La educación debe ser una discusión política, porque ahí se forja el futuro de la sociedad. En ella, se ordenan las oportunidades presentes y futuras de las generaciones. Ahí también se distribuye el poder en la sociedad y se asignan los roles en la estructura social. Por eso, una educación pública robusta significa mayor igualdad y mayor democracia.
Las recientes movilizaciones estudiantiles y, sobre todo, la última marcha -que congregó a 100 mil personas según los organizadores- demuestran que el fortalecimiento de la educación pública se ha transformado en el gran tema político de los últimos meses. Y está muy bien que así sea, porque esta demanda es profundamente política, aunque muchos traten de reducirla a un asunto técnico.
La educación debe ser una discusión política, porque ahí se forja el futuro de la sociedad. En ella, se ordenan las oportunidades presentes y futuras de las generaciones. Ahí también se distribuye el poder en la sociedad y se asignan los roles en la estructura social. Por eso, una educación pública robusta significa mayor igualdad y mayor democracia. Por el contrario, una educación pública moribunda expresa el debilitamiento de un derecho y su transformación en un servicio que se transa en el mercado.
Es la educación, por tanto, una de las pocas esferas políticas donde puede florecer la movilización y la discusión ideológica en un país que ha tendido a perpetuar privilegios y evitar el conflicto. Por ello, los más conservadores deslegitiman las demandas de los estudiantes. Les achacan falta de estructura o de argumentos. Pero todos conocemos cuál es el sentido de las marchas, protestas y tomas: la igualdad y justicia social. Los más conservadores quieren tecnificar la discusión para disminuir la fuerza transformadora de los estudiantes y profesores, porque si la educación pública cambia, el país entero cambia.
[cita]La educación debe ser una discusión política, porque ahí se forja el futuro de la sociedad. En ella, se ordenan las oportunidades presentes y futuras de las generaciones. Ahí también se distribuye el poder en la sociedad y se asignan los roles en la estructura social. Por eso, una educación pública robusta significa mayor igualdad y mayor democracia.[/cita]
La ideología ha caracterizado las políticas educacionales desde los ochenta, pero hoy los conservadores reniegan de ella. ¿Acaso la liberalización del mercado universitario y la consagración de la libertad de enseñanza no son señales ideológicas? Es neoliberalismo puro, que más que una teoría económica, es una manera de construir la sociedad. Bajo esa mirada, se ha exacerbado la competencia y se ha intentado aniquilar la educación pública. El mayor resultado de esta operación ha sido generar uno de los sistemas educacionales más segregados del mundo, donde las reales oportunidades para acceder al conocimiento se concentran en el 10% de la población.
La evidencia internacional indica que inyectar competencia al sistema educacional y privatizar su funcionamiento solo acrecienta los niveles de desigualdad. Por ejemplo, en el 2004 se implementó en Chicago el programa Renaissance 2000, que implicó el cierre de 70 escuelas públicas y la apertura de 100 privadas. El plan fue presentado en el Commercial Club de Chicago. Es decir, los empresarios entraban de lleno en el negocio escolar, argumentando que el Estado era incapaz de manejar las escuelas y entregar calidad. A más de 5 años de esta iniciativa, las consecuencias han sido devastadoras para las comunidades afroamericana y latina de Chicago, los grupos con mayores desventajas históricas de la sociedad estadounidense. Ellos han debido abandonar la ciudad para buscar colegios públicos gratuitos para sus hijos, aumentando así las brecha sociales en todos los ámbitos: acceso al trabajo, a la salud y, obviamente, a la educación.
Para la investigadora estadounidense Pauline Lipman, este proyecto expresa claramente la intersección entre la política económica y la política educacional en Chicago, porque los grupos de poder pretenden convertir a esta ciudad en un centro económico global. Para eso, necesitan intervenir la ciudad (sacando a los afroamericanos y latinos) y abrir opciones de negocios para inversionistas (universidades, escuelas y proyectos inmobiliarios, entre otros). Renaissance 2000 no es, entonces, solamente un “plan de mejoramiento educacional”, es una estrategia política sostenida en la visión neoliberal que caracteriza a Chicago.
Esa misma perspectiva la introdujeron a Chile quienes hoy gobiernan. El propio ministro de Educación, Joaquín Lavín, es parte de este grupo. Ellos entienden la educación como una plataforma política y un buen negocio, pero lo ocultan tras su discurso supuestamente desideologizado y técnico. Lavín invirtió su dinero en la Universidad del Desarrollo no solo para obtener réditos económicos (aunque sea una sociedad sin fines de lucro), sino también para participar en la construcción simbólica del poder a través de la cultura y el conocimiento.
La educación es un campo de disputa política, que también impacta en el mercado laboral, las relaciones sociales y la vida cotidiana de las personas. Lamentablemente, hasta ahora van ganando quienes creen en los privilegios y en el “chorreo” como estrategia de desarrollo. Pero una gran reforma de fortalecimiento a la educación pública significará reorientar el país hacia un horizonte de mayor justicia e igualdad. Es la batalla que, por suerte, estudiantes y profesores están dando.
