El caso pone al desnudo serias insuficiencias de funcionamiento del conjunto del sistema regulatorio y de supervisión para prevenir la ocurrencia de una crisis individual de un actor del mercado de servicios financieros. El fracaso pone en duda su capacidad de reacción ante una crisis mayor.
Inesperadamente, el caso de La Polar pone de relieve las debilidades del actual sistema regulatorio. Tales debilidades han sido advertidas desde hace tiempo, pero la relativa calma de la que han gozado los mercados financieros domésticos, a pesar de la profundidad de la crisis del Atlántico Norte, han restado fuerza a las iniciativas de reforma.
Un reciente ejemplo de la abulia predominante es la tibia acogida de Hacienda a las propuestas de la comisión Desormeaux, que el propio ministerio convocara. En efecto, sólo recoge la recomendación de constituir consejos directivos en las SBIF y la SVS y la de conformar un consejo de estabilidad financiera que se ocupe del riesgo sistémico, formalizando el actual comité de mercado de capitales.
Fue precisamente dicho comité, presidido por Hacienda y conformado por los superintendentes de pensiones, bancos y valores y seguros, más un representante del Banco Central, el que se reunió por varias horas el viernes pasado para dimensionar las consecuencias del desplome de la acción de La Polar y de sus causas.
Aunque se podría convenir que se trata de una situación relativamente menor, pues aquí no se está ante una corrida bancaria, no se prevé el compromiso de recursos públicos para resolverla y la firma causante no es un intermediario bancario, sino que opera en los contornos pero no en el corazón del sistema financiero, la preocupación de autoridades y analistas se justifica plenamente. En efecto, comparado con la banca, su volumen de casi US$ 1.400 millones en créditos de consumo posicionaría a La Polar en un cuarto lugar en ese segmento, con un tamaño similar al BBVA, de modo que su relevancia para el mercado no es desdeñable. La cartera de créditos de La Polar representa el 70% de su activo total y genera el 60% de su margen operacional, de modo que su real giro se asimila al de un prestamista antes que a un comercio detallista.
[cita]La cartera de créditos de La Polar representa el 70% de su activo total y genera el 60% de su margen operacional, de modo que su real giro se asimila al de un prestamista antes que a un comercio detallista.[/cita]
El directorio de la compañía reconoció la existencia de prácticas abusivas aplicadas en renegociaciones de deuda de sus clientes de tarjeta de crédito, a consecuencia de las cuales existirían ingresos contables sin sustento real del orden de US$ 400 millones que han distorsionado en forma significativa los estados financieros. La magnitud de estas pérdidas es enorme: son superiores al 50% del patrimonio de la firma, equivalen a casi 7 veces la utilidad del ejercicio 2010 y son similares a la suma de todas las utilidades de los últimos 6 años.
¿Cómo es posible que, existiendo una pléyade de actores públicos y privados de la más alta calificación y provistos de facultades suficientes observando a esta empresa, no se haya evitado tamaño engaño?
Las AFP han reaccionado anunciando acciones legales para buscar responsables, pero su 24% de la propiedad les permitió mantener 2 miembros en un directorio que, pareciera, no empleó el cuidado y diligencia requeridos por su alta función. Aunque ese directorio señale que el engaño se debe a un problema de agencia aguas abajo y ha despedido un gerente, convengamos que es el órgano superior a cargo de la administración, que funciona colectivamente y que sus miembros son solidariamente responsables.
Otros inversionistas institucionales tampoco han estado a la altura. El episodio sorprende a fondos mutuos y de inversión con acciones de La Polar en las carteras que administran por cuenta de sus clientes y a corredores de bolsa que las recomendaban en la víspera. Los bancos, que saben de créditos con tarjeta, no pueden sentirse orgullosos de haber prestado contra un flujo contable y artificioso.
En el caso de auditores externos y clasificadoras de riesgo, que cumplen un cierto rol auxiliar en la disciplina del mercado, los primeros validaron el último balance que contenía representaciones incorrectas significativas y los segundos asignaron notas “A-” y “A” al bono colocado por la firma a fines de 2010 y estimaban que las acciones de La Polar gozaban de una muy buena combinación de solvencia y estabilidad de la rentabilidad.
Un elefante se paseaba por el mercado y ningún interesado parece haberlo advertido o querido advertirlo.
Las agencias públicas, cuyos mandatos les imponen la función de prevenir, monitorear y eventualmente sancionar la conducta de los actores del mercado, fallaron gravemente en este caso. La alerta no provino de la diligente acción de alguno de sus funcionarios, sino de una denuncia de accionistas minoritarios.
De esta forma, el caso pone al desnudo serias insuficiencias de funcionamiento del conjunto del sistema regulatorio y de supervisión para prevenir la ocurrencia de una crisis individual de un actor del mercado de servicios financieros. El fracaso pone en duda su capacidad de reacción ante una crisis mayor.
Aquí confluyen las responsabilidades de todas las agencias públicas que regulan y supervisan los mercados financieros. Por una parte, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos cumplen un rol en el ámbito de los sistemas de pagos minoristas, en particular las tarjetas de crédito, actividad en la que se incubaron las prácticas reprochables que dan origen al problema, sin que exista evidencia de acciones preventivas al respecto. Aunque el sistema de pagos con tarjetas ha sido objeto de diversas regulaciones en los mercados desarrollados, incluso en los EE.UU., cuna del dinero plástico, muy poco o nada se ha avanzado en Chile al respecto.
La intervención del SERNAC ante los abusos ha sido tardía, aunque existían denuncias de antigua data, y tiene un incómodo aroma a oportunismo mediático. La Superintendencia de Pensiones, a pesar de que los trabajadores afiliados al sistema de AFP han perdido del orden de US$ 130 millones, está totalmente ausente. El argumento de la diversificación que esgrimió el respectivo Ministerio es absurdo, pues ella reduce los riesgos de cartera, no conductas eventualmente fraudulentas. Por su parte, la SVS se ve nuevamente sorprendida por un episodio crítico, como ocurriera antes con Inverlink, sin mostrar capacidad para anticipar los problemas.
En síntesis, los agentes privados se comportaron irresponsablemente siguiendo el dicho “mientras suene la música, hay que seguir bailando”, y las agencias públicas no cumplieron con “retirar el ponche cuando se anima la fiesta”.
La falla sistémica de la estructura de regulación y supervisión involucra a todos los actores relevantes y resulta imprescindible que se revise cuidadosa e integralmente su funcionamiento, pues no es aceptable el pobre desempeño que ha mostrado en esta oportunidad. El Ministro Larraín parece haber tomado debida nota. Sin embargo, ello no se logrará a través de la simple constitución de consejos. Es necesario abordar con profundidad el análisis de las fortalezas y debilidades del actual esquema, tanto respecto de la dinámica que presentan hoy los mercados financieros y como de su desarrollo futuro. Los países más avanzados están embarcados en esa tarea y Chile, miembro de la OECD, no puede quedarse atrás.
