El ciudadano que conduce con una copa de vino en el cuerpo no es un asesino suelto, pero está pagando por culpa del imbécil que vuela a 200 kilómetros por hora después de haberse bajado solito una botella de pisco. Que tengamos que cuidarnos de comer un helado de pasas al ron o comer bombones de licor deja al descubierto la poca inteligencia del asunto.
Un ensayo publicado recientemente en un periódico británico se hacía la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría si un laboratorio diseñaba una pastilla de éxtasis que no pusiera en riesgo la salud de los consumidores? El autor concluía que la droga seguiría estando prohibida, porque los grupos conservadores del sistema no soportarían la idea de que alguien, en algún lugar, lo estuviese pasando demasiado bien.
Por supuesto, cuando las personas lo pasan demasiado bien se generan una serie de externalidades y efectos. Lo vimos esta semana con nuevas denuncias sobre excesos juveniles en el Parque O´Higgins. Lo hemos conversado en los últimos días a propósito de la ley que endurece las penas a conductores alcoholizados. Ha vuelto a la agenda legislativa a partir de la indicación senatorial que extiende la prohibición de fumar a plazas, parques y terrazas abiertas.
[cita]El orden público no es una postal de virtudes morales, es una garantía de convivencia básica. Que cientos de cuerpos etilizados salgan arrastrándose es penoso. Seguramente un choclón de pingüinos ebrios no destaca por sus luces. Pero el rol de la autoridad no es sermonear a los jóvenes respecto de cómo deben entretenerse. Al menos hasta que traspasan los límites donde su intervención se vuelve imperativa; por ejemplo, impedir que la jarana termine en fogatas que destruyen propiedad pública.[/cita]
La pregunta que corresponde hacerse, como lo hizo el ensayista, es cuáles son los límites de la autoridad a la hora de restringir los comportamientos individuales. Es una cuestión más vieja que el hilo negro y sobre la cual el libreto liberal contesta generalmente que ningún ciudadano en su sano juicio puede ser coaccionado, salvo para evitar que dañe a terceras personas. Como nos recuerda su más insigne combatiente, extender la ley restrictiva sobre conductas que sólo afectan su propio bien —físico o moral— no es justificación suficiente.
Lo tendencia que campea en nuestros días, sin embargo, va en sentido opuesto. Los parlamentarios entienden que es más rentable aparecer en televisión rodeado de los dolientes declamando siempre las penas del infierno. Pero la exasperación de las sanciones, bien lo saben los penalistas serios y los estudiosos de los DD.HH., nunca ha sido una solución eficaz a los problemas sociales. Lo reiteró con inusitada sensatez el celebre juez de Casablanca respecto de la nueva ley de tolerancia cero, calificándola de «legislación histérica dictada sobre la base de dos o tres accidentes… que fueron cometidos por borrachos que con o sin esta ley van a seguir bebiendo». Es muy cierto que requeríamos aumentar los controles y castigar con mayor severidad al ebrio al volante. Sin embargo era innecesario bajar la graduación de los niveles de alcohol en el organismo para activar la pena.
El ciudadano que conduce con una copa de vino en el cuerpo no es un asesino suelto, pero está pagando por culpa del imbécil que vuela a 200 kilómetros por hora después de haberse bajado solito una botella de pisco. Que tengamos que cuidarnos de comer un helado de pasas al ron o comer bombones de licor deja al descubierto la poca inteligencia del asunto. Todo esto, claro está, sin hacer muchos esfuerzos en proporcionar a los usuarios un transporte público decente a la vuelta del carrete, lo que además discrimina en favor de quienes pueden pagar por un taxi sin mucho sacrificio.
El caso del tabaco está amenazado por el mismo prohibicionismo pop. ¿Era relevante proteger al fumador pasivo? Evidentemente. Es un típico caso donde los derechos de terceras personas son pasados a llevar. Lo que se comprende poco es que el inmenso espacio abierto de un parque sea objeto de la misma regulación que se aplica a una sala cerrada. Una vez más queda la sospecha de que nuestros legisladores quieren dar señales “ejemplificadoras” a costa de la libertad individual y el buen juicio. Estoy convencido de que la escena de una madre fumando en su propio living a centímetros de su guagua es de mayor interés público que un cristiano fumándose un puchito mientras camina de vuelta del trabajo.
¿Y los alegres parroquianos de los viernes en el parque O’Higgins? Caso similar. Cinco minutos en el noticiario, tonos juzgadores, escándalo nacional. El alcalde de Santiago sostuvo que se debía acabar la “tomatera”. Lo importante es saber por qué se debe acabar. El orden público no es una postal de virtudes morales, es una garantía de convivencia básica. Que cientos de cuerpos etilizados salgan arrastrándose es penoso. Seguramente un choclón de pingüinos ebrios no destaca por sus luces. Pero el rol de la autoridad no es sermonear a los jóvenes respecto de cómo deben entretenerse. Al menos hasta que traspasan los límites donde su intervención se vuelve imperativa; por ejemplo, impedir que la jarana termine en fogatas que destruyen propiedad pública.
En todos estos debates se pinta con brocha gruesa y se reduce el espacio de las sutilezas. Casi siempre se ven sacrificadas las libertades individuales en el altar del discurso paternalista que hace pagar a justos por pecadores en la marea incontenible del prohibicionismo de moda.
