Hay evidencias claras que en el sector inmobiliario no se exige el cumplimiento de la ley para los proyectos de altas inversiones porque los que detentan el poder político, es decir, los que están en el Palacio de La Moneda sostienen que los grandes actores privados de este mercado tienen que ser ayudados por la servicial administración del Estado.
El arquitecto Jorge Iturra es funcionario municipal y ejerce el cargo de asesor urbano de la Municipalidad de Castro. Asociado al título de esta columna más adelante se reproducen 2 cartas suyas al director del diario “La Estrella de Chiloé”, publicadas el 11 y el 14 de febrero pasado.
¿Qué dicen esas publicaciones?
La primera dice: “El artículo de La Estrella de Chiloé, denominado Polémica por instalación de ventanas en mall de Castro deja al descubierto la corrupción política existente y el impedimento que tal corrupción significa para la aplicación de la ley y el principio de igualdad que la Constitución Política de la República de Chile establece para todos los chilenos sin distinción”.
La segunda dice: “Un Estado de Derecho es aquel en el cual los funcionarios públicos vigilan el cumplimiento de la Constitución y la Ley que deben cumplir todos los ciudadanos y principalmente ellos mismos dando el ejemplo y mostrando una conducta recta e intachable. Un Estado Social de Derecho aparte de respetar la legalidad respeta y protege los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución como la vida, la libertad, la salud, la dignidad, etc. En un Estado de Derecho los funcionarios públicos y todos los que reciben sueldo del Estado deben trabajar para los ciudadanos y no para los partidos políticos porque el sueldo se lo paga el Estado de Chile y no el partido político. Utilizar al Estado con otro fin constituye corrupción”.
Pues bien, Iturra es un funcionario público probo que se vio en la necesidad de recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) denunciando el cúmulo de malas prácticas privadas con ocasión de la construcción del conocido mall de Castro, proyectado por un arquitecto extranjero –Rodolfo Miani– personaje que por razones obvias desconoce la normativa nacional. Nuestra fundación hizo lo propio a partir de marzo del 2012 y el Colegio de Arquitectos de Chile, a instancias de su Delegación Regional de Chiloé, también acudió oportunamente a la CGR.
[cita]Hay evidencias claras que en el sector inmobiliario no se exige el cumplimiento de la ley para los proyectos de altas inversiones porque los que detentan el poder político, es decir, los que están en el Palacio de La Moneda sostienen que los grandes actores privados de este mercado tienen que ser ayudados por la servicial administración del Estado.[/cita]
En diferentes ocasiones ya nos hemos referido a este mal localizado adefesio y la opinión pública ya conoce el categórico dictamen Nº 61.211 del 03/10/12 emitido por el ente fiscalizador, documento oficial que dejó muy mal parada tanto a la Municipalidad de Castro como al temerario inversionista. La directora de obras municipales ha paralizado las obras del mall en numerosas ocasiones, pero la Constructora Salfacorp, la misma que levanta Costanera Center en Santiago, en conocimiento de que en Chile, en este ámbito de materias nada funciona, adoptó la decisión más conveniente para sus intereses y así nunca ha acatado esas precisas órdenes de suspensión de faenas cursadas por la autoridad competente en el papel.
Con el ánimo de transparentar una situación demostrativa del imperio de la ley de la selva, la misma que Nicanor Parra con su habitual humor decía que tampoco se cumple en nuestro país, en pocas palabras relataremos un episodio desconocido por el 99,9 % de la población, el que nos atrevemos a calificar de grotesco y hasta anecdótico por provenir de la más alta autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Vamos al grano:
El 11 de marzo de 2012, hace once meses, el presidente con el directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, 7 Premios Nacionales de Arquitectura, 14 Decanos y Directores de Escuelas de Arquitectura, 22 arquitectos de Chiloé y 179 renombrados arquitectos chilenos, en forma muy comedida, le envían una carta a Rodrigo Pérez Mackenna, en su condición de ministro del ramo, indicándole lo que estaba aconteciendo con la construcción del mall. Entre otras cosas, le expresaron que estaban sumamente preocupados por la mala señal que se estaba dando al mundo del urbanismo y desarrollo patrimonial de Chile con el comportamiento alejado de la ética profesional y empresarial del titular del proyecto. Por ello instaban al ministro en orden a que era necesario la pronta aplicación del marco regulatorio para que volviera a prevalecer el principio de legalidad y de igualdad ante la Ley.
Le explicaban que no podía ser posible que todos los pasivos urbanísticos, ambientales y sociales que se estaban produciendo por la política de los hechos consumados que desarrollaba Pasmar S.A. tenían que ser pagados por la ciudad patrimonial de Castro y conforme a ello le solicitaron al ministro que su Seremi de Vivienda y Urbanismo ejerciera su rol contenido en el artículo 157º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Esta ley contempla que, con el auxilio de la fuerza pública, se deben paralizar y hasta demoler las obras ilegales.
El 19 de abril de 2012, el ministro Pérez Mackenna responde a esa orden profesional, expresando en síntesis que los pasos seguidos por la Municipalidad de Castro habían sido los correctos (sic), desviando la atención al hecho de que ese Ministerio estaba formulando una Política Nacional de Desarrollo Urbano y que, con su futura implementación, este tipo de sucesos no se iban a repetir. Como vemos, el ministro utilizando excelentes retóricas se sacó el pillo y dejó que todo siguiera su curso, liberando por lo tanto al Seremi sectorial, Fernando Gunckel, que cumpliera con su deber legal.
El 7 de noviembre de 2012 nos dirigimos al mencionado ministro, solicitándole una entrevista para darle a conocer todas las ilegalidades cometidas en el transcurso de los hechos. Entre otras cosas, le manifestamos que su respuesta al Colegio de Arquitectos de Chile adolecía de graves inconsistencias que debían ser aclaradas. Debido a que esa anodina carta firmada por él había sido redactada por algunos de sus colaboradores, posiblemente por el mismo seremi Gunckel y/o por algún funcionario santiaguino, le proponíamos que instruyera un sumario administrativo al interior de su ministerio con el objeto de que se conocieran las razones que tuvieron los funcionarios que redactaron esa pueril respuesta que le ocasionó un perjuicio a la credibilidad de su persona.
Pérez Mackenna, político hábil en el manejo de situaciones conflictivas, optó por no responder con lo cual se desentendió absolutamente del caso. A esta fecha, aunque el lector no lo crea, Pasmar y SalfaCorp, la más importante de las empresas constructoras chilenas, continúan campantes terminando las faenas del polémico mall y por tal motivo se justifican plenamente las imprecaciones del arquitecto Iturra, las que compartimos.
En resumen, hay evidencias claras que en el sector inmobiliario no se exige el cumplimiento de la ley para los proyectos de altas inversiones porque los que detentan el poder político, es decir, los que están en el Palacio de La Moneda sostienen que los grandes actores privados de este mercado tienen que ser ayudados por la servicial administración del Estado.
Recordemos que la corrupción focalizada en este sector de la economía genera acumulación de riqueza en pocas manos y éste es el principio que guía a los gurúes del capitalismo llevado a extremos.
La igualdad ante la ley que pregona el arquitecto Iturra de la ciudad de Castro es una entelequia en los servicios del ejecutivo en nuestro querido país, salvo que los afectados por la prepotencia de los poderosos recurran a los tribunales de justicia, instancia donde sí se aplica el derecho y por ello las asociaciones empresariales, los medios tradicionales dominantes y los centros de estudios pro laissez faire están disgustados con una serie de últimos fallos de la Corte Suprema.
