En una nación democrática, es la ciudadanía vía mandato la que va conduciendo al país y son sus habitantes —mediante la conformación de mayorías— los que van construyendo el entramado político, legal e institucional que les rige, acorde con sus posiciones y necesidades.
En una nación democrática, el principal mecanismo para recorrer este camino es la representación a través de mandatarios y la consulta directa mediante plebiscitos o referéndum.
Todo esto, en una nación plenamente democrática. Aspirable estado en el cual por cierto que hoy Chile no se encuentra.
Gracias al sistema binominal y a los quórum supra mayoritarios exigidos para cambiar la Constitución, un grupo minoritario (en votos, primero, y en representantes, después), tiene la posibilidad de vetar cualquier cambio estructural que permita modificar sustantivamente un sistema económico y social a todas luces injusto. Empíricamente injusto a la luz de todos los estudios serios que abordan la desigualdad en Chile.
Pero sería fácil responsabilizar de todo a la derecha, en especial a la UDI, a ese grupo minoritario agradado con el status quo. Fácil cuando la realidad demuestra que en el día a día muchos, demasiados a estas alturas, de quienes debieran ser los representantes del sentir ciudadano en el ámbito político en la práctica se mandan solos. En corta, legislan en contra de la gente.
Es cosa de evaluar la aprobación de la Ley de Pesca o el presupuesto para educación, y la tramitación de iniciativas como la Carretera Eléctrica Pública y la de Concesiones Eléctricas, o el rechazo a la idea del legislar para modificar el sistema binominal, para entender que la clase política no traslada al parlamento lo que la ciudadanía pide (en las calles, en asambleas o en las encuestas). O, mejor dicho, no es mandataria de quienes los elijen sino de otros intereses. Patético es que los chilenos votemos por representantes y terminemos teniendo jefes.
Porque la lógica democrática señala que cuando los ciudadanos y ciudadanas toman una decisión sobre los grandes temas del país, debe ser la política, los políticos más estrictamente, la que se haga cargo de ese sentir y lo ponga en práctica tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Así se elaboran las leyes que nos rigen.
Y son esas leyes las que deben interpretar los tribunales de justicia, nuestros jueces, para aplicar en diferido el sentir de la nación.
Porque el derrotero lógico de una nación democrática es un pueblo que decide, unos políticos que legislan, unos tribunales que interpretan, una administración que pone en práctica.
Pero hoy por hoy, algo se ha quebrado. La política, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, no se está haciendo cargo del sentir ciudadano, no está escuchando, y han debido ser los tribunales los que tomen algunas decisiones interpretando el anhelo de justicia de la ciudadanía, basados en ciertas brechas que la neoliberal Constitución de Pinochet dejó abiertas.
Así ha quedado demostrado emblemáticamente con los fallos sobre las termoeléctricas Castilla y Bocamina, y la represa río Cuervo, y en los argumentos de minoría por HidroAysén.
Lo que hoy ocurre no es normal en un estado democrático. Porque en uno que se precie de tal, no deben ser los tribunales los que resuelvan controversias que son del ámbito de la política. Pero no de la que tenemos actualmente, exclusivamente partidizada y muchas veces bailando sólo al ritmo de quienes tienen el poder y el dinero (casi siempre los mismos), y totalmente clientelar, sino de la que incorpora el sentir del país en la toma de decisiones. A sus ciudadanos y sus organizaciones.
Mientras aquello no se entienda, seguiremos avanzando hacia una crisis de proporciones que, precisamente, es a la política a la cual le corresponder prevenir.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
