Las instituciones en Chile están lejos de ser vigilantes y activas en el logro del bienestar común, que es finalmente, su razón de ser; y segundo, que la exhortación proviene últimamente de programas de denuncia o noticieros ensayando estrategias de rating.
El recientemente nombrado arzobispo de Concepción pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica, luego de que uno de los demandantes en el caso lo mencionara en una entrevista como uno de los tantos religiosos que rehusó investigar denuncias hechas a él. La ministra del Trabajo, unos días después, mostró horrorizada a la prensa pruebas del trabajo sin descanso del chofer que perdió control de su bus en Itata. Treinta y cinco días de trabajo continuo. Esto se suma a varias semanas de consternación y asombro por casos revelados en prime time TV, que han mostrado a niños maltratados en jardines infantiles que debieron ser supervisados, o a trabajadores encerrados con candado otra vez, en el mismo negocio y ciudad devastada por el terremoto de Febrero de 2010.
Estos ejemplos nos sugieren dos cosas: primero, que las instituciones en Chile están lejos de ser vigilantes y activas en el logro del bienestar común, que es finalmente, su razón de ser; y segundo, que la exhortación proviene últimamente de programas de denuncia o noticieros ensayando estrategias de rating. Respecto de lo primero, efectivamente la Iglesia Católica, cuyos esfuerzos están dirigidos a otorgar sentido a los vacíos espirituales de las personas y proveer un cimiento divino a la solidaridad humana, prefirió evitar las habladurías y hacer oído sordo a su meta institucional. El mercado laboral, otra de nuestras instituciones, celebrada por la clase política por su creciente calificación, producción e impacto en el crecimiento de Chile, evidencia a la par de esta cara moderna, figuras jurídicas y personajes que recuerdan las novelas de Charles Dickens (no solo los trabajadores encerrados, sino los que pagan para hacer su trabajo en los supermercados, las que tienen régimen de protección laboral menor, etc). Por otro lado, la red estatal de protección y cuidado infantil está lejos de dar abasto a la demanda, mucho menos de fiscalizar lo existente.
[cita] Las instituciones en Chile están lejos de ser vigilantes y activas en el logro del bienestar común, que es finalmente, su razón de ser; y segundo, que la exhortación proviene últimamente de programas de denuncia o noticieros ensayando estrategias de rating.[/cita]
Esto es así, y no solamente en el último mes. Entonces, el horror, el escándalo, o la congoja del arzobispo, de la ministra, de la JUNJI, tienen un dejo de cinismo de quien ha sido sorprendido con la mano en la caja de galletas. Nuestras instituciones, políticas y normativas, persiguen en su conjunto el bien común, cada una desde la particularidad de su escenario. La falla de una afecta al conjunto. Y aquí no estamos sólo ante el abandono de las metas institucionales, sino de la apatía de aquellos designados con la venia ciudadana a perseguir estas metas y que, sospecho, no habrían hecho público su horror de no haber sido por el programa denuncia o caza noticia que los expuso al escrutinio del país (y lo que es peor, en un déjà vu colectivo, el caso del encierro de trabajadores en el mismo supermercado ya había sido condenado por los medios un año antes).
Ante este estado de las cosas, me parece que debiéramos plantearnos varias preguntas, empezando por ¿a qué fenómenos responde el letargo de las instituciones en nuestro país? (abrupta modernización, sobre-exigencia institucional, ¿otras?); respecto a la intervención del (¿control?) de los medios de comunicación masivos, ¿qué lugar juegan y cuál es el que están llamados a jugar? (cómo la rigurosidad los constituye en un cuarto poder); y por último, pero no menos importante ¿qué significa para los ciudadanos y qué efectos se visualizan para el funcionamiento democrático y el logro del bien común, la fiscalización que realizan los medios de objetivos superiores? Ello porque el asombro ante lo atroz ingresa al debate vía prime time, lo que sólo devela la ineficacia institucional que inevitablemente contribuye a aumentar la desconfianza ciudadana, y con ella a la mayor vulnerabilidad al riesgo y fragmentación social.
La formalización del funcionamiento institucional, en lo que sí ha avanzado el país, es solo el primer paso hacia su preciso ejercicio. También, quienes están llamados a velar por sus objetivos deben perseguirlos con la convicción del bien común, porque cada falla afecta el tejido social en su conjunto. Y, considerando la debilidad humana, es necesaria además una fiscalización independiente de ‘lo que venda’ en horario prime.
El horror post facto solo demuestra que hay distintas maneras en que las instituciones no funcionan.
