Evidentemente un Proyecto de vida en Común puede ser un compromiso atendible en razón de la amplia oposición que una política genuinamente liberal aún enfrenta en nuestra clase política conservadora que viste los colores de la izquierda y la derecha. Pero no deja de ser eso, un compromiso.
Si observa a una pareja demostrando su amor con un beso cariñoso, usted se alegraría –a menos, claro, que sea un amargado-. Después de todo, es una manifestación de amor, un sentimiento que la gran mayoría de nosotros considera positivo. Y si los individuos son del mismo sexo ¿sigue alegrándose? ¿Y qué le parecería si un buen amigo o amiga, o su hijo o hija, le cuenta rebosante de felicidad que finalmente ha encontrado al amor de su vida y que éste es del mismo sexo? ¿Se alegra por su amigo/a o hijo/a? ¿Se alegra “a pesar de”? ¿Le parece lamentable? Al contestar a estas preguntas sea honesto consigo mismo.
Lo que manifiesta con su parecer expresa sobre todo, aunque no exclusivamente, el valor que usted le otorga a los vínculos homosexuales. De un modo esquemático déjeme distinguir tres puntos de vista. Esta distinción resulta esclarecedora para entender las diversas posiciones en el debate actual.
Una primera posibilidad es considerarlas dañinas. ¿Dañinas para quién? Las respuestas usuales es que lo son para los mismos individuos, o para los que las presencian o saben de su existencia, o para la sociedad. Respuestas más avezadas indican que lo son para la especie. ¿Dañinas en qué sentido? Las respuestas usuales, si es que las hay y no es sólo homofobia irreflexiva, recurren a alguna concepción de la naturaleza humana y de los modos propios de florecimiento humano. Estas concepciones suelen –aunque no siempre– estar embebidas en visiones teológicas –en ocasiones secularizadas en forma de prejuicios. A algún Dios no le agrada el sexo y las relaciones homosexuales. Éstas son contra natura, y así destruyen la salud de los individuos y de las sociedades. Son un mal o incluso un pecado.
[cita]En nuestro medio abundan opiniones similares. Citando a Carlos Larraín, timonel del partido del Presidente: “¿Por qué tenemos que apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar a los grupos que proponen relaciones anómalas con niños”. Como la de White, su opinión se debe basar en la presunción de que las relaciones homosexuales, como otros crímenes sexuales, son dañinas e inmorales.[/cita]
Si usted comparte esta valoración, entonces estará de acuerdo en que las relaciones homosexuales no deben tener ninguna conexión con instituciones y bienes sociales apreciados e importantes, como lo son el matrimonio, la familia o la paternidad. Usted no está sólo. Lo acompañan jueces de la notoriedad de Byron White, quien en 1986 redactó el tristemente famoso fallo de la Corte Suprema estadounidense que estableció que el derecho constitucional federal de privacidad no prohíbe a un Estado la criminalización de la sodomía (Bower v. Hardwick). En su redacción de la sentencia White opinó que “no ha sido demostrada ninguna conexión entre familia, matrimonio o procreación, por una parte, y actividad homosexual, por la otra”. En otras palabras, sexo y relaciones homosexuales no tienen nada que ver con familia o matrimonio. A diferencia, por cierto, del sexo heterosexual, que presumiblemente sí tiene mucho que ver con las instituciones señaladas. Según White, si la corte aceptase el argumento acerca de la legitimidad constitucional de tener sexo homosexual consentido dentro de cuatro paredes, entonces sería difícil procesar por “adulterio, incesto y otros crímenes sexuales”. Evidentemente la falta de conexión entre actividad homosexual y matrimonio, y la dificultad lógica manifestada para distinguir sexo homosexual de otros crímenes sexuales, sólo es válida si se asume que el sexo y relaciones homosexuales son al menos tan inmorales, dañinos, incorrectos o pecaminosos como el incesto y otros crímenes sexuales.
En nuestro medio abundan opiniones similares. Citando a Carlos Larraín, timonel del partido del Presidente: “¿Por qué tenemos que apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar a los grupos que proponen relaciones anómalas con niños”. Como la de White, su opinión –de la que desistió después de recibir múltiples críticas– se debe basar en la presunción de que las relaciones homosexuales, como otros crímenes sexuales, son dañinas e inmorales. Cierto, Larraín afirmó que los homosexuales “pueden conducir su vida personal con completa autonomía”. Por lo que, a diferencia de White, probablemente no consideraría que la sodomía consentida entre mayores no tenga protección constitucional. Los vapores liberales han penetrado incluso al interior de los bunkers conservadores. El punto es que como para White, para Larraín, así como para José Antonio Kast y el resto de los políticos conservadores, las relaciones homosexuales tienen un valor tan negativo que no debiesen tener acceso a instituciones sociales preciadas e importantes como el matrimonio y la familia. (Si alguno de sus hijos le contase a alguno de ellos rebosante de felicidad que finalmente ha encontrado al amor de su vida y que éste es del mismo sexo, probablemente no se alegrarían, sino que lo encontrarían lamentable). De hecho, el Senador Larraín no cree “que las políticas públicas de un país tengan que ser en función de opciones sexuales diversas”. Pero nuestra legislación si responde, y de un modo positivo dándole acceso a bienes sociales importantes, a una preferencia sexual: la heterosexual. Si se les puede negar a otras preferencias sexuales un acceso similar, es porque se considera que carecen de un valor similar.
En el mejor de los casos –posiblemente como respuesta a la presión social– habría que legislar acerca de las relaciones patrimoniales en las parejas homosexuales de hecho, pero de ningún modo otorgarles un estatus social apreciado.
La segunda posibilidad es considerar que, si bien el sexo y las relaciones homosexuales no son buenos, al menos no son dañinos. Preferencias homosexuales son anormales y no son por tanto deseables. Es la condición desafortunada de algunos individuos –probablemente por nacimiento. Pero no es dañina ni para el individuo ni para la sociedad. Por lo tanto, los individuos con esta condición no deben ser penalizados, tal como no lo deben ser otros individuos con condiciones anormales pero no dañinas.
Si sostiene una posición como la señalada con respecto al valor de las relaciones homosexuales, usted puede estar de acuerdo con políticas antidiscriminatorias en razón de la preferencia sexual, y sin embargo negar el mismo estatus a las relaciones homosexuales y heterosexuales, reservando el acceso bienes sociales importantes como el matrimonio, la familia y la paternidad, exclusivamente a éstas últimas. En la jurisdicción estadounidense encontramos posiciones similares. En el famoso caso que le otorgo a la comunidad Amish en Wisconsin (Wisconsin v/s Yoder) la excepción para retirar a sus niños de la escuela antes de lo que estipula la ley de educación compulsoria, el juez Blackmun opinó que “un modo de vida que es extraño, incluso errático, pero que no interfiere con los derechos o intereses de otros, no debe ser condenada porque es diferente”. El mandamiento es aquí tolerar, pero tolerar de un modo positivo, es decir con medidas que no sólo no obstruyan el modo de vida, sino que también lo faciliten
A diferencia de la primera posibilidad, aquí usted puede sostener que las relaciones homosexuales si tienen un valor positivo, como el amor entre las partes, que debe ser protegido y reconocido mediante un estatus social especial. Pero ya que estas relaciones son anormales, erráticas, etc., el estatus otorgado no puede ser el mismo que el que se otorga a las relaciones heterosexuales. Un Proyecto de Vida en Común, como el propuesto por el Senador Chadwick y el ahora Ministro de Defensa Allamand, que regula aspectos patrimoniales pero también reconoce positivamente el valor de estas relaciones, es la consecuencia lógica. (Si alguno de sus hijos le contase a alguno de ellos rebosante de felicidad que finalmente ha encontrado al amor de su vida y que es del mismo sexo, probablemente no lo encontrarían lamentable, sino que se alegrarían por él o ella “a pesar de”).
La tercera posibilidad es reconocer que las relaciones homosexuales son igualmente valiosas que las heterosexuales –lo que evidentemente no implica que usted no pueda preferir un tipo sobre el otro. Los dos tipos de sexo son igualmente normales (o igualmente extraños –como el Senador Larraín sabe, hay una “tremenda variedad” de “relaciones sexuales”, pero esta variedad se da también en las relaciones heterosexuales). Si las dos relaciones son igualmente valiosas (o igualmente poco valiosas, cuando se produce la subyugación o daño de una de las partes) entonces la consecuencia lógica es exigir igualdad de derechos, como lo ha hecho, entre otros, el Senador Fulvio Rossi. Matrimonio tanto para homosexuales como heterosexuales. Si usted tiene esta posición acerca del valor de las relaciones homosexuales, entonces se alegraría si su hijo le cuenta que ha encontrado al amor de su vida, independientemente del sexo que tenga. (Evidentemente usted tendría muchos motivos de preocupación atendiendo al hecho de que su hijo y su pareja probablemente habrán de desarrollar su vida en una sociedad todavía profundamente homofóbica como la chilena).
En el debate actual podemos notar claramente estas tres posiciones. El ejecutivo recula de la segunda a la primera y borra con el codo los compromisos adquiridos en la campaña. Los defensores de los derechos homosexuales, o de los derechos ciudadanos como habría que denominarlos con más exactitud, proponen la tercera posición y en ocasiones están dispuestos a aceptar la segunda, pero ciertamente no la primera. Evidentemente un Proyecto de vida en Común puede ser un compromiso atendible en razón de la amplia oposición que una política genuinamente liberal aún enfrenta en nuestra clase política conservadora que viste los colores de la izquierda y la derecha. Pero no deja de ser eso, un compromiso. Lo deseable sería una sociedad que ofrece igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos para poder acceder a bienes sociales importantes, como el matrimonio, la familia y la paternidad, independiente de sus orientaciones sexuales.
