La mitad de una economía social de mercado son los consumidores, y si la autoridad de dedica a horadar la fortaleza colectiva de los ciudadanos, y a crear una ecología de exterminio de sus organizaciones, la desigualdad y la voracidad de los más grandes terminan engullendo hasta los mínimos derechos de los ciudadanos.
¿Es Chile un país de abusos? La respuesta no es ideológica sino empírica, y en este caso tiene que ver con lo que se hace o no se hace por parte de la autoridad pública para fortalecer las asociaciones de consumidores. Ellas son la expresión más legítima del interés ciudadano en el mercado, interés que sin ellas resulta microscópico e irrealizable cuando es lesionado, si se somete a una visión individual y contractualista.
De ahí que la presentación del proyecto del SERNAC financiero por parte del gobierno, fue valorado positivamente, aunque desde un principio hemos considerado que adolece de debilidades y resulta en muchos aspectos insuficiente. Entre tales aspectos, aparte de que algunos funcionarios sean ministros de fe, y de la obligatoriedad de entregar la información al SERNAC, la implementación del sello SERNAC para los contratos, tampoco resuelve los problemas de fondo de los consumidores con el sistema financiero. Entre ellos, los altos intereses, la asimetría de información, cláusulas abusivas, las enormes comisiones y la debilidad de la Superintendencia de Instituciones Bancarias y Financiares SIBF de fiscalizar y aplicar sus atribuciones a favor de los consumidores.
Sin embargo, las asociaciones de consumidores valoramos favorablemente la actitud del Director del SERNAC de enfrentar a la asociación de bancos y a las empresas del retail para introducir un mayor equilibrio en ese mercado, terminar las cláusulas abusivas en los contratos, y perseverar en su política de apertura y dialogo con las ADC.
[cita]¿Dos almas en pugna al interior del gobierno? ¿Una más conciente de los derechos de la gente y otra a la cual no le interesa ni la gente ni sus organizaciones?[/cita]
Tal clima ha permitido el ingreso de buenas iniciativas de modificación a la ley del consumidor de Senadores de gobierno. Entre ellas darle rango constitucional a los derechos de los consumidores, agilizar el procedimiento por acciones colectivas y difusas, simplificando el trámite de admisibilidad de la demanda, y fortalecer la conciliación, haciéndola obligatoria, son parte de ese desarrollo.
En la discusión general del proyecto de ley el Senador Novoa recordó que el año 2004, al modificarse la ley incorporando este procedimiento colectivo, existió el temor de que se generara una “industria de demandas colectivas” por lo que se adoptaron medidas tendientes a precaver ese efecto, como el examen de admisibilidad. Hoy ha hecho la precisión de que “si los hechos han demostrado que más bien con ello se entraba el procedimiento, corresponde modificarlo”.
El día 7 de marzo discordantemente con este clima positivo, el gobierno ingresa indicaciones a la iniciativa de los parlamentarios oficialistas contradiciendo el espíritu del proyecto, al tratar de aumentar los requisitos para presentar juicios colectivos, y establece como procedimiento supletorio el procedimiento ordinario y no el sumario.
Lo anterior va completamente en contra del objetivo del proyecto que es que los juicios sean más cortos. La ley actual exige la autorización de la asamblea de las asociaciones de consumidores para una acción colectiva, la indicación agrega que se debe acreditar que 50 consumidores o más han sido afectados, y que estos deben acompañar en la demanda los antecedentes que acrediten la relación de consumo.
En la discusión particular los senadores de gobierno y oposición rechazaron esta indicación del gobierno, cuyo objetivo es agilizar y fortalecer el procedimiento de demanda colectiva, y entregar mayores atribuciones al SERNAC en la resolución de conflictos, y no inmovilizar a las organizaciones ciudadanas.
Una de las herramientas más importantes logradas en la modificación de la ley el 2004, fue la incorporación del procedimiento de demandas colectivas, utilizada con mucha responsabilidad por las asociaciones de consumidores durante estos años, lo que devolvió cierta simetría a los consumidores en el mercado.
El uso de este instrumento, contrariamente a los vaticinios fatalistas de quienes se opusieron, nadie construyó una industria del reclamo, y el país ha seguido experimentando un enorme crecimiento de los mercados, ahora con un poquito más de protección de los consumidores.
Esa es la razón por la cual no se entiende el propósito de retrotraer la situación a épocas pretéritas, incluso contra la opinión de sus propios parlamentarios por parte del gobierno.
Pero la actitud contraria del gobierno a las Asociaciones de Consumidores, también tocó el pequeño fondo concursable destinado a ellas para que desarrollen proyectos y estudios rebajándolo en más de un 18% para el presente año. Además del recorte, a cinco meses de ejecución presupuestaria del gobierno, y luego de evaluaciones muy subjetivas y discutibles, aún no se entregan fondos a las asociaciones de consumidores que ganaron los proyectos.
¿Dos almas en pugna al interior del gobierno? ¿Una más conciente de los derechos de la gente y otra a la cual no le interesa ni la gente ni sus organizaciones?
No deseamos ser drásticos ni pecar de desconfianza, pero la mitad de una economía social de mercado son los consumidores, y si la autoridad de dedica a horadar la fortaleza colectiva de los ciudadanos, y a crear una ecología de exterminio de sus organizaciones, la desigualdad y la voracidad de los más grandes terminan engullendo hasta los mínimos derechos de los ciudadanos.
Para que ello no ocurra, en este específico caso, el Presidente de la República tiene la palabra.
