No deja de sorprender que eminentes personalidades del mundo político, empresarial u académico fueran pauteados para defender una posición favorable a los intereses de la empresa, que es lo que uno llama habitualmente “lobby comunicacional”. Y en el caso del proyecto de Termoeléctrica Castilla, propiedad del magnate brasileño Eike Batista, el asunto ya tiene ribetes preocupantes.
Durante el último tiempo hemos sido testigos de una cercanía preocupante entre poder político y poder económico, y el consiguiente malestar ciudadano. Denunciamos, incluso, las menciones que el Ministro (S) de Energía, actual subsecretario, Sergio del Campo hiciera respecto del proceso judicial que ha declarado ilegal la aprobación ambiental de la Central Castilla, calificando la judicialización del proyecto –amparada plenamente en las garantías del Estado de derecho- como un “obstáculo” a nuestro plan de desarrollo y crecimiento.
La razón es simple y basta leer las páginas centrales de los principales diarios económicos y financieros. Hoy el principal demandante de energía es el sector minero, que ve con malos ojos el que los proyectos de generación de electricidad de bajo costo tengan una “segunda patita” de evaluación en la Corte. Y dado que el actuar de autoridades ha sido deficiente, el tener que pasar por el sistema judicial en general termina con los proyectos retrasados o derechamente desechados. ¿La razón? Si la evaluación ambiental está mal hecha es ilegal. Y eso es justamente lo que dijo la Corte de Antofagasta respecto de la Central Castilla.
Por eso es especialmente preocupante el conjunto de actores que cual coro romano han salido a clamar en columnas casi diarias que la “judicialización” es algo a evitar. Los únicos que se han abstenido –por ahora- han sido nuestros amigos de HidroAysén a quienes la Corte Suprema por voto dividido les dio la razón, con el famoso cuento del juez accionista mediante.
Por eso no deja de sorprender que eminentes personalidades del mundo político, empresarial u académico fueran pauteados para defender una posición favorable a los intereses de la empresa, que es lo que uno llama habitualmente “lobby comunicacional”. Y en el caso del proyecto de Termoeléctrica Castilla, propiedad del magnate brasileño Eike Batista, el asunto ya tiene ribetes preocupantes.
[cita]Un caso notable es el de María Isabel González. Su entusiasmo por reproducir fielmente la minuta le hizo, incluso, citar en una columna en La Tercera equívocamente al experto Rainer Schmitz, quien se lamentaba en una carta al director que González no había hecho ningún esfuerzo por usar su análisis en forma correcta. El problema, le avisamos al señor Schmitz, es que González no consultó su estudio, sino la minuta.[/cita]
Luego del contundente fallo –unánime- de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual declaró ilegal el proceso de aprobación de la Termoeléctrica Castilla, hace algunos días llegó a nuestras verdes manos una minuta cuyo origen no puedo acreditar del todo pero que es fácilmente predecible. Su objetivo es “bajar la línea” y orientar a los actores públicos que deban pronunciarse sobre Castilla, para que la defensa corporativa del proyecto sea articulada y no espontánea. Su público destinatario no abarcaría sólo a los ejecutivos y dirigentes gremiales, sino también a políticos y “expertos técnicos”.
Es decir, que para defender comunicacionalmente la posición de la empresa es necesario cambiar la imagen en la opinión pública.
Días después de arribada la minuta, para mi sorpresa –y confirmando mi percepción- empezaron a aparecer declaraciones y columnas que reproducían casi textualmente los contenidos y bajadas de línea de la minuta. Un coro de voces bastante coherente.
Quienes hoy adhieren a la posición de la empresa son: Andrés Concha, la Sofofa, Las editoriales del diario La Tercera y María Isabel González (ex alta funcionaria energética de los Gobiernos de la Concertación y actual consultora experta en temas energéticos). Haga la prueba y busque usted mismo sus columnas con un simple googleo.
Un caso notable es el de María Isabel González. Su entusiasmo por reproducir fielmente la minuta le hizo, incluso, citar en una columna en La Tercera equívocamente al experto Rainer Schmitz, quien se lamentaba en una carta al director que González no había hecho ningún esfuerzo por usar su análisis en forma correcta. El problema, le avisamos al señor Schmitz, es que González no consultó su estudio, sino la minuta.
Hagamos el contraste como si fuera un espejo. En su primer párrafo, la minuta dice que “en 2010 la Seremi de Salud de la época Pilar Merino dio al proyecto la calificación de “contaminante” (…) la calidad del aire llegaba a 91% de la norma de calidad del aire para NO2 y podía generar episodios de latencia o saturación”, mientras González afirma también en el primer párrafo, que “en 2010 el seremi de Salud de la Región de Atacama dio a Castilla la calificación industrial de «contaminante», aludiendo a que la calidad de aire, con las seis unidades operando, llegaba a 91% de la norma primaria de calidad de aire para NO2, y podía llegar a generar episodios de latencia o saturación”. Gran coincidencia.
En el segundo párrafo, la minuta afirma que “el valor correcto para el NO2 con la tecnología originalmente considerada para el proyecto es 63% (…) El Seremi de Salud de la época, Raúl Martínez (…) procedió a calificar el proyecto como “molesto”, que es la misma calificación de la mayoría de las centrales termoeléctricas en Chile”. También en el segundo párrafo, González afirma que “de acuerdo con análisis realizados por las universidades de Chile y Católica, el valor correcto para el parámetro NO2 resultó ser de 63%. Con estos antecedentes, el nuevo seremi, el 2011, enmendó el error y procedió a calificar el proyecto de actividad industrial como «molesta», que corresponde a la calificación con que cuentan la mayoría de las centrales termoeléctricas en Chile”. Muy disciplinada María Isabel González.
En este punto, y a través de una carta al director a La Tercera, el profesor Schmidt afirma que “consultada por mí, (González) me confirmó que ella se refiere con este análisis de la Universidad de Chile a uno que había elaborado yo”, para luego agregar que “la cifra que ella entrega no aparece en mi análisis”. No aparece, porque fue copiada de la minuta (¿de la empresa?), que es donde está contenido el error. Aunque, claro, también puede ser una coincidencia del tipo que le gustan a Salfate.
Nada de lo anterior, por cierto, le impide a María Isabel González, o a algún otro experto energético que se nos puede haber pasado por descuido, expresar su legítimo punto de vista (y contra el cual nada podemos opinar). Es sólo que la coincidencia sorprende y entra en coherencia con la famosa minuta. Y es que finalmente la empresa y quienes la defienden tiene todo el derecho a argumentar a su favor, como nosotros a informar de ello a la opinión pública.
En otra nota, publicada por La Tercera el 8 de marzo González afirma que «de que se haga esa iniciativa depende la viabilidad de varios proyectos mineros”, mientras la minuta recomienda decir que “es la central que va a permitir el que se lleven adelante proyectos mineros fundamentales”. Siempre a favor de que el proyecto avance pues de él “depende” la inversión. No deja de sorprender la falta de competitividad del sector eléctrico. Y, claro, sería mucho que ahora nosotros sugiriéramos hablar de eficiencia energética, ahorro en el consumo o derechamente de que –ante un escenario de costos más altos que el carbón- las energías renovables del norte comiencen ya a ser una opción más competitiva.
En el caso de la editorial de La Tercera del lunes 2 de abril, las ideas fuerza del texto “importancia del proyecto para la matriz energética chilena”, “judicialización del procedimiento ambiental” y “distorsión de los roles” son precisamente las ideas que La Minuta plantea como líneas argumentales de defensa de Castilla.
¿Y qué pasa con las extrañas coincidencias entre La Minuta y el discurso de la Sofofa? Su presidente, Andrés Concha, ha salido a defender a la empresa. Donde la minuta sugiere criticar “la judicialización del procedimiento ambiental”, él plantea que «se está dando una extrema judicialización«. ¿Qué será eso de “extrema” judicialización? Yo diría, al ojo, que es mera retórica.
Donde La Minuta plantea que “es la central que va a permitir el que se lleven adelante proyectos mineros fundamentales. Hay una cantidad importante de proyectos mineros (por más de US$ 20 mil millones) en la Tercera Región que se quedarían sin suministro seguro y a precios competitivos”, Concha dice que “estos (…) proyectos (…) son indispensables para poder permitir el desarrollo de la economía en la región, particularmente en la III Región, donde hay proyectos por sobre US$ 20 mil millones que requieren de energía para ser materializados”.
Es extraño, además, que ninguno del coro de voces concertadas indique que ha sido el actuar del Seremi de la Salud de la época el que ha puesto en riesgo una inversión tan importante, necesaria y conveniente para el magnate Batista y quienes hoy pretenden hacer negocios con él. ¿Es que acaso violar los procedimientos no es la principal razón de que el proyecto esté contra las cuerdas y a punto de desecharse?
Valga entonces preguntarse ¿Cómo fue posible tanta coincidencia? ¿Si Salfate predice terremotos, podrá responder este misterio?
Las preguntas quedan en el aire y parece evidente que la minuta salió de la propia empresa. ¿Es tan poca la capacidad que tenemos de definir el destino de nuestra energía que es preferible hacer vista gorda ante la ilegalidad en el ordenamiento territorial sólo para garantizar que la minería pueda avanzar?… ¿Quién lleva la batuta?
