En distintas ocasiones nos hemos referido al asunto de las universidades privadas creadas como fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro en teoría. La última vez que lo hicimos fue el 21 de noviembre de 2012 en un seminario ad hoc llevado a cabo en la Universidad Central en donde expusimos junto a la periodista María Olivia Monckeberg y al abogado Patricio Cavada. La postura allí expresada se refleja en columna “Lucro a través de mentiras” publicada el 29 de septiembre de 2012 en columna de El Mostrador.
Pues bien, la primera de estas instituciones de enseñanza superior fue la Universidad Gabriela Mistral cuya dueña y rectora, desde siempre, ha sido la conocida abogada Alicia Romo quien ha sabido manejar muy bien su institución para que tenga un crecimiento continuado en el tiempo.
A raíz de la ausencia de una reglamentación acorde al importante rol que ellas tienen en el ámbito del desarrollo del país hemos llegado a un estado de anarquía y desinformación generalizada en este ámbito de materias. Todos los agentes públicos y actores privados que se desenvuelven en el tema sabían que estábamos ante un negocio privado muy bien urdido aprovechando las franquicias tributarias que le otorga el Estado al sector de la educación. Es decir, podríamos asegurar que los inversionistas que han ingresado a este mercado compiten desigualmente con los otros sectores de la economía produciéndose entonces una competencia desleal avalada por quienes han gobernado el país los últimos 32 años.
[cita]Aprovechamos la ocasión para recordarle al ministro Beyer que todavía está pendiente su respuesta sobre la nómina de las personas jurídicas y naturales que figuran como socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General de las universidades que son corporaciones y de los miembros de los directorios de las universidades que son fundaciones, como asimismo un listado de las mismas corporaciones y fundaciones con sus respectivos RUT, información clave que debería estar registrada y permanentemente actualizada en una base de datos del Ministerio de Educación.[/cita]
La prensa se ha referido profusamente a las irregularidades cometidas al interior de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en el proceso de certificación de las universidades e institutos profesionales y como consecuencia de ello hay personas imputadas y formalizadas por el Ministerio Público, sin que hasta ahora se haya tocado ni con el pétalo de una rosa a los distinguidos grandes financistas que han lucrado sistemáticamente con esta ingeniosa actividad instituida para posibilitar ganancias rápidas a través del laissez faire imperante.
Como el gobierno habilidosamente ha soslayado el tema del lucro ilegal para no incomodar a algunos personeros del ejecutivo y a otros tantos que conforman la misma casta política de siempre, quienes tienen, al igual que algunas multinacionales, uno que otro interés en estas pomposas fundaciones y corporaciones de derecho privado, se ha focalizado el asunto en el tema de las acreditaciones. Así se ha puesto una perfecta cortina de humo para desviar la atención y entretener a nuestra cándida opinión pública.
Siguiendo la pauta que ha dado el gobierno como principal preocupación en este tema, veamos qué es la célebre CNA conformada por 15 personas remuneradas por el Estado:
En nuestra opinión ha sido un intento fallido para regularizar la calidad académica y la viabilidad en el tiempo de cada proyecto universitario.
¿Quiénes la componen? Diversos representantes de las propias universidades, tanto públicas como privadas e institutos, representantes de los estudiantes, algunos designados por el presidente de la República y otros en sus calidades de actores “destacados” del mundo empresarial. Como vemos, en su seno hay un variopinto conjunto de personajes, la mayoría relacionados con el quehacer educacional, siendo algunos funcionarios de las universidades los que tienen que evaluar los méritos de sus propios empleadores. Para evitar los enojosos conflictos de interés que necesariamente se producen en las votaciones de esta instancia colegiada, automáticamente se originan las consabidas inhabilidades de rigor.
¿Y cómo se resuelven esas inhabilidades? Como estamos en Chile, se solucionan de la manera más amistosa para que todos los intervinientes salgan airosos. En la CNA no hay un profesionalismo riguroso debido a que muchos de sus miembros no cuentan con la calificación aceptable para acreditar una universidad.
Como un ejemplo demostrativo de la incapacidad que esta CNA ha tenido para acreditar a dichas instituciones es que el propio organismo regulador carecía de un reglamento interno para ejercer su labor y por ello no fijó parámetros y mediciones objetivas, conocidas e informadas, de cómo evaluar a las universidades e instituciones que se sometían a su escrutinio. Pero resulta aún más caprichosa la forma en que se elegían los pares evaluadores que iban a recabar datos a las sedes universitarias, trámite express de unos pocos días que hacían profesores e incluso autoridades de otras universidades que competían en la captación de alumnos.
Recordemos que mientras mayor es la cantidad de alumnos que tienen dichas universidades más fácil es que instituciones internacionales dedicadas a este negocio las compren: UNIACC, Universidad de Las Américas, Universidad Andrés Bello, etc.
En este turbio e incontrolado ambiente, avalado por el Estado, los dueños y/o controladores, como también las autoridades superiores de las universidades, estaban prácticamente obligadas a hacer lobby ante la CNA para obtener las acreditaciones porque en sentido contrario quedaban al margen de una evaluación favorable.
Y así fue como en este enrarecido escenario surgen las tristemente célebres figuras como la del formalizado por delitos Eugenio Díaz, quien llegó a ser miembro de la CNA a instancias de una abrumadora mayoría de las universidades privadas. Su promotora para tal propósito, fue la experimentada educadora Alicia Romo cuya universidad fue acreditada por 3 años. En todo caso, dentro de la esfera de la educación superior Díaz era considerado un eficiente experto en tramitación, a quien se le rendía culto por su erudición y experiencia.
Otro de los formalizados por el fiscal a cargo de indagar la comisión de delitos es Héctor Zúñiga, socio, controlador y rector de la Universidad del Mar, quien tuvo el descaro de suscribir un contrato millonario con una de las empresas de Díaz para pagar la acreditación. Está acusado de cohecho y lavado de activos y era tan escabroso el manejo de esa universidad que cada sede tenía sus propias reglas para operar y retirar los dineros. En lo académico la Decana de Medicina era una profesora que se auto tituló de enfermera y médica, quien circulaba por las aulas y espacios universitarios arropada con un impecable delantal blanco con su ostentoso y trucho título profesional en el pecho: así daba clases y atendía a sus confiados pacientes. Este hecho, inédito en Chile, configura un nuevo y triste record Guinness para nuestro país.
El tercero que ha sido sorprendido y caído en desgracia es el empresario hotelero y conocido hombre público, Ángel Maulén, quien ha tenido bastante éxito con sus preuniversitarios Pedro de Valdivia. Tan bien le fue en esa actividad de negocios que enseguida temerariamente incursionó instalando una universidad con el mismo nombre. Tuvo la mala ocurrencia de aceptar los gentiles ofrecimientos de Díaz para facilitar la acreditación de su novel universidad. El contrato respectivo fue firmado por su universidad y el monto fue pagado al operador Díaz por una de sus empresas relacionadas y esta figura lo hundió.
Debemos entender que Maulén no forma parte del distintivo Club de los influyentes dueños de ciertas universidades privadas, las que suponemos también habrían recurrido al todopoderoso Eugenio Díaz solicitándole sus “buenos oficios”. Se puede inferir que esos mismos activos personeros intervinieron para que la institucionalidad urbanística le impidiera a Maulén construir la Escuela de Medicina de su universidad en el sector Camino El Alba de Los Dominicos, comuna de Las Condes, a pesar de que la normativa del Plan Regulador se lo permitía : tal vez se asustaron con la competencia. También ciertos encumbrados vecinos que habitan lujosas mansiones, ante la posible irrupción de masas estudiantiles extrañas al exclusivo barrio, reclamaron ante las más altas autoridades del país, las cuales ante ese riesgo latente rechazaron el invasivo proyecto.
El cuarto implicado y amenazado de formalización es José Enrique Schroeder, ex rector de la Universidad SEK, porque recibió correos electrónicos de Díaz pidiéndole que se le contratara como “directivo de vinculación con el medio” (sic), mensajes que el ex rector por considerarlos improcedentes, no respondió. Schroeder ha reconocido que Díaz le ofreció asistencia para presentar un mejor informe para la acreditación.
Aparte de lo anterior, Díaz le pidió a Schroeder, mientras era rector, que contratara a una periodista y sobrina de él, que resultó no serlo y cómo esa práctica de contratar recomendados es de habitual ocurrencia en las universidades privadas, accedió a ello. La presunta sobrinita ejerció labores en una dependencia de la Vicerrectoría Académica por un sueldo mensual del orden de los $ 500.000. Allí estuvo 5 meses haciendo el trabajo encomendado a honorarios de mercado.
Dado que conozco al ex rector, quien es profesor de historia y doctor en educación, emitiré a continuación algunos juicios interesados a sabiendas que hasta ahora, a diferencia de los tres casos anteriores, no hay evidencias que lo involucren con presuntos delitos.
En efecto, me han parecido precipitados los avisos de formalización que han aparecido profusamente en la prensa. El profesor Schroeder, es un destacado académico que ha hecho clases durante 30 años, ha ocupado diversos cargos en universidades públicas y privadas y en ninguna de esas funciones ha sido cuestionado, por el contrario, nos consta que es muy apreciado entre sus alumnos y en el mundo académico, razón por la cual no logramos entender por qué se encuentra en esta embarazosa situación.
Por otra parte él no es dueño ni controlador de dicha universidad, ni tampoco formaba parte de la Junta Directiva, en consecuencia fue sólo un empleado, por lo tanto no percibimos el interés de él en involucrarse en las prácticas corruptas que se están investigando, más todavía si él no se beneficiaba y el monto del supuesto cohecho, modestos $ 2.500.000, dista de las enormes cifras que cobraba Díaz por sus asesorías: arriba de $ 50.000. 000, protocolizados en contratos personales y/o con sus empresas relacionadas.
Por lo demás, de acuerdo a notas de prensa, se ha establecido que la Universidad SEK no le ha pagado ningún honorario a Díaz, ni a sus empresas, lo que significa que entre esas partes no se ha suscrito contrato alguno, a diferencia de los otros casos que el acucioso fiscal está indagando.
Finalmente resulta sorprendente que mientras el ex rector enfrenta con buen talante las acusaciones, porque se sabe inocente, Jorge Segovia, presidente de la Junta Directiva, dueño y controlador de la Universidad SEK, oportunamente se haya ido a España, su país de origen, no volviendo ni siquiera para declarar, respondiendo las preguntas del fiscal sólo por internet, situación incomprensible para todos. Segovia, actor principal en un pasado conflicto en el fútbol chileno, ha demostrado ser un adicto a las nuevas tecnologías, ya que también renunció por mensaje de texto a su cargo de Vicepresidente de la ANFP.
Me parece bien que se persigan los presuntos delitos derivados de la desorganización en la CNA, pero no podemos perder de vista que nos estamos apartando del fondo del asunto, cual es el lucro ilegal cometido por los inversionistas de estas universidades privadas. Sabemos que unas pocas de ellas reinvierten sus excedentes en el giro educacional para el cual fueron creadas, es decir, dignificando sus quehaceres laborales.
Aprovechamos la ocasión para recordarle al ministro Beyer que todavía está pendiente su respuesta sobre la nómica de las personas jurídicas y naturales que figuran como socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General de las universidades que son corporaciones y de los miembros de los directorios de las universidades que son fundaciones, como asimismo un listado de las mismas corporaciones y fundaciones con sus respectivos RUT, información clave que debería estar registrada y permanentemente actualizada en una base de datos del Ministerio de Educación.
Ante nuestro requerimiento, ese ministerio nos contestó el 3 de septiembre de 2012 que tal información no la tenía y que confeccionarla implicaría un trabajo extra que no está en condiciones de realizarlo…………. (?).
Si el Ministerio de Educación, en su calidad de custodio del buen funcionamiento de las universidades privadas, no sabe quiénes son los dueños y/o controladores de las mismas, ¿qué otro organismo del Estado conocerá esa información? Sospecho que nadie y por lo tanto se infiere que esta lucrativa actividad se desenvuelve regida exclusivamente por la Ley de la Selva.
Por lo tanto está pendiente una reingeniería total al sistema y quienes deben asumir esta responsabilidad son los políticos a quienes los ciudadanos les hemos entregado nuestra representación para que, practicando sus amplias atribuciones, hagan bien las cosas.
