Si el Estado se sigue negando a diferenciar y le sigue dando los mismos recursos a quienes lucran que a quienes no lucran, a quienes tienen sentido de civilidad y pluralismo y a quienes todo lo contrario, a los privados o a los públicos, el país seguirá hundiéndose en el postpinochetismo universitario que tanta indignación produce en los jóvenes y en la ciudadanía.
Es ahora cuando veremos qué ocurrirá finalmente con el sistema universitario chileno.
Tenemos por una parte a un gobierno históricamente alineado con el modelo postpinochetista según el cual todas las universidades ofrecen bienes de consumo educacional a los clientes estudiantes y por lo tanto deben recibir un trato similar. En este modelo el rol del Estado es facilitar las transacciones comerciales, instalando un flujo de recursos que pasa de los contribuyentes al Estado vía impuestos, del Estado a las familias o estudiantes de menores recursos, y de ellos a los planteles crecientemente privados que finalmente se quedan con el dinero.
En este fabuloso circuito de captación de recursos públicos también operan y agarran dinero fácil los bancos, las inmobiliarias asociadas a los planteles privados, las entidades acreditadoras, las empresas de catering, etc. Las universidades públicas se ven arrastradas a jugar el juego de las privadas aunque bajo la carga insoportable de la burocracia, Chilecompra, las contralorías externas e internas, el estatuto administrativo y demases, y encima sin tener la avidez orgánica de muchas de las privadas. Es decir, asisten impotentes a su propia demolición por parte del Estado y por parte de los consumidores.
[cita]Otros establecimientos están orientados a grupos ideológicos o de clase, y ofrecen una alta calidad entendiendo la calidad como asociada a los valores que normalmente las sustentan, es decir control por parte de grupos pequeños, casi nula participación, ausencia de pluralismo, ideología única, individualismo, interés apenas testimonial por la equidad, énfasis en las áreas del conocimiento más rentables, etc.[/cita]
Esta suma de perversiones viene avalada por una mirada sociológica ecualizada para la cual la modernidad universitaria se convierte en un sistema de mediciones e indicadores donde no importan la substancia ni el espíritu que anima a cada institución, y no interesan tampoco las personas, las tradiciones o los valores. Por el contrario, éstas son vistas como externalidades, molestias que irritan la adecuada confección de gráficos de Power Point. Todo es concursable, todo se puede ofertar, vender o comprar, todos somos agentes de mercado. En ese mall del conocimiento no reconocemos nuestra propia humanidad.
¿Quién nos obliga a hacerle caso a una mirada tan empobrecedora? ¿Por qué someternos a un sistema que siempre hace felices a los mismos?
Los ministros y altos cargos del gobierno actual son casi todos de la Universidad Católica, una institución por lo demás excelente pero que sale injustamente beneficiada cuando se aplica este sistema, ya que su institucionalidad le permite operar simultáneamente como pública o como privada, según convenga. Juan José Ugarte, que fuera Vicerrector de la PUC, fue nombrado por Lavín Director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, y allí sigue. Su programa es la demolición de las universidades públicas.
Entre las entidades universitarias tenemos por una parte a lo que podemos denominar chatarra, es decir institutos de dudosa calidad que han logrado que se les aplique el nombre de universidades para captar recursos públicos. Ellos profitan del ansia de los sectores más postergados por participar de una vida más equitativa y les venden basura con aval del Estado.
Otros establecimientos están orientados a grupos ideológicos o de clase, y ofrecen una alta calidad entendiendo la calidad como asociada a los valores que normalmente las sustentan, es decir control por parte de grupos pequeños, casi nula participación, ausencia de pluralismo, ideología única, individualismo, interés apenas testimonial por la equidad, énfasis en las áreas del conocimiento más rentables, etc.
También existen universidades privadas abiertas a los valores del pluralismo y de la complejidad del saber, no muy participativas en términos de gobierno, y que realizan una labor de integración social. Algunas de ellas están en el Consejo de Rectores, otras no.
Por último, las universidades estatales, que operan con instrumentos reglamentarios atroces y aportes ridículos que garantizan la disfuncionalidad. Cargan además con el peso de que se les aplican normas y criterios que están pensados para beneficiar a las privadas. Se han mantenido con firmeza como instituciones laicas, pluralistas, complejas, consagradas a las tareas de docencia, extensión, investigación y creación, preocupadas activamente de la equidad y de los valores públicos. Pero ofrecen un pobre desempeño en términos de buen gobierno, aplastadas por la burocracia y por la debilidad de sus autoridades, que se ven obligadas a tolerar disfuncionalidades de todo tipo, derivando casi todas ellas de la sensación de los diversos grupos internos de que es legítimo saltarse las normas para llevar a cabo sus agendas sectoriales. Así algunos estudiantes con sus tomas y faltas de repeto a los símbolos institucionales, las trenzas de interés de algunos académicos que se agrupan por ideologías, doctrinas, generaciones o especialidades, ciertos funcionarios que se sienten inamovibles, etc.
Las universidades denominadas tradicionales (un criterio escasamente operativo) pero que no son estatales han solicitado que en las discusiones presupuestarias que vienen no se las discrimine.
Lo cierto es que lo que ha pedido la ciudadanía a partir de las protestas es justamente lo contrario: que se le de a cada actor del sistema el trato diferenciado que le corresponde. Quienes quieran lucrar, que lo hagan, pero no con dinero público. Quienes quieran ser privadas que lo sean, pero que no se hagan pasar por públicas cuando aparecen los recursos. Y las públicas, que estén dotadas de las herramientas que la sensatez aconseja para cumplir mínimamente su misión.
El gobierno, que tiene cabeza y corazón privados, debe hacer el esfuerzo de pensar las cosas con mirada pública. Es muy difícil que lo logre, pero en ello va el orden social y la paz de las calles.
Las universidades públicas tienen todo el derecho en solicitar aportes basales superiores al 50% de su gasto anual, es lo que ocurre en todos los países desarrollados. Pero ello no será posible manteniendo el actual sistema de gobierno que hoy tienen. Es preciso sacarlas de la administración pública aligerando la burocracia y adaptándola al tipo de instituciones que son; y es indispensable establecer mecanismos mediante los cuales sea la ciudadanía y no los grupos internos de interés quien controle de qué modo se gobiernan. Esto supone abrir una discusión, observar modelos de otros países, y hacer cambios sustantivos en los estatutos universitarios. El movimiento estudiantil nos ha mostrado por una parte que la ciudadanía quiere más educación superior pública, y por otra que las autoridades de las universidades públicas no cuentan con los instrumentos para garantizar un funcionamiento ordenado y equilibrado de sus instituciones. Una cosa es la participación, que es un criterio obligado en una universidad que se respete; otra, que cualquier grupo pueda secuestrar la capacidad de decidir de las autoridades vulnerando los reglamentos y alterando la convivencia de la comunidad universitaria.
Por último es necesario ser serios y entender que las universidades son aquellas instituciones de educación superior comprometidas integralmente con el conocimiento, a diferencia de las instituciones docentes que sólo hacen clases y debieran llamarse institutos profesionales o politécnicos.
Lo que debe hacer el Estado es dar un trato diferenciado a las universidades porque de otro modo lo que hará es consagrar, como ocurre hoy, la discriminación de las personas. Si el Estado se sigue negando a diferenciar y le sigue dando los mismos recursos a quienes lucran que a quienes no lucran, a quienes tienen sentido de civilidad y pluralismo y a quienes todo lo contrario, a los privados o a los públicos, el país seguirá hundiéndose en el postpinochetismo universitario que tanta indignación produce en los jóvenes y en la ciudadanía.
Lo que corresponde es levantar un fondo potente de aportes basales que permita consolidar a lo largo de Chile, como ocurre en todos los países desarrollados, un sistema nacional de universidades públicas orientado a la misión que le compete: el cultivo integral del conocimiento en condiciones de alta calidad y apertura a todas las miradas, con criterios de equidad y pluralismo. Esto representa un cambio sustancial ya que el Estado apostará (usando la terminología neoliberal) por subsidiar también la oferta. Se le ofrece a cada chileno o chilena un espacio de alta calidad para hacer sus estudios, un espacio universitario participativo y tolerante, que no estará concebido como negocio privado ni como colegio religioso o doctrinal. Ello implica, como hemos señalado, una reforma en el sistema de gobierno de estas universidades.
Ahora es posible hacer estas reformas, hay un clima que lo hace posible y necesario. Puede que el gobierno apueste por lo pillín, por la finta, el ocultamiento y el desgaste, es ese el curriculum del Presidente. Puede que los estudiantes y la calle se radicalicen, o se cansen. Pero lo conveniente es aprovechar el momento para rectificar en lo que nunca debió haber ocurrido con nuestro sistema universitario, el desguace de la Universidad de Chile y demás universidades públicas para estimular el negocio de las universidades chatarra a costa de una carga de gasto y endeudamiento que cae sobre las familias.
¡Nos haría tanta falta aquí un movimiento político o ciudadano prestigiado, creíble, que compartiera estos temas con la ciudadanía y los defendiera ante los núcleos de poder real, sin venderse, más allá de oportunismos, con convicción e integridad!
