A fines de octubre, empezó a circular en las redes el “Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014”. Un documento fundamental, porque permite entender cuál es la apuesta del gobierno y ajustar las expectativas en este ámbito. Esto es algo que quienes estamos interesados en las políticas públicas de desarrollo digital de Chile estábamos esperando desde que se hiciera público que este componente fue traspasado de la Estrategia Digital del Ministerio de Economía al Programa de Modernización del Estado del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Desde la década de los noventa, el Estado de Chile inició su camino en la integración masiva de tecnología para modernizar su gestión y, sobre todo, facilitar la relación con la ciudadanía. No es el objetivo de esta entrada hacer un recuento histórico, pero baste mencionar que desarrollos como el del Servicio de Impuestos Internos, el portal de compras públicas y el portal el portal ChileClic, son solo la punta de un iceberg que permitió al país ponerse a la vanguardia regional y mundial en gobierno electrónico. Su definitiva instalación como política pública se tradujo hace años en la implementación de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, destinado a que de manera gradual todas las reparticiones públicas se fueran sumando a una forma de hacer las cosas que obliga a repensar servicios, diseñar nuevos procesos y desarrollar capacidades humanas y materiales para optimizar la interacción entre las personas y el Estado a través de Internet.
El Plan que ahora presenta el gobierno (y que pueden revisar en detalle al final de esta entrada) viene a dar un nuevo impulso a partir de una propuesta que, en lo sustancial, está bien orientada sobre tres ejes: gobierno centrado en el ciudadano; gobierno abierto; y gobierno eficiente. En cada eje, el documento enuncia un conjunto de iniciativas que cubren las distintas dimensiones que “a estas alturas del partido” se espera de una política pública de gobierno electrónico. No por ello deben dejar de destacarse algunas decisiones estratégicas que permiten abrir líneas en las que el Estado de Chile había avanzado poco o no habían sido aún abordadas. En lo particular, destaco la integración del concepto de gobierno abierto y una apuesta transversal por explorar en un doble sentido la relación entre el plan y la participación ciudadana.
Respecto del gobierno abierto, junto con reconocer la capacidad creativa de las personas para aportar a la solución de problemas de interés público, se asume que en un país en el que ya más de la mitad de las personas tienen acceso a Internet, a través de esta conexión los ciudadanos demandan mayor transparencia de los órganos estatales y mayores de canales de participación. La mirada más tradicional del gobierno electrónico concibe al ciudadano como un sujeto pasivo, que se beneficia de la “modernización de la relación” a través de la simplificación y más expedito acceso a los servicios del Estado. El gobierno abierto es, por el contrario, reconocer que el ciudadano es un actor protagónico en la construcción de las soluciones y la búsqueda de respuestas. En este sentido, destaco dos proyectos ya en marcha, si bien en etapas aún muy iniciales: el Portal de Datos Públicos del Gobierno de Chile, que liberará información administrativa desarrollada por los servicios públicos para que pueda ser reprocesada e interpretada por organizaciones y personas directamente; y el sitio Ideas para la Modernización del Estado, espacio que aspira a constituirse en una especie de incubadora de proyectos orientados a modernizar el aparato público a partir de propuestas ciudadanas. Hay en estos espacios oportunidades concretas para que la ciudadanía desarrolle procesos de apropiación de la labor del Estado.
La otra dimensión del Plan que destaco es la incorporación de la participación ciudadana de forma transversal en un doble sentido. No solo en el eje de gobierno abierto, su espacio natural dentro de este diseño (reconociendo, entre otras cosas, la oportunidad que presenta la Ley 20.500 y cómo puede la tecnología apoyar su implementación), sino en cómo se abren los espacios para que las personas se involucren en el desarrollo del Plan. Un ejemplo es la liberación de la versión alpha del Portal de Servicios del Estado, destinado a reemplazar ChileClic, y que está abierto a recibir retroalimentación de la ciudadanía, incorporando a los usuarios del portal en el codiseño final del espacio. Al igual que en el caso de gobierno abierto, de una adecuada difusión de estas oportunidades depende que la invitación se convierta en una efectiva herramienta de mejoramiento del quehacer del Estado.
El «Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014» hay que leerlo, entonces, como una hoja de ruta que despeja muchas incógnitas y comparte una mirada. Que en esa mirada la idea de participación ciudadana sea tan central es un gran acierto. Sin embargo, que esta manifiesta voluntad de abrir los espacios de creación y acceso al Estado se materialice, depende -a mi juicio- de dos factores que en el documento no son abordados.
En primer lugar, y dado el horizonte temporal que se plantea (2011-2014), llama la atención la ausencia de una cartera de proyectos definidos, con plazos de ejecución delimitados, responsables claros y volúmenes de inversión contemplados. Se mencionan, a lo largo del documento, proyectos en curso o ideas que se espera desarrollar, pero no está claro en qué punto se encuentra cada una de ellas, algo relevante, toda vez que buena parte de lo que se pretende hacer depende de las siempre complejas coordinaciones intersectoriales del Estado. Quedan poco más de dos años de gobierno y el plan es ambicioso. ¿Podrá realizarse todo lo que en él se plantea?
Y en segundo lugar, este Plan no explicita cómo el gobierno electrónico se relaciona con los otros componentes de la antes denominada Estrategia Digital. A modo de ejemplo, por mi experiencia de casi una década en el programa BiblioRedes, soy de los que cree que en países como Chile, que aún tiene niveles de exclusión digital relevantes que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, la promesa implícita en el gobierno electrónico (un Estado que logra mediante la tecnología construir mayor equidad a través del acceso a sus servicios y beneficios) puede ser inalcanzable para muchos. En especial para aquellos que aún carecen de las competencias digitales e informacionales para hacer un uso estratégico del gobierno electrónico para mejorar su calidad de vida; o para aquellos que su “acceso” a Internet aún se traduce en un turno en un computador en espacios como las bibliotecas públicas, los telecentros o los cibercafés.
Toda política pública debe explicitar cómo y cuándo la población beneficiada podrá acceder a ella, participar y recibir sus beneficios. En el caso del gobierno electrónico, los beneficiarios somos todos, por lo que en su diseño debe tener resuelto el acceso universal de la población, evitando perpetuar o fomentar nuevas lógicas de exclusión. Hasta el momento, en base a la información pública, no está claro si los dos factores que planteé están debidamente contemplados en el despliegue del Plan.
* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl
