Todos los actores coinciden que para alcanzar el desarrollo, Chile también debe aumentar sus índices en este ámbito. Apuntamos a los modelos escandinavos y nos maravillamos cómo se incentiva desde tempranas edades la lectura. Pero llega el momento de marcar nuestra preferencia en una papeleta electoral y pareciera que las prioridades fueran otras, porque los programas de los candidatos no mencionan el desarrollo de la lectura en sus comunas, no tienen propuestas.
Un nuevo 23 de abril, Día Internacional del Libro, y como parte del rito autoridades, especialistas, medios de comunicación e interesados en la situación de la lectura, hacen sus análisis y comparten sus ideas para cambiar una situación que –unos más, unos menos- califican como lejana al ideal.
Es en ese contexto en el que dos hechos resultan curiosos en Chile.
Primer hecho curioso. Desde que asumió el actual gobierno, “el mundo de la cultura” ha participado del debate sobre la institucionalidad que tenemos como país, apuntando principalmente a si el actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es el medio adecuado para dar prioridad a las políticas públicas en el área, o si, por el contrario, debemos contar con un Ministerio de Cultura. Casi todos los actores de ese “mundo” tienen postura en este tema. El CNCA no cumple aún su primera década pero ya parece necesario cambiarlo.
Sin embargo, cuando uno se aproxima a esta discusión desde el terreno de la defensa del derecho al acceso equitativo a la lectura (algo más complejo que el mero fomento del libro y la lectura), llama la atención la escasa preocupación por la institucionalidad (o ausencia de ésta) que debe asegurar a cada chileno y chilena ese derecho. Incluso, más de alguien al revisar estas líneas dude de la existencia de tal derecho.
Dos ejemplos. La actual “Ley del Libro” data de 1993 y en su esencia crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y el Consejo que la administra. 1993, cuando Internet no existía en Chile y la diversidad de soportes y formatos de lectura hoy disponibles eran solo ciencia ficción. Sin embargo, hasta donde se conoce, no existe ni del gobierno ni de los sectores interesados (gremios editoriales, libreros, autores, bibliotecarios, etc.) iniciativa para cambiar en el corto plazo ese marco legal. El otro ejemplo es la inexistencia de un marco legal para el funcionamiento de las bibliotecas públicas a lo largo del país, pese a constituir la red de acceso público, gratuito y equitativo a la lectura más importante del país. Hoy dependen enteramente de la voluntad y criterio de los municipios, y los aportes que el gobierno realiza a través de la Dibam y el Consejo del Libro y la Lectura. Nada, absolutamente nada, impide que una biblioteca pública municipal pueda cerrarse si así lo define la municipalidad.
No soy de los que cree que las leyes arreglen mágicamente los problemas, pero sí que sin marcos legales adecuados algunos cambios culturales no ocurrirán.
Segundo hecho curioso. Los gobiernos locales administran hoy en Chile los dos principales medios para desarrollar políticas de largo aliento en el ámbito de la lectura: las escuelas municipales y las bibliotecas públicas. Y sin embargo, la lectura (o la responsabilidad que en mejorar sus índices tienen los gobiernos locales) no está presente en el incipiente debate electoral municipal (y en rigor, tampoco lo estuvo en elecciones pasadas).
Todos los actores coinciden que para alcanzar el desarrollo, Chile también debe aumentar sus índices en este ámbito. Apuntamos a los modelos escandinavos y nos maravillamos cómo se incentiva desde tempranas edades la lectura. Pero llega el momento de marcar nuestra preferencia en una papeleta electoral y pareciera que las prioridades fueran otras, porque los programas de los candidatos no mencionan el desarrollo de la lectura en sus comunas, no tienen propuestas. Nada extraño: el crónico desfinanciamiento de los municipios chilenos los obliga a priorizar las necesidades, y ante temas de mayor impacto en los medios (y por tanto en la retina del elector) como la seguridad ciudadana o el tratamiento de la basura, la lectura es relegada, muchas veces sin comprender que una sociedad que lee puede ser el camino hacia una sociedad con menores índices de delincuencia o con una actitud distinta ante los desechos que genera.
Concluyo. Mucho me temo que en un año más nos encontremos en la misma situación, hablando de las mismas cifras, compartiendo los mismos diagnósticos. Porque en esto también opera aquel adagio que dice que si sigues haciendo lo mismo de siempre, no esperes obtener resultados distintos. Si eso ocurriera, sería el tercer hecho curioso sobre la lectura en Chile.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
