Comparto una columna que me invitaron a escribir para el diario La Tercera y que fue publicada en su edición impresa de hoy con el título «Redes sociales: la ciudadanía dialoga». Creo que es oportunidad muy interesante para abrir un debate serio y fundamentado sobre la relación que existe en Chile entre medios sociales, ciudadanía y política.
Ocho millones de cuentas Facebook y aproximadamente un millón en Twitter nos ubican como uno de los países de América Latina con mayor arraigo de la Web social. Usamos estos medios de expresión para –independiente de nuestra ubicación en la sociedad- participar, entre otras cosas, en la formación de la opinión pública sobre lo que ocurre en Chile. Los medios sociales contribuyen –potencialmente- al fortalecimiento de nuestra democracia: nos permiten a todos participar de una conversación que solía estar limitada a quienes detentan poder.
En el Chile de 2011, que el gobierno tome la decisión de monitorear la conversación ciudadana en estas plataformas es algo sensato. Es su responsabilidad escucharla y hacerlo en todos aquellos espacios en los cuales se manifiesta masivamente. Conocer sus demandas actuales y sus expectativas sobre el futuro, están en la base de las políticas públicas y la conducción exitosa del país. Ignorar las redes sociales y seguir usando encuestas o análisis de prensa, como se ha sugerido en el artificial debate provocado por esta medida, es no entender uno de los principales cambios que está ocurriendo: la desintermediación en la relación de las personas con el poder.
Se terminó la política de masas, en la que los partidos políticos y liderazgos construidos en torno a la disciplina vertical, decidían por millones y rendían cuentas de manera parcial en las urnas con cierta periodicidad, sin que los electores tuviéramos más opción que marcar o no una preferencia en la papeleta. Ahora todos esperamos que el Presidente o un político de oposición nos respondan a la interpelación que le hacemos por Twitter. Buscamos que a cada hora rindan cuenta de sus actos, especialmente de las promesas no cumplidas y de los errores cometidos. Porque a través de las redes, muchos de nosotros dialogamos directamente con el poder (o tenemos la ilusión de hacerlo).
Que el gobierno decida mirar esa conversación es un reconocimiento explícito al valor político de las redes y la opinión ciudadana que en ellas habita. El gobierno ya no podrá hacerse el sordo. Eso es una ganancia absoluta para la calidad de nuestro régimen democrático.
Quienes critican la medida argumentan que su derecho a la privacidad se ve vulnerando, ignorando la naturaleza pública de la mayoría de las acciones que realizamos en estas plataformas y desconociendo que éstas (propiedad de empresas privadas) tienen condiciones de servicio (que aceptamos casi siempre sin leer al abrir una cuenta) que nos restan derechos sobre los contenidos que en ellas publicamos. Cosas que en el mundo presencial nos parecerían ilógicas e incluso peligrosas, las hacemos sin ningún tipo de filtro en las redes.
Erróneamente, se compara Internet con lugares públicos. La comparación debiera ser con espacios privados de acceso y uso público. Buena parte de la infraestructura sobre la que se sustenta y la inmensa mayoría de las aplicaciones y programas que usamos todos los días son privadas, aunque no paguemos por ellas. Dada la legítima preocupación ciudadana sobre lo que el gobierno hará con la información, pudiera ser esta una oportunidad para abrir una debate en Chile sobre cómo salvaguardamos nuestro derecho a usar estos espacios privados para fines públicos. Entre ellos, ser protagonistas de la profundización de nuestra democracia desde nuestro irrenunciable derecho a la libre expresión.
