducción de la carga para los ingresos más elevados; y el denominado royalty al cobre, sin allegar mayores recursos al Estado, le ha dejado rehén frente a una reforma tributaria a futuro.
Para favorecer la equidad no basta con la tributación. Existen temas de política pública insoslayables que son fundamento para una sociedad más justa: mejorar la posición negociadora de los trabajadores, apoyo a los pequeños empresarios, políticas para las regiones más desfavorecidas, regulación del sistema financiero, transformación efectiva de la estructura productiva, cuidado del medio ambiente, protección a los consumidores, sistema de pensiones solidario, educación y salud públicas.
Ni en lo tributario ni en estos temas la Concertación desplegó una política que apuntara a una mejor distribución.
Durante sus años de gobierno el nivel de sindicalización y la negociación colectiva disminuyeron; los pequeños empresarios se encuentran anclados a préstamos usureros de la banca, incluido el Banco Estado; Santiago aplasta política y económicamente a las regiones; la economía produce y exporta recursos naturales, el medio ambiente está subordinado al lobby de los grandes empresarios; los consumidores son agredidos por las tarjetas de crédito; los sistemas regulatorios son débiles; y las políticas sociales se focalizan en la miseria y dejan en la vulnerabilidad a los sectores medios.
En ese escenario el vigoroso crecimiento de los últimos 20 años no ha contribuido a la equidad.
El documento llama a una “revolución en la educación”, “no obstante lo mucho que se ha avanzado”. Una revolución no es continuidad sino transformación. Ello significa terminar con el lucro, colocar en el centro a la educación pública, revalorizar las universidades tradicionales, exigir decencia a las universidades privadas y restituir la enseñanza técnica.
La calidad de la educación, el término a la discriminación y las oportunidades para todos se resuelven en escuelas donde conviven ricos y pobres. Ello no es posible cuando la educación es un negocio, que enriquece a dueños de los colegios y universidades privadas mientras empobrece los contenidos de la enseñanza y suprime el pensamiento diverso. A su turno, las universidades tradicionales, cercadas por una política fiscal restrictiva, se ven obligadas a financiarse con elevados aranceles, compitiendo con las privadas en su agresión al presupuesto de las familias modestas. Mientras no se termine con el lucro no habrá avances en la educación.
En los países exitosos la educación se planifica desde el Estado para no multiplicar profesionales sin oportunidades de trabajo y también para contar con efectivas carreras técnicas que abran espacios de integración continua a la juventud. Ni lo uno ni lo otro existe en Chile. Sin planificación educativa los sectores más modestos no tienen más alternativa que optar por precios a estudios superiores que son de baja calidad, y terminar posteriormente en el desempleo, luego de años de estudios y gigantescas deudas acumuladas.
Frente a la protesta estudiantil por el lucro y la mala calidad de la educación, el gobierno Bachelet en vez de adoptar una decisión estratégica acogiendo esas demandas, formó una comisión con conspicuos personeros del fundamentalismo religioso, agentes del mercado y tibios defensores de lo público, que terminaron por disolver todo empuje de cambio.
La nueva Ley General de Educación dejó las mismas escuelas públicas de tuición municipal frágil, y la misma persistencia del subsidio a la demanda que favorece a empresas que lucran con la educación.
Existen varios otros temas en el discurso del ex Presidente Lagos, que alargan la reflexión. Ideas que se comparten como la sociedad de garantías y obligaciones, que evidencia el error de la Concertación de haber continuado con la política social de la focalización propia del Estado subsidiario; y su compromiso actual con las energías renovables no convencionales. Su renuncia a las termoeléctricas de carbón y a la energía nuclear, a partir de su trabajo actual en Naciones Unidas, indica un cambio fructífero.
También hay ausencias notorias como el tema de la transparencia y la corrupción. Un proyecto estratégico hoy no puede eludir los vasos comunicantes entre la política y los negocios, asunto vital en un país que incentivó, especialmente durante su mandato, el concepto de asociación público privada para su crecimiento, sin explicitar de manera clara los límites éticos y legales de esa unión.
Es preciso recuperar la confianza de la ciudadanía al respecto y, dada las características de velocidad y complejidad técnica de los escenarios políticos modernos, denunciar sin contemplaciones a quienes utilizan la política para enriquecerse. Ello es de la mayor relevancia política pues la democracia moderna tiene componentes delegatorios que obligan a un escrutinio público permanente del poder y las autoridades, que será aún más intenso en el futuro.
La ciudadanía se ha decepcionado y alejado de la política no solo porque ellos no cumplen sus promesas sino también por la escasa transparencia de sus acciones, y por los vínculos casi obscenos que se han establecido entre poder político y poder económico.
