Tal como ocurrió con la demanda del Perú contra Chile ante La Haya, que concitó tal grado de “unidad interna” que difícilmente permitió instalar en el debate miradas más críticas de nuestra relación con los países vecinos, ahora frente a los condenables hechos ocurridos en la Araucanía —que la justicia deberá investigar hasta encontrar a los culpables— el gobierno está imponiendo un discurso en que quienes no sostienen que se trata de actos terroristas están del lado “enemigo”.
El gobierno está apelando a la arenga antiterrorista como foco de unidad nacional, en un recurso que pretende situar la seguridad como principio superior bajo el cual debieran cuadrarse los sectores políticos, transversalmente.
Tras plantearla como eje de campaña con la promesa de terminar con la “fiesta” de la delincuencia, la seguridad pública se ha transformado en la piedra en el zapato de la actual administración, al empinarse como la segunda área peor evaluada —junto con la educación— después de la pobreza, según la última encuesta CEP.
Por ello, la permanente demanda de la derecha más conservadora por “mano dura” y la presión de los agricultores de la Araucanía que amenazan con tomar la justicia por su propia mano, generan un peligroso caldo de cultivo para la aplicación de medidas represivas que tengan un claro efecto populista, como la propuesta de diputados UDI de retirar beneficios a mapuches procesados, dar “más rigurosidad” a la prisión preventiva o cambiar la función de los jueces de garantía.
El propio Piñera ha llamado a los chilenos a tomar partido y a definir de qué lado están —“del de la violencia y del terrorismo o del Estado de derecho, la democracia y la paz”—, recordando la célebre frase de George W. Bush: “ O estás con nosotros o estás con los terroristas”, como si el conflicto de la Araucanía se definiera entre amigos y enemigos.
Plantear que existe responsabilidad política o moral de “todos aquellos que de una u otra forma colaboren con estos actos de terrorismo o de violencia protegiendo, amparando, fomentando, justificando o estimulando estos hechos” —como sostuvo Piñera—, no hace más que reforzar la idea de que en este complejo problema histórico-político hay buenos y malos.
Sin respetar la presunción de inocencia como máxima garantía de los imputados y uno de los pilares del sistema procesal penal, el gobierno —una vez más— no ha esperado la investigación penal para calificar de terrorismo el atentado incendiario con resultado de muerte en Vilcún.
Lo mismo hizo el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en los casos del ciudadano paquistaní acusado de llevar trazas de explosivos y de los imputados del caso bombas, que sufrieron prisiones preventivas desproporcionadas, siendo finalmente absueltos de todos los cargos por la justicia.
Y con los pobladores ayseninos, a los que intentó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por bloquear los caminos para llamar la atención sobre sus precarias condiciones de vida, frente a los que debió retirar las querellas.
A pesar de la reforma impulsada en 2010, que quita la presunción terrorista (hoy la justicia debe probar que se trata de hechos con esa connotación), la Ley Antiterrorista mantiene vicios que atentan contra las garantías procesales y el debido proceso, sin adecuarse a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Los mapuche imputados por Ley Antiterrorista han visto disminuidas sus garantías procesales con la figura de los testigos sin rostro (o con identidad reservada), los juicios dobles (por justicia penal ordinaria y por justicia militar), las prisiones preventivas (hay casos en que han estado más de dos años privados de libertad a la espera del juicio) y tiempos de incomunicación excesivamente largos, para luego ser absueltos en un 95 % de los casos.
En vez de impulsar un amplio y profundo debate sobre las razones profundas que están en la base del conflicto mapuche y sobre qué tipo de legislación necesitamos como sociedad para resguardar la paz y el orden público sin transgredir los derechos humanos de los imputados, el manejo político de la compleja coyuntura avizora efectos colaterales que más responden al afán del gobierno de repuntar en su popularidad y de dar una señal de control del orden público que esperan los sectores más conservadores.
Tanto es el afán del gobierno por aprovechar esta coyuntura de crisis para recobrar la confianza —y el voto— del empresariado y de los agricultores de la zona que han cuestionado su capacidad de gobernabilidad, que los ministros del Interior, del Trabajo y de Agricultura, lejos de cuestionar a los camioneros que bloquearon las carreteras en la región en repudio a los actos de violencia en la Araucanía, los apoyan.
Mientras Chadwick respaldó el “testimonio derechazo a la violencia” de los camioneros, Matthei no ve “en este paro ningún deseo de hacer daño a ningún sector productivo” y Mayol les rindió un homenaje a los agricultores de esa zona “que están perdiendo su potencia por la situación de terrorismo puro”.
En definitiva, el gobierno no duda en invocar la Ley Antiterrorista en el caso de Vilcún, pero lejos de aplicar a los camioneros la Ley de Seguridad Interior del Estado como sí intentó hacerlo con los pobladores de Aysén por bloquear calles-, solidariza con ellos. La “mano dura”, entonces, queda claro que es para un solo lado.
La justicia debe investigar y condenar a los culpables del cruento ataque incendiario con resultado de muerte que ha recibido una condena transversal, pero no a costa de la estigmatización del pueblo mapuche. La solución a este conflicto histórico no puede ser una respuesta represiva contra las comunidades ni menos restringir las libertades públicas y derechos de todos los ciudadanos.
Además de la aplicación de la Ley Antiterrorista, existe el riesgo de que aprovechando la coyuntura, el gobierno reactive el proyecto de orden público o Ley Hinzpeter o que el énfasis de la reforma a la reforma procesal penal sea limitar su enfoque de garantía de derechos (como sugieren los diputados de la UDI al proponer un cambio en el rol de los jueces de garantía), en vez de mejorar la coordinación entre los distintos actores del proceso penal.
El efecto colateral de este conflicto que ya está escalando hacia una crisis política, debiera ser el diálogo profundo entre los distintos sectores y no la respuesta represiva y mayores restricciones a los derechos fundamentales de los mapuche y de los chilenos.
(*) Texto publicado en Cooperativa y El Quinto Poder.cl
