El Estado de Derecho es seguro cuando protege los intereses económicos dominantes —la monserga de las “las reglas del juego”— y no lo es, cuando esos intereses perciben que hay otros intereses no dominantes que los pueden amagar. Y todo es especialmente inseguro cuando la propiedad y el lucro se ven amenazados por intereses ideológicamente periféricos: consideraciones ambientales, político-nacionales, étnicas, laborales, etc.
La ministra Benítez criticó rudamente a la Corte Suprema. Le molestó que este tribunal se pronuncie en temas “técnicos” que escapan, dice, de su competencia.
Ella se ha defendido diciendo que tiene derecho a comentar un fallo judicial, como cualquier otra persona. El problema es que lo suyo no es un comentario, sino una presión en toda regla.
Nadie sensato duda que se puedan comentar los fallos. De hecho no hay norma legal que lo impida —otra cosa es revisar sus fundamentos— y es parte de la mejor concepción de una democracia en que todos nos escrutemos a todos. En este punto es mejor la máxima promiscuidad discursiva posible.
[cita]¿No estaba en riesgo la seguridad jurídica cuando una de las empresas en las que Piñera era socio no pagaba el salario mínimo y los trabajadores a viva voz le reclamaban las ilegalidades de que eran objeto? ¿No estaban en jaque las reglas del juego cuando las universidades lucraban, pese a estar expresamente prohibido por la ley? ¿No es poco seguro jurídicamente hablando que un recurso estratégico como el litio se asigne de espaldas a la ciudadanía y ocupando un artificio legal —los contratos de operación— que disfrazan una concesión pura y dura?[/cita]
Pero nada de este caso parece ser así. No es una simple ciudadana opinando sobre materias que le interesan, ni tampoco parece una ministra preocupada desinteresadamente del devenir de la aplicación de las reglas medioambientales en Chile.
Y es que se trata de una persona que antes de ejercer de ministra (y más que seguro después) se dedica a la asesoría de empresas que precisamente se verán afectadas por fallos como el de Castilla. De hecho, de las primeras reglas del manual del lobista está lo que Benítez ha hecho con falta total de pudor: hacer de todos los negocios de los clientes cuestiones puramente técnicas, de las que solo unos pocos (como ellas y sus colegas) pueden opinar y decidir.
¿Cómo distinguir si la señora hablaba como ministra —genuinamente interesada en el bien ambiental del país— o como la asesora y lobbista que ha sido en su ejercicio profesional? Casi imposible. Y entonces, el problema de Benítez no es su derecho a hablar —que ya estará aprendiendo, a veces, es mejor ejercer el derecho opuesto—, sino la profusa red de intereses y conflictos de interés que plagan la nueva forma de gobernar.
No está mal que hable, lo que está jodidamente mal es que no podamos saber con certeza a quién defiende. Y lo peor es que tampoco lo sabemos con prácticamente todas las autoridades de la nueva forma de gobernar: ni con el ministro de Minería —y su hermano empleado de Ponce Lerou—, ni con el subsecretario de Minería —ex empleado del mes de Banmédica—, ni con el Director de SII y una interminable lista de etcéteras.
Ahora, lo peor en todo caso viene de su Jefe. Piñera ha decidido hacer de lobista de unos pocos y escribir un capítulo más de uno de los clásicos de la derecha chilena: el cuento del lobo. Los inversionistas —asustadizos como son— tiemblan de miedo y están con las maletas a medio hacer, listos para buscar un país mas “seguro jurídicamente” y probablemente más tercermundista.
Es la seguridad jurídica en su cara más impresentable: a la medida del bolsillo.
No es que se trate de una idea muy sofisticada ni compleja. Es más bien todo lo contrario: es tan simplona que asusta. El Estado de Derecho es seguro cuando protege los intereses económicos dominantes —la monserga de las “las reglas del juego”— y no lo es, cuando esos intereses perciben que hay otros intereses no dominantes que los pueden amagar. Y todo es especialmente inseguro cuando la propiedad y el lucro se ven amenazados por intereses ideológicamente periféricos: consideraciones ambientales, político-nacionales, étnicas, laborales, etc.
En la idea de seguridad jurídica de Piñera y sus lobistas, el derecho está de rodillas: lo único que importa es que garantice el lucro y la ganancia de los intereses dominantes. Todo, por supuesto, en base a reglas y procedimientos formales y solemnes que garantizan que, al final, casi siempre —por no decir siempre— prime el interés económico de los del club.
¿Alguien en su sano juicio cree que la institucionalidad que Benítez y los otros lobistas dicen defender con tanta pasión y desinterés permite que las consideraciones ambientales y nacionales primen sobre el lucro y la propiedad?
Para los lobistas derechos ambientales, derechos laborales y otras rarezas —como el control nacional sobre los recursos naturales— no deben en los casos que importan de verdad, impedir que el derecho que importa —la propiedad y el lucro— muestren todo su poder.
¿No estaba en riesgo la seguridad jurídica cuando una de las empresas en las que Piñera era socio no pagaba el salario mínimo y los trabajadores a viva voz le reclamaban las ilegalidades de que eran objeto? ¿No estaban en jaque las reglas del juego cuando las universidades lucraban, pese a estar expresamente prohibido por la ley? ¿No es poco seguro jurídicamente hablando que un recurso estratégico como el litio se asigne de espaladas a la ciudadanía y ocupando un artificio legal —los contratos de operación— que disfrazan una concesión pura y dura? De ningún modo. Esas reglas legales no importan.
Es que la seguridad jurídica de los lobistas es profundamente estrábica: las reglas del juego que de verdad valen son unas pocas. No es difícil adivinar cuáles.
