La imagen de dos hombres jóvenes esposados, con un estigmatizador chaleco amarillo, dando pasos tan cortos y arrastrados como se lo permitían los grilletes que tenían amarrados a los pies, bien podría corresponder a delincuentes de alta peligrosidad, dispuestos a disparar a quien se le cruzara por delante o a tomar rehenes como en la más taquillera película de acción.
Pero los detenidos que entraron al Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso escoltados por dos funcionarios de Gendarmería esa mañana de lunes, no eran más que vendedores callejeros de sopaipillas que no tuvieron dinero para pagar la multa que les cobró la municipalidad. Ése era su delito, ser pobres.
Su historia se evidenció cuando la suegra de uno de ellos reclamó a viva voz por la situación de su yerno (que no tenía antecedentes penales), entre sollozos de impotencia y angustia, que logró transmitir a quienes se encontraban en el juzgado y le respondieron con ejemplos de privilegios como los de los ejecutivos de La Polar, de la leche ADN o de las farmacias coludidas, cuando ella aseguraba que “en este país no hay justicia para los pobres”.
A los que cometen una falta al no poder pagar una multa los humillan, vigilan y castigan sus cuerpos; pero a los delincuentes de cuello y corbata, la vara con que se les mide es bastante más benevolente.
Mientras los que venden CDs en la calle terminan muriendo quemados en la cárcel de San Miguel, a los violadores de DDHH se les construye un recinto especial desde donde incluso pueden organizar actos de homenaje al dictador.
Una justicia para los ricos y poderosos, y otra para los pobres y desaventajados.
¿Será que en el “dar a cada cual lo suyo” —lo justo—, la justicia no logra ser ciega (condición que le permitiría resolver los conflictos de manera objetiva e imparcial) y se corre la venda que le cubre los ojos para mirar la condición socioeconómica al momento de sentenciar?
Dado que el acceso a la justicia se constituye en un derecho fundamental en el que se construye una sociedad democrática, las restricciones (y humillaciones) que en la práctica sufren los grupos más vulnerables no contribuyen a no repetir en el juicio las desigualdades presentes en la sociedad.
Si esperamos que la justicia no siga discriminando y efectivamente tenga un impacto sobre la igualdad, ya es hora de abrir las esposas y soltar los grilletes de los que cometieron el delito de ser pobres.
(*) Entrada publicada originalmente en El Mercurio de Valparaíso y luego en El Quinto Poder.cl
