La tolerancia a estas prácticas nos dirige al marco normativo con el que evaluamos las acciones de control del orden público. En parte, ella se vincula con la relativización del abuso: los atropellos a los derechos ciudadanos básicos se extendieron de tal manera históricamente en nuestro país, que lo que hoy ocurre es, comparativamente, menor y tolerable.
En la última encuesta CEP, un 58% de los encuestados declara tener bastante o mucha confianza en Carabineros. Una cifra no menor, que de acuerdo al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, debe interpretarse como el reconocimiento de la ciudadanía al “proceder cauteloso y respetuoso en el control del orden público” e implica, sugiere el Ministro, que estamos preparados para penalizar con cárcel la agresión a la autoridad de Carabineros (Cartas, El Mercurio 25/8).
La confianza de la ciudadanía y la arenga del ministro parecen poco discutibles, si en quienes pensamos es en la gran masa policial que interactúa con la ciudadanía de manera cotidiana. Pero no todas las interacciones con la autoridad de las fuerzas de orden son de cotidianeidad. Algunas, crecientemente en el último año, son en contextos de conflicto y demandas sociales, que ponen en tela de juicio la capacidad de mantención del orden dentro de parámetros de respeto a la libre expresión y a los derechos de todos los ciudadanos, donde orden pareciese ser entendido como sinónimo de pasividad. Aquí, esta confianza no deriva, evidentemente, de los procedimientos policiales, en vista de algunas de las formas de control utilizadas por Carabineros en las movilizaciones sociales y que han sido ampliamente difundidas en los medios.
[cita]La tolerancia a estas prácticas nos dirige al marco normativo con el que evaluamos las acciones de control del orden público. En parte, ella se vincula con la relativización del abuso: los atropellos a los derechos ciudadanos básicos se extendieron de tal manera históricamente en nuestro país, que lo que hoy ocurre es, comparativamente, menor y tolerable.[/cita]
Extremadamente graves son las acusaciones de vejaciones sexuales a estudiantes movilizados y los golpes preventivos a los manifestantes con que la autoridad intenta el control de protestas estudiantiles, algunas realizadas al interior de universidades. Y todo ello ha ocurrido luego de amplios cuestionamientos al actuar de la autoridad policial en otros contextos de tensión o conflicto social. La confianza de la ciudadanía parece aquí disonante. ¿Cómo explicarla? Por una parte, puede ser que los chilenos nos damos cuenta que las conductas institucionales no son homogéneas y que las instituciones no son monolíticas. Así, como reconociendo las dos caras de Jano, puede que nos sintamos confiados de la protección a la vez que violentados por los excesos de las fuerzas del orden. O por otro lado, puede ser también que la justificación de las acciones de control que atentan contra derechos básicos de la ciudadanía estén en referencia a nuestra herencia histórica y sus efectos en el tipo de democracia que hemos forjado.
Esto, porque la legitimidad del actuar de las fuerzas policiales por conductas que de acuerdo a nuestra propia legislación son abusivas, se ha esgrimido a través de la construcción del manifestante como violentista y delincuente. El ‘ellos’ y ‘nosotros’ –categorización que ya conocimos como fórmula de legitimación del abuso en el pasado– se traduciría en una carta blanca para el control del orden público y en legitimación de excesos para lograrlo.
La tolerancia a estas prácticas nos dirige al marco normativo con el que evaluamos las acciones de control del orden público. En parte, ella se vincula con la relativización del abuso: los atropellos a los derechos ciudadanos básicos se extendieron de tal manera históricamente en nuestro país, que lo que hoy ocurre es, comparativamente, menor y tolerable. Pero además, la deshumanización del manifestante –de nuevo algo con una larga y dramática historia en Chile– permite leer, en oposición, al ciudadano que quiere orden y paz versus el violentista que la altera.
¿De qué otro modo podemos interpretar la broma que un efectivo de fuerzas especiales hace a la cámara que lo filma: “graba a tu hermana que la tienen en pelota”, trivializando las prácticas vejatorias de las que se les acusa? La naturalización del abuso policial y la falsa oposición ciudadano/violentista que la sustenta no sólo es contraria a cualquier idea de democracia, sino que nos hace vulnerables a todos.
Es esta legitimación, que parece ser efectiva entre los chilenos, la que sobrecoge.
