ANÁLISIS
El mandato del papa Francisco presenta un doble desafío. Primero, responder a la perspectiva religiosa de los actuales conflictos del catolicismo y, segundo, abordar la dimensión política de la Iglesia, que se inserta en el mundo del poder y los mercados. Precisamente en tiempos en que el neoliberalismo tiene vocación universal y pretensiones de pensamiento único.
Francisco, el papa jesuita e ítalo-argentino, es el primer pontífice latinoamericano, que con 76 años de edad se hace cargo de una nueva etapa de la Iglesia Católica. Tras dos días de Cónclave, el mundo resulta sorprendido con el cardenal electo. Una figura que ya comienza a generar polémica, pues mientras saluda con un simpático “Buona sera”, pidiendo la bendición de su pueblo, las redes sociales difunden sus antiguas fotografías dando la comunión a los dictadores Videla y Galtieri.
Un profesor, diplomado en química y licenciado en filosofía, heredero de un empleado ferroviario y una dueña de casa, inmigrantes italianos pobres, muy distintos a los elegantes cardenales papábiles de la socialité de Milano y Sao Paulo. Su designación es un efecto más de la conducción de Benedicto XVI, quien con su renuncia –digna de un avezado estratega político– abrió la puerta a la realpolitik y levantó una barrera al modelo gregoriano de la curia a la que pertenecen. Una élite acostumbrada a estar bajo órdenes de una monarquía absoluta y que hoy deberá enfrentar lo que muchos llaman una Primavera Vaticana.
Continuismo versus democratización
Es un momento clave, pues las tensiones de la fe católica se han expuesto profusamente como lastres del pontificado y de un Estado en crisis. Todo ello en un escenario, en que teólogos, políticos y juristas se enfrentan con paradigmas antagónicos: el statu quo versus la democratización. Bajo esta última tesis, defendida de modo incipiente por Ratzinger, se hace urgente la redefinición de los límites de la responsabilidad del sumo pontífice y el rol de la justicia en los delitos cometidos por miembros de la Iglesia. Esto, según la actual visión de los derechos humanos, centrada en una ciudadanía crítica a la debacle financiera y a la precariedad de una sociedad de derechos garantizados.
[cita]El papa Francisco tendrá en sus manos la modernización de la Iglesia que esta primavera vaticana exige. No se trata de una reforma fundacional o un cisma, sino de implementar una estrategia que vincule a la Iglesia con la sociedad de derechos garantizados. Por el contrario, si cae presa de un gobierno continuista, previo incluso al estilo benedictino, arriesga la muerte progresiva y la involución del poder político del Vaticano, dando en bandeja el triunfo al neoliberalismo que dice combatir.[/cita]
Por eso, el mandato del papa Francisco presenta un doble desafío. Primero, responder a la perspectiva religiosa de los actuales conflictos del catolicismo y, segundo, abordar la dimensión política de la Iglesia, que se inserta en el mundo del poder y los mercados. Precisamente en tiempos en que el neoliberalismo tiene vocación universal y pretensiones de pensamiento único.
Francisco el pastor latinoamericano para la Iglesia del tercer milenio
La elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, es una clara señal del posicionamiento de las tesis reformistas y la relevancia de América Latina. Su diálogo de décadas con los movimientos de izquierda y el eurocomunismo, ha quedado plasmado en su obra escrita. De ello, da cuenta su libro “Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro”, además de su participación en la Conferencia de Aparecida, hablando abiertamente de la concentración de la riqueza y la desigualdad como fuente de las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, ya en el año 2005 su nombre tomó fama: su propuesta de un nuevo Concilio y la obtención de la segunda mayoría en el cónclave que eligió a Ratzinger, le permitieron consolidar las redes en la curia no conservadora. Por cierto, el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo de la naturaleza y los pobres, dan muestra de su vocación por una doctrina de mayor compromiso social contra la vorágine neoliberal.
Jefe de Estado teocrático a Jefe de Gobierno y Estado globalizado
Benedicto XVI, más que un intelectual en las covachuelas de la corte, ha sido un actor político imbuido en los problemas que aquejan a la Iglesia. Cuando asumió en 2005, había ejercido distintos roles de judicatura y gestión administrativa, abogando siempre por tesis conservadoras. Sus apoyos fueron las poderosas iglesias alemana y belga, que se han arrogado las bases de la teología más estricta y ejecutoras del manto de silencio que cubrió a disidentes como Hans Küng, su mayor contradictor.
Por ello, en una línea de acción inesperada, su pontificado intentó abrirse a la globalización, aunque con un paso sólo indiciario. Si de una parte criticó los excesos del neoliberalismo, a través, por ejemplo, de la encíclica Caritas in veritate, defendiendo el derecho humano a un sueldo digno o el derecho al desarrollo como prerrogativas de última generación; de otra parte su lobby no logró afincar un mayor protagonismo contra la crisis de su propia cuna: España e Italia.
La forma de conducir el gobierno alejó a sus antiguos aliados, pero le valió el apoyo de las redes sacerdotales de menor poder. Al fin y al cabo, los vicios de las monarquías absolutas se replican en el Vaticano. Así lo develarían los libros Vatican S.A y Sua Santitá: Le lettere segrete di Benedetto XVI, conocido este último como “Vatileaks”, ambos de Gianluigi Nuzzi. Los crímenes de ciertos personeros, se entrelazan con regímenes autoritarios; lavado de dinero de las mafias europeas; y un vínculo siempre estrecho con el fascismo y las facciones más derechistas de la Democracia Cristiana, las mismas de la muerte de Aldo Moro en 1978, el escándalo de Tangepoli en 1993 y la tolerancia desde el 2001 al bunga bunga de Berlusconi.
Los desafíos de la gobernanza vaticana
El gobierno de la monarquía del Vaticano ha sido ineficaz en las últimas décadas, pues carece de controles permanentes a los actos de sus autoridades, abrigando no sólo delitos sino conflictos de interés y corruptelas varias. El desafío del nuevo Papa será entonces implementar una reforma basada en el concepto de una gobernanza vaticana y transparencia de sus actos para un Estado globalizado.
En efecto, todo el aparato gubernamental es una estructura sobre la cual el mismo pontífice tiene la atribución de reformar y que en el último medio siglo no ha sido modificada. El punto es definir el itinerario y los apoyos cardenalicios para ejecutar ese plan reformador. De seguir este camino, serán el Governatorato y la Comisión Pontificia (símiles de Ejecutivo y Legislativo) sus mejores aliados para las transformaciones institucionales del tercer milenio, cuyos miembros tiene la obligación de nombrar. Asimismo, la modernización de los ministerios (dicasterios) depende de su propia iniciativa sin mayores límites que la Constitución vaticana.
Ergo, será interesante aplicar modelos de carrera funcionaria y fiscalización cruzada, abriendo al mundo secular la coparticipación en cargos que requieran autonomía, y crear un órgano contralor general que resuelva las cuestiones de derecho administrativo. Esta gobernanza significa restar discrecionalidad al ejercicio del poder y someterlo a una normativa pública, imponiendo inhabilidades y prohibiciones de ejercer determinados cargos. La clave será poner fin al limbo de la administración vaticana según las exigencias de la sociedad civil.
Diálogo religioso e intercultural más allá de las crisis humanitarias
Las guerras y las situaciones de graves lesiones a los derechos humanos pueden ser frenadas a través de una diplomacia efectiva, que incluya el diálogo religioso e intercultural permanente. El acercamiento al Islam, al Judaísmo, a las iglesias cristianas de rito oriental, y a los grupos étnicos con religiones ancestrales, es un imperativo para la política vaticana del tercer milenio, sino continuará aislada y siempre bajo la crítica de una actuación tardía y discriminadora. Así ha ocurrido con los indígenas en la Amazonía, los monjes tibetanos, los saharahuis y los palestinos de Gaza.
En cuanto al rol de la mujer y los jóvenes en la Iglesia, así como el urgente posicionamiento en el debate bioético, la Iglesia tiene décadas de planteamientos no dogmáticos y actuales aguardando en los centros de estudios y en las calles de Ginebra, Basel y Lucerna. De esta realidad, el pontificado de Francisco I, no puede evadirse. Mientras el mundo avanza en secularidad y laicismo, hay una intelectualidad católica abierta a la inclusión de temas como el aborto, el divorcio, la homosexualidad y otros, que es necesario respetar, pues forman parte de la moral individual. Bástenos citar un caso: en tanto avanzan las investigaciones sobre el gran colisionador de hadrones de Ginebra, la mayoría de sus científicos llevan sus rosarios, van a misa y creen en la cosmogénesis del padre Pierre Teilhard de Chardin sin por ello debilitar las bases del catolicismo.
El rol del nuevo papa en las finanzas y “bilancio” para un Estado vaticano
Los escándalos del Instituto de Obras de Religión (IOR) —más conocido como Banco Vaticano— son un triste déjà vu del caso del Banco Ambrosiano de 1978, tan bien retratado por Coppola en el film El Padrino III. El manejo negligente del brazo derecho del Papa, actual camarlengo, Tarciso Bertone, ha sido advertido por la justicia italiana hace menos de dos meses. La razón: obstrucción a investigaciones, informes financieros falsos y la negativa a aplicar normas del Convenio de Basilea II, propias de la banca internacional. Fue tal la presión de las autoridades de la zona euro que el propio pontífice —a seis días de dimitir— destituye al ingeniero del sistema, Ettore Balestero, aliado de Bertone.
Francisco tendrá la oportunidad de corregir esta situación. Deberá designar el nuevo directorio del banco, velando por la aplicación de las medidas de transparencia en valores y activos bancarios. Ello significa no sólo resolver la denuncia de casos de lavado de dinero, sino la instauración de un modelo de operaciones acorde a las normas de libre competencia y prevención de delitos financieros. Es la única manera de erradicar a los vatican insiders, que abusan de la información privilegiada y cometen delitos o se involucran en conflictos de interés, muchas veces groseramente. Por lo demás, puede dictar normas de autorregulación, autorizar auditorías y crear dos instituciones de control. Una superintendencia y una fiscalía independientes del secretario de Estado de turno, que controlen la actividad del banco e investiguen y sancionen a sus funcionarios cuando cometan faltas y delitos.
Resulta crucial la reestructuración en esta materia, ya que los ingresos del banco constituyen parte importante del “bilancio vaticano generale”, presupuesto de la Iglesia, y su estabilidad asegurará la urgente reforma gubernativa, así como la labor de la Santa Sede.
Vaticano responsable ante la justicia y los derechos humanos
Fue Benedicto XVI, quien pidió perdón en nombre de la Iglesia a las miles de víctimas de los crímenes sexuales, especialmente, en aquellos casos en que sus autores fueron protegidos de forma sistemática —cual política de Estado— por autoridades eclesiásticas. La reapertura de causas sobreseídas temporalmente, la excomunión de sacerdotes y cómplices ligados a la Iglesia, las medidas de reparación económica y la modernización del sistema de denuncias son un esfuerzo por aplicar justicia. Sin embargo, la sanción penal efectiva de tales casos siempre es una obligación de los Estados de las víctimas, y la iglesia debe ser un coadyuvante a su prevención y sanción.
El mandato de este pontificado será modernizar la justicia vaticana en materias penales comunes y someter a su Estado a la justicia internacional en casos de crímenes de lesa humanidad. El primer paso será político, pues implica permitir la persecución de sus ciudadanos, muchos de alta jerarquía, lo que además puede ser complementado con una reforma del Tribunal Penitenciario Vaticano, a fin de convertirlo en una entidad que sea más que un “tribunal de fuero interno”. El segundo paso será retirar la reserva a los pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Incluso, buscar la reparación de las víctimas a través de la conciliación y de consultas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en casos complejos, como el de la política de encubrimiento en materia de abusos sexuales.
El papa Francisco tendrá en sus manos la modernización de la Iglesia que esta primavera vaticana exige. No se trata de una reforma fundacional o un cisma, sino de implementar una estrategia que vincule a la iglesia con la sociedad de derechos garantizados. Por el contrario, si cae presa de un gobierno continuista, previo incluso al estilo benedictino, arriesga la muerte progresiva y la involución del poder político del Vaticano, dando en bandeja el triunfo al neoliberalismo que dice combatir. Eso, aunque sea el nuevo sospechoso de siempre y todas las conspiraciones conduzcan a Roma.
