Menuda discusión se ha generado por la idea de elaborar una nueva Constitución para Chile mediante Asamblea Constituyente. Así lo exigen ciudadanos en las calles, movimientos sociales, parlamentarios y diversos dirigentes políticos. Pero el clamor no apunta sólo a reformar la Carta Fundamental; pasa por elaborar una completamente nueva, que dé cuenta de los derechos y deberes que los chilenos anhelamos estén plasmados en nuestro principal código rector.
Para quienes no lo saben: el texto que hoy nos rige fue elaborado a fines de los 70 por la llamada Comisión Ortúzar, siendo sus principios esenciales el mercado y la iniciativa privada individual como motor de la vida social del país. En corto: neoliberalismo duro y puro.
Fue aprobada el 11 de septiembre de 1980, en un irregular proceso plebiscitario; sin registros electorales, con campaña a favor del Sí en televisión, y con las fuerzas opositoras con la sola posibilidad de manifestarse en la vía pública bajo un férreo control y represión policial. En tales condiciones el lógico resultado fue un 67,04 % para el Sí, un 30,19% para el No.
Hoy se pide en las calles que ésta represente el sentir de todo el pueblo y no sólo de quienes la diseñaron. En respuesta se argumenta la validez de la actual recordando que se le han introducido modificaciones en diversas oportunidades (en 13 ocasiones desde 1989 a 2010), y si en ningún momento se ha logrado quórum (tres quintas partes o dos tercios, dependiendo del tema, de los parlamentarios en ejercicio) para hacer cambios más trascendentales sería porque es lo que, en el fondo, quiere Chile.
Tal argumento, similar al que algunos blanden en el sentido de que lo mejor es el sistema representativo, choca con la realidad del sistema binominal. Tanto a nivel constitucional como en otras materias esenciales para el país, ha sido imposible realizar reformas estructurales porque un sector, la derecha, está sobre representado. Si a esto agregamos a algunos actores de la Concertación que se sienten más cómodos con la mirada liberal en lo económico y conservadora en lo valórico, el cuadro está armado para que hoy tengamos una Carta Fundamental que tiene serios problemas de legitimidad. Porque la representación es positiva, pero la verdaderamente democrática, no la que en pro de una mentirosa paz impone a todos un modelo útil para una minoría.
Y he aquí un punto importante; el de la legitimidad. Hay quienes señalan que daría lo mismo que la hayamos validado entre todos o no, siempre y cuando sea útil. O que esas formas y simbolismos democráticos no sirven, que hay que ser pragmáticos.
Decir aquello es no entender la realidad de las organizaciones y las sociedades. La cohesión de éstas no pasa esencialmente por “lo que conviene” sino por otro tipo de relaciones que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos no utilitarios o funcionales.
Elucubremos. ¿Se sentiría grato con la eliminación de los requisitos para ser Presidente, como por ejemplo el de la nacionalidad? Según el argumento pragmático, debiera dar lo mismo mientras el elegido “lo haga bien”. No debiéramos votar, entonces, sino contratar a una consultora como Ernst & Young (la misma de La Polar y el EIA de HidroAysén) para que nos busque en el mundo al mejor gerente nacional. Como ocurre hoy con la Roja.
Ése es el problema de la actual Constitución, además de ser el entramado que permite la falta de representatividad en el Parlamento, que no avance la descentralización y la regionalización, los abusos de la clase política y los grupos económicos, y que no se puedan aprobar proyectos de ley anhelados por la ciudadanía pero resistidos por quienes detentan el poder. Sin mencionar la imposición de proyectos productivos insustentables y rechazados por la gran mayoría de la población, como HidroAysén, Castilla, Pascua Lama, Isla Riesco y un largo etcétera, además de la privatización de gran parte de los bienes comunes como el agua o los minerales, y la mercantilización de la educación, el derecho a la vivienda, la previsión, la salud.
No faltará quien dirá que contar con una nueva Carta Fundamental, legítima, es un tema “político”. Y claro que lo es, pero no de la política partidista exclusivamente sino de la que nos hace pensar y trabajar por la construcción, entre todos, de la sociedad.
Algo que, precisamente, no querían los ideólogos de la Constitución del 80 en el mediodía de la Dictadura Militar.
Imagen: Law Icons (Vicky Rabinowicz – Stock Illustration Source)
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
