El paralelo que sirve de título a esta opinión, no parece tan descabellado. Varios puntos pueden visualizarse como cercanos entre ambos procesos; el Transantiago generó un alto costo político al gobierno de Michelle Bachelet y qué duda cabe que HidroAysén también lo tuvo y lo tiene.
El gobierno conscientemente ha tomado la decisión de impulsar, a como dé lugar, y aún contra la opinión de una gran mayoría de chilenos, la aprobación del proyecto HidroAysén. No obstante, lejos de lo que deben haber sido los cálculos políticos de La Moneda, el proceso dista mucho de aquietarse y embalsar las aguas del conflicto ciudadano que ha surgido.
El paralelo que sirve de título a esta opinión, no parece tan descabellado. Varios puntos pueden visualizarse como cercanos entre ambos procesos; el Transantiago generó un alto costo político al gobierno de Michelle Bachelet y qué duda cabe que HidroAysén también lo tuvo y lo tiene.
El Transantiago estuvo en la palestra pública causando daños a la imagen del gobierno durante mucho tiempo, incluso hasta hoy. HidroAysén promete comportarse de manera similar.
[cita]El paralelo que sirve de título a esta opinión, no parece tan descabellado. Varios puntos pueden visualizarse como cercanos entre ambos procesos; el Transantiago generó un alto costo político al gobierno de Michelle Bachelet y qué duda cabe que HidroAysén también lo tuvo y lo tiene.[/cita]
Su prolongación en el tiempo no sólo está asegurada por los procesos que aún faltan para la aprobación final de las represas (a lo menos tres: consejo de ministros, Presidencia y Poder Judicial), con tiempos que se convertirán en una nueva vitrina para las movilizaciones ciudadanas. Fuera de ello, todavía falta la aprobación de las torres de transmisión, abono para un conflicto que perfectamente puede marcar, y con toda razón, el quehacer de éste gobierno. Él corre el riesgo de terminar siendo, no el gobierno del postnatal ni de la nueva forma de gobernar, sino el gobierno de HidroAysén.
Otro punto que tiene similitudes es la época en que se produce, prácticamente al inicio del período de gobierno, lo cual no es casualidad. Existe la esperanza del touch and go¸ cada vez más improbable, pero esperanza al fin.
También es cierto que Transantiago e HidroAysén tienen ciertas diferencias. Aquel fue un proceso que se mantuvo más distante de la figura de la Presidenta, y se hizo un esfuerzo por radicar el conflicto en los ministerios respectivos. En cambio, en HidroAysén, el Presidente – probablemente por su personalidad– ha decidido enfrentarlo personalmente, con lo cual ha radicado directamente en su persona la defensa del proyecto, con todo lo que implica el impacto negativo.
Esta crisis debiera permitir superar el lobby de las empresas eléctricas y generar el ambiente político para avanzar en cambios sustanciales al régimen legal de la generación, distribución y venta de la energía eléctrica en Chile, en el cual existen serias falencias no difíciles de superar.
En primer lugar, una mayor competencia. Uno de los atractivos del negocio en Chile, es que se trata de un mercado oligopólico, con regulaciones que facilitan colusiones tácitas y precios por sobre niveles razonables de utilidades. Ello es derechamente malo, pues en este tipo de mercados no hay mejor controlador de los abusos que la competencia. Tal situación es la que explica en gran medida el alto costo que tiene la energía en Chile.
Lo dicho se critica como una afirmación gratuita, sosteniendo que en gran medida se trata de precios regulados, y que existen órganos públicos que fijan de acuerdo a modelos predeterminados el precio de la energía.
Independientemente de la eficiencia técnica de dichas comisiones, y la transparencia de su gestión, ninguna simulación supera la eficiencia de la competencia para arribar a precios justos, a partir de los cuales la autoridad puede corregir conscientemente cuando sea necesario mediante incentivos o subsidios. Es perfectamente factible imaginar que un determinado hogar o empresa, según se trata de clientes regulados o libres, pudiera elegir entre dos o más oferentes para obtener mejores precios, en algo similar a lo que ocurre hoy con la telefonía fija.
En segundo lugar, es necesario producir apertura y apoyo al mercado de la generación. Básicamente a que se generen los instrumentos jurídicos y de incentivo económico para que las personas puedan producir su propia energía (por ejemplo solar en sus hogares). Ello debiera tener dos apoyos potentes: primero exenciones tributarias fuertes (exención del IVA y rebaja del impuesto a la renta por las inversiones asociadas a ello) y segundo la obligatoriedad de que el sistema compre los excedentes de energía que las personas o empresas produzcan.
[cita]El gobierno corre el riesgo de terminar siendo, no el gobierno del postnatal ni de la nueva forma de gobernar, sino el gobierno de HidroAysén.[/cita]
Si es tan grave la crisis de energía como ha dicho el Presidente, que insinuó incluso un apagón en los próximos años. Nada tiene de irracional establecer esa clase de incentivos que, –oh dolor de cabeza para las empresas– ya existe y opera en Europa y revierte la simple intención de estas de vendernos la mayor cantidad de energía posible. Si la empresa, además, está obligada a comprar los excedentes al consumidor-generador, la propensión al ahorro y a los precios justos sería mayor.
Otro punto relevante es que el Estado provea las redes para que pequeñas producciones privadas de energía (ejemplo, centrales de pasada) puedan inyectar su energía al sistema, otorgándoles también incentivos tributarios, combinado con la obligación de comprarles dicha energía. Situación que en cierto modo ya existe en la ley, pero como formulación teórica y sin ningún efecto práctico.
Finalmente otro punto relevante es el ahorro de energía. El discurso oficial es que estamos ad portas de una crisis energética, y que HidroAysén viene siendo como el mesías de la energía. Si ello es cierto, ¿qué pasó entonces con Chispita? Como se recordará Chispita era quién años atrás nos llamaba a ahorrar energía eléctrica. ¿Por qué, si estamos en una crisis tan inminente, no se llama a ahorrar y bajar los consumos? Lo más probable es que se deba a que el paradigma del negocio es más consumo, sin el cual, no existe ni negocio ni inversiones.
Perfectamente entendible y atendible en la medida que estuviéramos hablando de inversiones limpias. Pero resulta que no se ahorra, y por ende, tácitamente se incentiva un mayor consumo, (no se considera el ahorro una inversión) a costa de aprobar más generación de cualquier naturaleza, incluso con centrales térmicas a carbón, reinas de la contaminación, o hidroeléctricas que destrozan los recursos naturales.
Todo esto no parece preocupar al Gobierno, quien no muestra intenciones de mejorar el sistema.
