No hay que ser Salfate para ver con claridad que existe un negocio muy lucrativo y monopolizado. Problematizar sobre esta situación nos dará la base para entender que no basta con protestar por el tema medioambiental dejando de lado el económico, donde el Estado actúa como plataforma para beneficiar intereses privados y no públicos, y lo que es peor, manifiesta sus malas prácticas en empresas tan importantes como Codelco.
Hoy me subí al Metro, por última vez ya que el lunes me pongo a pedalear, y un joven de terno leía concentradamente el Diario Financiero. En titulares destacaba el anuncio de la carretera eléctrica que unirá los sistemas eléctricos del norte y del sur financiado por el Estado para acabar con el “apremio energético” enarbolado hasta la saciedad por privados y autoridades.
Como me apasioné mirando por encima de su hombro descubrí en su interior que la producción minera aumentó un 9,1% destacando que “el índice de Energía, Gas y Agua (EGA) experimentó un crecimiento de 4,8% respecto del año anterior impulsado por un alza de 6,3% año a año en la generación eléctrica”.
¿Cómo es la cosa? me pregunté… ¿De qué apremio están hablando?
La principal razón por la que el gobierno apoya los proyectos termoeléctricos es para que ésta actividad mantenga un crecimiento sostenido. “Yo o el caos” es la premisa utilizada e incluso El Mercurio habla de “Una tormenta perfecta” cada vez que un proyecto de esta índole es rechazado en la Corte Suprema por irregularidades en los procesos de obtención de la resolución medioambiental en la Comisión de Evaluación Ambiental, donde incluso el subsecretario reconoce que muchos de los informes y estudios entregados por las empresas son nada más que copy paste sin ningún tipo de seriedad ni respaldo científico.
[cita]No hay que ser Salfate para ver con claridad que existe un negocio muy lucrativo y monopolizado. Problematizar sobre esta situación nos dará la base para entender que no basta con protestar por el tema medioambiental dejando de lado el económico, donde el Estado actúa como plataforma para beneficiar intereses privados y no públicos, y lo que es peor, manifiesta sus malas prácticas en empresas tan importantes como Codelco.[/cita]
Esto ha ocurrido con Castilla, Pirquenes e HidroAysén, lo que ha llevado a la judicialización de los conflictos ambientales dejando el desafío de la implementación de Tribunales Ambientales más idóneos para responder al lamentable “modus operandi” de las empresas contaminantes. Ya se abrió el concurso público para elegir ministros, solo se espera que el proceso sea transparente y se deje atrás algo que ya parece una tradición: El conflicto de interés.
En el tema energético es evidente este punto. Desde 1982 de la mano de la Ley de Servicios Energéticos el mercado tiene una concentración altísima, teniendo como actores protagónicos a AES Gener, Endesa y Colbún, como generadores exclusivos.
En Chile la composición del SING (Sistema Interconectado del Norte Grande) es 99,6 % Termoeléctrico y 0,4 % hidroeléctrico, mientras que el SIC (Sistema Interconectado Central) su estructura es 44 % Hidroeléctrico, 52 % termoeléctrico y solo un 4 % de Energías Renovables No convencionales (ERNC).
Sergio del Campo, subsecretario de Energía, planteó que en materia ERNC, no se seguirá el modelo europeo de subvenciones. O sea no será tan fácil como ha sido para termoeléctricas e hidroeléctricas. ¿Pero por qué? Ponerse suspicaz, es inmediato tildado de conspiranoico, pero no es menor que esta autoridad haya sido gerente de Aes Gener en su división Guacolda: una termoeléctrica en base a carbón.
Por otra parte, vemos que el ministro de esta cartera, Jorge Bunster, fue gerente general por dos décadas de la Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., la misma empresa inversionista de la Minera Invierno que explota el carbón en Isla Riesco. Ana Stipicic, activista, plantea que el proyecto de Isla Riesco no puede ser separado del impacto medioambiental de las termoeléctricas, ya que con el aporte de Isla Riesco se alimentarán al menos siete termoeléctricas.
Stipicic revela que ni siquiera se estudia el impacto que causará la calidad del carbón que se quemará: “no hay regulación respecto a la calidad del combustible que se emplea en Chile. Acá se puede quemar el petcoke. ¿Qué es eso? Si en todo el mundo ya está prohibido, pero como acá no hay regulación, se utiliza como combustible”.
Andrei Tchernitchin, doctor de la escuela de Medicina de la Universidad de Chile y representante del Colegio Médico interpuso un reclamo formal contra las empresas Codelco y AES Gener frente al Ministerio de Medio Ambiente y de Salud por la situación en Ventanas donde nunca ha logrado obtener un informe sanitario favorable, sin embargo, la Municipalidad de Puchuncaví en varias ocasiones le ha otorgado patentes que permiten su funcionamiento. La ONG Oceana hoy mismo puso un recurso de protección para cancelar la patente.
Pese a todo esto, la idea de Codelco, la cuprífera estatal, era construir la mayor termoeléctrica de Chile, Energía Minera, en este mismo lugar, por medio de una licitación la cual fue ganada por Colbún… no faltaba más, la que finalmente desechó el proyecto porque entendió que las presiones de la ciudadanía enlodarían aun más su imagen. Sin embargo, esta misma empresa ha presionado al gobierno para la construcción de la carretera eléctrica, que ya fue anunciada por Sebastián Piñera.
No hay que ser Salfate para ver con claridad que existe un negocio muy lucrativo y monopolizado. Problematizar sobre esta situación nos dará la base para entender que no basta con protestar por el tema medioambiental dejando de lado el económico, donde el Estado actúa como plataforma para beneficiar intereses privados y no públicos, y lo que es peor, manifiesta sus malas prácticas en empresas tan importantes como Codelco que sirve de aliada del sector energético, teniendo la experiencia de que otras mineras apuestan por la inversión en energías limpias que permitan el desarrollo de su conveniente actividad —considerando el insuficiente royalty— sin generar innecesario apremio al sistema eléctrico y rebajando el impacto ambiental que producen.
Es bastante obvio identificar el problema. La puerta giratoria entre cargos públicos y privados es demasiado batiente. El lobby no regulado sumado a una legislación permisiva, garante de los propietarios que hacen espurias alianzas es el mayor obstáculo para que Chile salga de su ceguera y comience a desarrollarse de forma sustentable.
