Como el arquitecto revisor independiente chanta no había sido notificado, por ese perezoso Seremi, de las medidas disciplinarias de rigor por la infracción cometida, la aludida vecina tuvo la buena idea de recurrir el 11 de enero de 2013 ante Rodrigo Pérez, flamante ministro de Vivienda y Urbanismo, para éste obligue a su subordinado para que ejerza en plenitud sus atribuciones legales.
El 9 de julio de 1996 el director de obras subrogante, por 14 años, (sic) de Viña del Mar, otorgó a la Inmobiliaria Costa de Montemar S.A. cuyos controladores eran la conocida empresa Reconsa, continuadora de la constructora Neut Latour, y la financiera Moneda Asset Management, el permiso de edificación Nº 202 para levantar 3 torres habitacionales de 24 pisos cada una, con un total 423 elegantes departamentos y más de 500 estacionamientos subterráneos.
El proyecto se iba a ejecutar en un maravilloso predio de dunas de 2 hectáreas, localizado en la calle Las Pimpinelas 765 del balneario de Concón, territorio que en aquella época pertenecía a la comuna de Viña del Mar. En la actualidad y desde hace algunos años Concón ya es comuna y su municipalidad todavía carece de un Plan Regulador Comunal (PRC) propio, con lo cual se siguen aplicando las normas de edificación y uso de suelo que contenía el PRC de Viña del Mar.
Leyendo el párrafo anterior todo está relativamente bien, pero resulta que el funcionario viñamarino subrogante, quien graciosamente autorizó ese acto administrativo que le iba a generar una cuantiosa utilidad a su suertudo titular, cometió el insignificante error de leer 24 en lugar de 4 en la zona H-5 de las normas de edificación del PRC de Viña del Mar. Como vemos, para esa zona específica, se establecía y aún se establece, una limitada altura máxima de 4 pisos, con lo cual se constata que la voluntaria equivocación del funcionario significaba construir 20 pisos de regalo para la empresa Reconsa.
[cita]Como el arquitecto revisor independiente chanta no había sido notificado, por ese perezoso Seremi, de las medidas disciplinarias de rigor por la infracción cometida, la aludida vecina tuvo la buena idea de recurrir el 11 de enero de 2013 ante Rodrigo Pérez, flamante ministro de Vivienda y Urbanismo, para que éste obligue a su subordinado a ejercer en plenitud sus atribuciones legales.[/cita]
Pues bien, la inmobiliaria estaba muy contenta con ese obsequio caído del cielo y por ello sus dueños rápidamente iniciaron la construcción de la primera torre de 24 pisos, para lo cual fue necesario emparejar el terreno con equipos pesados de movimiento de arenas, ya que sus naturales ondulaciones perturbaban la ejecución de las obras.
Así fue como don Francisco Soza Cousiño, reconocido actor del mercado en aquella época, dueño de la inmobiliaria, mientras construía su esbelta torre, paralelamente vendía “en verde” los 141 departamentos que conformaban su primer edificio de 24 pisos en esas dunas no declaradas Santuario de la Naturaleza por decisión de aquellos políticos que han ejercido y ejercen el poder.
Tan bien le fue a la inmobiliaria en esa operación comercial, que a la recepción final, otorgada el 4 de diciembre de 1998, un número importante de unidades ya estaban vendidas, ya sea al contado como con créditos hipotecarios bancarios a todos aquellos santiaguinos que disfrutan los fines de semana en las denominadas “segundas viviendas”, mirando plácidamente desde la altura el extenso océano Pacífico.
Mientras la construcción de la torre de 24 pisos estaba en obra gruesa se produjo el lamentable fallecimiento de don Francisco Soza, de tal forma que sus numerosos herederos, especialmente sus hijos, tuvieron que asumir la responsabilidad de continuar con el manejo de sus múltiples actividades productivas. Las otras 2 torres de similar altura que debieron empezar a construirse en los inicios de 1999, por motivos que desconocemos, nunca se edificaron a pesar de lo fácil que era prolongar la vigencia de los permisos, los que, como todos sabemos, caducan inexorablemente a los 3 años desde su emisión.
Ahora bien, transcurrieron los años y a fines del 2006 la empresa, ahora manejada por los hijos del patriarca, quienes carecían de las habilidades de su padre, suscribió un impropio Protocolo de Acuerdo con la Municipalidad de Concón para enmendar el PRC con el objeto de que en ese instrumento la zona H-5 se transformara por arte de magia en H-7, la que sí permite construir con altura libre.
Pero el ardid concebido y acordado por las partes falló porque vecinos del sector, liderados por la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concón, recurrieron ante la Contraloría General de la República denunciando esa mala práctica, la que quedó en evidencia en dictamen Nº 3652 del 13 de julio de 2007 emitido por su delegación regional de Valparaíso.
A raíz de esa contundente resolución del órgano fiscalizador el compungido Concejo Municipal de Concón se vio en la necesidad de dejar sin efecto todo el proceso de enmienda y por lo tanto también el presuntuoso Protocolo de Acuerdo firmado con la inmobiliaria, la que no podía creer lo acontecido.
En vista de lo anterior el ofuscado privado interpuso un recurso judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que obviamente falló en contra de sus deseos, razón por la cual sus ágiles jurisconsultos recurren de casación en el fondo ante la Corte Suprema haciendo valer sus presuntos derechos. La Tercera Sala del máximo tribunal del país, analizó los antecedentes y, como era lógico, el 15 de noviembre de 2012 confirmó la sentencia de la instancia inferior.
En la tramitación judicial intervino un arquitecto revisor independiente por cuenta de la inmobiliaria, quien tuvo el descaro de atestiguar en un informe por escrito una serie de hechos inventados por él, los que fueron desautorizados por la propia Dirección de Obras de Concón y por la sentencia judicial. Ante este incorrecto proceder de ese profesional, una vecina que tiene los conocimientos necesarios, lo denunció el 15 de enero de 2009 ante el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la V Región, funcionario público que sistemáticamente, y por el lapso de 4 años, se ha negado a sancionarlo.
En vista de lo anterior y como el arquitecto revisor independiente chanta no había sido notificado, por ese perezoso Seremi, de las medidas disciplinarias de rigor por la infracción cometida, la aludida vecina tuvo la buena idea de recurrir el 11 de enero de 2013 ante Rodrigo Pérez, flamante ministro de Vivienda y Urbanismo, para que éste obligue a su subordinado a ejercer en plenitud sus atribuciones legales.
En el evento de que el ministro Pérez no se atreva a exigirle a su representante en la V Región lo que tiene que hacer, ya le propusimos a la vecina acusadora que acudiera al Colegio de Arquitectos para que su Comisión de Ética resuelva a la luz de los antecedentes que ella aportará.
