Ley de Televisión Digital Terrestre: ¿secreto de Estado?

“La mejor política de comunicaciones es la que no existe”. Casi todo debate sobre la falta de pluralismo en el paisaje mediático local incluye esa frase que pareció signar un destino en blanco y negro para Chile, hoy con uno de los índices de concentración de la propiedad de medios más altos de América Latina, con tendencia al aumento. Cierto es que han sido varios los gobiernos de la región que, por una mezcla de temor y pragmatismo, optaron durante largos años por no rozar los intereses de los grandes consorcios de las comunicaciones.

Lo inexplicable es que, a la luz de esta experiencia, la forma en que Chile incorporará la Televisión Digital Terrestre (TDT) no sea tema de la agenda de la oposición cuando el Proyecto de Ley que regulará el tránsito hacia la TDT entra en una fase clave. Esta semana se comenzarían a tramitar en  el Senado las más de 500 indicaciones que hicieron diversos sectores al proyecto aprobado en abril en la Cámara de Diputados. Aunque desde el oficialismo se ha insistido en que el tema es meramente tecnológico, en el fondo remite a las mismas cuestiones de las crisis supuestamente sectoriales que sacuden al país: ¿qué distingue a los bienes públicos de los bienes de consumo? ¿Cuál es el sentido y la misión del Estado?

La palabra mágica para entender qué es lo que está en juego con la entrada de la TDT es “espacio radioeléctrico”. Éste es tan valioso que la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad y es finito. Tanto la TV como la radio funcionan en ese espacio a través de frecuencias. El tránsito a TDT implica que habrá una disponibilidad de frecuencias mucho mayor que hasta ahora, lo que obliga a plantearse cómo administrarlas, cuánto durarán, qué sucederá con los actuales concesionarios y cómo será el ingreso de nuevos actores, por ejemplo, pequeños canales regionales y comunitarios.

[cita]Una de las cuestiones más polémicas de la transición hacia la TV digital es qué sucederá con las concesiones de frecuencias de los actuales operadores –léase grandes canales-, que hasta ahora han sido de duración indefinida. El  proyecto que entró al Senado privilegia a los actuales operadores a quienes se les ha entregado ya sin concurso, vía Decreto Supremo, una nueva concesión para que comiencen a emitir en digital.[/cita]

Al respecto se contraponen dos perspectivas diametralmente opuestas. Primero, la de quienes ven a los medios de comunicación como cualquier otra empresa cuyo legítimo objetivo es el lucro y consideran que lo óptimo es regular lo menos posible para facilitar la libre competencia. De allí en más sigue un cuento conocido: la mano invisible del mercado derrochará diversidad informativa y felicidad para todos. Segundo, quienes consideran que los medios no pueden ser tratados como  empresas que operan con mercancías como cualquier otra dada su relevancia en términos de socialización y construcción de sentidos. Este segundo grupo asume, por ejemplo, que no será el mercado quien vaya a garantizar el derecho a la comunicación ni la libertad de expresión.

Una de las cuestiones más polémicas de la transición hacia la TV digital es qué sucederá con las concesiones de frecuencias de los actuales operadores –léase grandes canales-, que hasta ahora han sido de duración indefinida. El  proyecto que entró al Senado privilegia a los actuales operadores a quienes se les ha entregado ya sin concurso, vía Decreto Supremo, una nueva concesión para que comiencen a emitir en digital. Los restantes canales -regionales, locales  comunitarios- recién podrían concursar cuando los grandes operadores hayan finalizado su transmisión paralela en analógico y digital, lo que llevaría entre 3 y 5 años. Esto implica cuanto menos una curiosa versión del concepto de “libre competencia”.

En palabras de la Directora de Fucatel, Manuela Gumucio, el proyecto que salió de la Cámara de Diputados en abril significa una entrada por la alfombra roja  para los actuales operadores, quienes podrían “cerrar la puerta por dentro” a nuevos actores. No obstante, en estos meses varios senadores y senadoras han atendido ciertas observaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. Así se cuestionan, por ejemplo, el carácter indefinido de las concesiones, para las cuales se están planteando periodos de 20 años.

Un punto del proyecto que genera entusiasmo entre quienes aspiran a que la TV digital represente una oportunidad hacia mayor pluralismo, es la reserva del 40% del espectro para la transmisión de televisión educativa, cultural y comunitaria. Sin embargo, pocos saben que se trataría del 40% “restante una vez que los actuales operadores hagan la migración”. Para dilucidar qué disponibilidad existe realmente hace falta una especie de mapa del espacio radioeléctrico llamado “plan de espectro” cuya elaboración está a cargo de la Subtel. Aparentemente, el plan estaría listo hace tiempo, pero la Subtel lo daría a conocer cuando lo considere oportuno. Como la Subtel es un organismo público, se debe asumir que el carácter de oportuno estaría dado en función del bien común.

Éstas y otras cuestiones relevantes como la necesidad de que exista un transportador público y se garantice la cobertura de zonas no comerciales; la composición del CNTV; el reconocimiento legal de las televisoras comunitarias; el fomento a la producción independiente, etc. han sido objeto de una consulta pública realizada por la Mesa de Ciudadanía y TV Digital publicada en http://www.ciudadaniatv.cl/ . Aunque en la consulta participaron más de mil personas, involucrar a sectores más amplios de la ciudadanía en este proceso parece misión imposible. Antes pasará un camello por el ojo de una cerradura, incluso un rico al Reino de los Cielos, que parte de este debate a los canales de TV abierta. El cerco informativo tendido por los principales interesados es tal que, según una encuesta del 2011 del CNTV, el  83% del los encuestados no sabe qué es la TV digital. Entre los pocos que señalan saber algo, el 47% la asocia a “mejor imagen”.

No ha trascendido a la opinión pública, por ejemplo, que el actual proyecto de ley prevé un beneficio extraordinario para  los propietarios de los canales existentes: cobrar para acceder al  50% de su programación. Es decir, quienes sólo acceden a la TV abierta -en general, los sectores más pobres- terminarían pagando por verla. Extraoficialmente se señala que el  Gobierno estaría considerando acotar el cobro a un 30% de la programación. Sin embargo, tal como en materia educativa la cuestión de fondo no pasa por cierta cantidad de becas, tampoco aquí se trata de negociar porcentajes, sino de la definición y misión misma de la TV abierta.

En definitiva, en estos días, si la Televisión Digital Terrestre será una oportunidad real para la democratización de las comunicaciones o un pingüe negocio más para los actuales propietarios, está fundamentalmente en manos de las senadoras y los senadores de esta Nación.