No deja de resultar un contrasentido que la mayoría de los cientistas políticos y constitucionalistas de renombre de la plaza, cual predicadores, hayan alertado acerca de la regresión histórica que supone el voto voluntario que, si bien se entiende como una fórmula posible para enfrentar la apatía política, es casi seguro que sumará, a la desigualdad económica, la desigualdad política.
La lentitud de las reformas políticas resulta contraproducente para un gobierno que, ad portas del 21 de Mayo, desea mostrar logros. A la fecha, lo más concreto es la aprobación y próximo debate en el Senado de la reforma constitucional que establece la inscripción automática y el voto voluntario. De la reciente columna de Claudio Fuentes titulada “Votando contra las creencias”, publicada en este diario, se desprende que los parlamentarios concertacionistas terminaron haciendo de tripas, corazón.
Para la historia queda saber en que momento el debate se transformó en encerrona, vinculando de manera indisoluble la inscripción automática y voto voluntario y excluyendo, de paso, otras combinaciones posibles. Lo cierto es que se eludió el fondo del asunto: la reforma del sistema binominal. Sin afán de ser deterministas, mientras persista dicha fórmula, escaso o nulo sentido tiene para la mayoría de las personas el acto de votar.
[cita]Parece evidente que si hay un campo donde la pereza y un cierto nihilismo han triunfado, es en el de las reformas políticas. Por ahora, se ha impuesto la idea de la importancia de la libertad del voto, entendido como derecho. Sin embargo, es una libertad engañosa. Lo cierto es que, cuando dejamos de votar, otros terminan tomando las decisiones por nosotros.[/cita]
No deja de resultar un contrasentido que la mayoría de los cientistas políticos y constitucionalistas de renombre de la plaza, cual predicadores, hayan alertado acerca de la regresión histórica que supone el voto voluntario que, si bien se entiende como una fórmula posible para enfrentar la apatía política, es casi seguro que sumará, a la desigualdad económica, la desigualdad política. Es como si Tony Judt pensara en Chile mientras escribía Algo va mal, su libro póstumo, al afirmar que “los pobres votan en mucha menor proporción que los demás sectores sociales, así que penalizarlos entraña pocos riesgos políticos”. Cabe preguntarse si no estaremos remando contra la corriente porque, a la ceguera frente a la evidencia empírica exhibida para demostrar el sesgo socioeconómico del sufragio, se suma el desconocimiento de que instituciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha definido su marco estratégico en la línea de relacionar la pobreza y los derechos humanos. De esta forma, señala que “la situación de pobreza va más allá de la privación material en términos de un concepto apropiado de ingreso o consumo, comprendiendo también bajos logros en educación y salud así como su vulnerabilidad, exposición al riesgo, falta de equidad, de capacidad para expresar sus necesidades y carencia de poder para influenciar las decisiones que afectan su bienestar”.
A pesar de la fatalidad que rodea la anterior reforma, es de elogiar que la oposición en el Congreso haya plantado cara a la idea introducir requisitos para que los chilenos que viven en el exterior puedan ejercer su derecho a voto, consagrado constitucionalmente. Ni alguien llegado de Marte entendería la propuesta de vínculo que promueve el gobierno, máxime en un país que se ufana de la cantidad de acuerdos comerciales que ha firmado, promoviendo la liberación arancelaria y la política de cielos abiertos. Ya solamente faltaría que una idea tan peregrina se extendiera a los compatriotas que viven en el exterior y que se ven impactados por catástrofes, como es el caso de Japón, ocurrido recientemente. ¿Es que también se les exigirá algún tipo de “vínculo” para prestarles auxilio en una situación extrema?
Mientras tanto, se siguen acumulando otro tipo de reformas, algunas de las cuales no se aparecen ni por asomo en la próxima agenda del gobierno. Sin embargo, la oposición debiera impulsarlas. Las primarias, destacadas como una forma de abrir los partidos y reconectarse con la ciudadanía, han comenzado a ser relativizadas por dirigentes de ambos sectores políticos. Por otro lado, algún freno debería ponérsele al transfuguismo. Desde 2006 a la fecha, 5 senadores y 14 diputados han emigrado, en su mayoría, a otras toldas políticas. El caso Van Rysselbergue supuso una oportunidad perdida para esgrimir la necesidad de que más autoridades dependan del voto popular. La limitación a los mandatos parece ser un anhelo ciudadano por lo que se desprende de la reciente encuesta Ipsos, en la que un 59,4% de los encuestados señalan que los legisladores debieran desempeñarse como máximo dos periodos Y es que la eternización en los cargos contradice la realidad que vive el chileno de a pie, que suele permanecer un promedio de cinco años en su trabajo. El sistema de reemplazos existente, tanto para parlamentarios como alcaldes, debe revisarse con urgencia. Nuestro sistema no tolera otro numerito como el que estamos viendo en La Florida. Por otra parte, no se entienden las razones para la existencia, al día de hoy, de una ley que limita el derecho de los dirigentes sociales y sindicales a postular al Parlamento mientras se admite la duplicación cuando se es presidente de partido.
Para guinda de la torta, ha desaparecido del debate el bajo porcentaje de mujeres en cargos de representación política. Al día de hoy asistimos a 14,1% de diputadas; 10,81% de senadoras, 12,46% de alcaldesas y 22,97 % de concejalas. Si bien los que nos gobiernan parecen resistir la idea de cuotas, tampoco se entusiasman con ofrecer alternativas para enfrentar este déficit democrático. El liderazgo conceptual que Chile logró proyectar en la región gracias a la paridad ministerial del periodo Bachelet está hoy debilitado. En otros países de la región como Costa Rica y Nicaragua se han impulsado instancias llamadas unidades técnicas de igualdad y equidad de género. Su creación obedece a la necesidad de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en las decisiones internas y proyectos de ley que se aprueben en su Congreso, así como en su propio quehacer interno. La igualdad entre hombres y mujeres es un ámbito con el que la Concertación debe ajustar cuentas, no solamente porque no apoyó la promesa de ley de cuotas de la ex Presidenta Bachelet sino por un asunto normativo, si que es mantiene su adhesión a la igualdad social.
Parece evidente que si hay un campo donde la pereza y un cierto nihilismo han triunfado, es en el de las reformas políticas. Por ahora, se ha impuesto la idea de la importancia de la libertad del voto, entendido como derecho. Sin embargo, es una libertad engañosa. Lo cierto es que, cuando dejamos de votar, otros terminan tomando las decisiones por nosotros.
