Opinión
Es el trabajo de Ascanio Cavallo el que más sorprende, pues en una extensa serie de tres artículos desarrolla y comenta en detalle algunos de los procesos y eventos que ocurrieron esa fatídica madrugada. Sorprende por la manera en que, audazmente, se aleja del periodismo e incursiona en la hermenéutica manipulatoria.
En el contexto de las conmemoraciones del tercer aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010 han aparecido varios artículos referidos a las circunstancias políticas de los eventos de dicha noche.
¿Políticas? Sí, pues es obvio que las instituciones que debían actuar no funcionaron. Para algunos no funcionaron los órganos técnicos, como planteó Oscar Guillermo Garretón en un periódico; para otros no funcionó el mando político, como quedó claro en el video que muestra a la Presidenta Bachelet y su gabinete en la Onemi, sin saber qué decidir ni desarrollando protocolo alguno de los que la directora de esa oficina había asegurado que existían.
Sin embargo, es el trabajo de Ascanio Cavallo el que más sorprende, pues en una extensa serie de tres artículos desarrolla y comenta en detalle algunos de los procesos y eventos que ocurrieron esa fatídica madrugada. Sorprende por la manera en que, audazmente, se aleja del periodismo e incursiona en la hermenéutica manipulatoria.
El reportaje “La Ola Maldita”, del periodista Juan Andrés Guzmán, recibió el Premio de Periodismo de excelencia que entrega anualmente la Universidad Alberto Hurtado y también ganó la categoría de mejor crónica. Relata que “El bote pesquero Pinita estaba a 5 millas al oeste de Constitución cuando comenzó el terremoto. El agua borbotaba y hacía crujir el barco. Todos estuvieron de acuerdo en que eso tenía que ser un terremoto. El capitán Ibarra llamó a su mujer por celular.
[cita]Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e incomprensible la insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción sean “el tardío reflejo del resentimiento” por haber perdido protagonismo. ¿Resentimiento? ¿Protagonismo? Recordemos que Vidal, a la sazón ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente integradas que estaban las FF.AA. a la vida social chilena. Decidámonos, o las FF.AA. estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.[/cita]
Mientras hablaba, Ibarra recibió un llamado por radio de la Capitanía de Puerto de Constitución. Los marinos querían saber si veía olas yendo hacia la costa. —Negativo— respondió. Tras hacerlos brincar, el mar había vuelto a tener la quietud de un estanque. Y eso fue lo que informó”. Los tripulantes del Pinita se quedaron especulando sobre cómo estaría su ciudad.
Desde las 3:34 los marinos de la Capitanía de Puerto de Constitución se quedaron con esa información —el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) no estaba constituido— hasta las 4:20 en que la misma Pinita (o la Pinta) les informó que tres grandes olas se dirigían hacia Constitución. Los marinos evacuaron su puesto entre las 4:20 y las 4:25, hora en que las olas llegan a la costa. Ante esta reacción Cavallo llama a escándalo: “Los marinos abordan la camioneta fiscal y vuelan hacia las alturas… no hacen ni el más mínimo intento de evacuar a la población… solo huyen” y lo compara con un comportamiento cuasi heroico de un periodista radial que, entre las 03:34 y las 04:25, habría participado en un intento de organizar una evacuación, pero sin decir dónde estaba el periodista cuando las olas llegaron. Obviamente no estaba en la playa donde Cavallo quería, sin explicar para qué, ver a los marinos atajando las olas. En cinco minutos y en el borde del mar no había mucha oportunidad de organizar nada, no cabía más que escapar. El heroísmo fatal no tenía ahí utilidad alguna.
No tengo ninguna razón para pensar que el periodista en cuestión quiera perjudicar a la Armada, ni a las FF.AA., menos aún a funcionarios de bajo rango que hacen su trabajo tan honradamente como pueden, pero debo reconocer que no consigo entender el sentido de sus imputaciones.
Al comienzo del gobierno de Aylwin, se estableció como política explícita y sostenida en el tiempo el marginar a las FF.AA. de toda acción que las pusiera en contacto directo con la ciudadanía. La prueba inicial —desastrosa— fue un intenso temporal de nieve bautizado como “el terremoto blanco”, que azotó a Magallanes, en la cual ese gobierno no quiso recurrir a los medios de que las FF.AA. disponían; vehículos para nieve que podían transitar sin problemas en esas condiciones. Esto resulta claramente contrario al deber de un gobierno, pero quizás las circunstancias del período hacían predominar la ideología por sobre el bien común.
En los sucesivos gobiernos de la Concertación esta aproximación siguió igual o peor. La sucesión de decisiones y políticas que se aplicaron a lo largo de varios de sus gobiernos fue el camino que llevó a esta situación de ineficacia gubernamental.
Veamos algunos ejemplos concretos.
Por Decreto N° 156 del 12 de marzo de 2002 se aprobó el Plan Nacional de Protección Civil, el plan maestro para organizar la respuesta del Estado ante catástrofes de gran envergadura. La única participación asignada a las FF.AA. fue la de incorporarse a los Comités de Operaciones de Emergencia (los COEs), pero no como Instituciones, orgánicamente, sino sólo con la presencia de dos representantes en la Intendencia de cada región, para aportar los medios y recursos existentes en el lugar de la catástrofe.
Puesto en simple, el Plan preveía que las FF.AA. pusieran personas, camiones, carpas, cocinas etc. a disposición de los COE y cada Intendencia decidiría, dirigiría, coordinaría y comunicaría todo, dejando a toda la estructura de mando —personas, comunicaciones y recursos de mando y control— de las instituciones, fuera del sistema. En las regiones, bajo el mando del intendente y a nivel de gobierno, bajo la dirección del ministro del Interior:
El Plan dice que cada C.O.E., tiene que disponer de “un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación, para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo, realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social”. Lo mismo vale para el COE de la Onemi a cargo del ministro del Interior. Clarito. Sólo que ese lugar, dotado de esas capacidades, nunca existió.
Es en esos COEs donde se debían reunir todas las informaciones, tomar las resoluciones disponer las acciones y “diseminar las informaciones a los servicios técnicos ejecutores”. En pocas palabras, es de esos COEs desde donde debieron haber salido las informaciones hacia el SHOA, informándole que lo que leían en sus instrumentos no se correspondía con la realidad objetiva reconocida e informada por otros medios dependientes de los COEs.
Es evidente que el gobierno de Bachelet pretendía continuar con lo que a esas alturas era un proceso asumido por más de una década: la política en aplicación desde Aylwin, —dejar a las FF.AA. solo como proveedores de personas y equipos actuando desarticulados de sus mandos—, sin que se haya leído o escuchado nunca alguna crítica a esa manera tan curiosa de planificar.
Este criterio fue refrendado por el Decreto Exento N° 760 del 25 de febrero del 2010, que dispuso que ocurrido un evento catastrófico, su validación debería ser verificada por los directores regionales de la Onemi y efectuado lo anterior y previa aprobación de la Dirección Nacional de la Onemi se efectuaran los requerimientos necesarios de fuerzas militares al Estado Mayor Conjunto.
No sólo no había voluntad para emplear orgánicamente a las FF.AA., como abiertamente reconoció el ex ministro Bitar posteriormente, sino que incluso el proceso para hacerlo en forma inorgánica era tan engorroso y complejo, que nunca podría funcionar en una situación catastrófica. Y así fue.
El 27/F en la Onemi estaban todas las autoridades necesarias para disponer y hacer uso de las FF.AA., desde la Presidenta de la República hasta el Jefe del Estado Mayor Conjunto, pasando por los ministros del Interior y de Defensa (recordar que los Comandantes en Jefes no estaban porque habían sido excluidos por ley) y nadie, repito, nadie, pidió que se autorizaran fuerzas militares para tomar el control de los disturbios y saqueos que ocurrían en Concepción. Bastaba que la Presidenta decretara Estado (Zona en algunos lugares) de Emergencia, lo que no hizo sino hasta el día siguiente.
No se puede sostener con seriedad, como lo hace Cavallo, que “las FF.AA. fallaron a Bachelet”, está claro que la falla más gruesa fue del Ejecutivo, primero al hacer planes absurdos, mantenerlos sin cambios en el tiempo y finalmente no ser capaz de tomar las decisiones para intentar cumplirlos. Eso es ver lo que conviene ver.
Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e incomprensible la insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción sean “el tardío reflejo del resentimiento” por haber perdido protagonismo. ¿Resentimiento? ¿Protagonismo? Recordemos que Vidal, a la sazón ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente integradas que estaban las FF.AA. a la vida social chilena. Decidámonos, o las FF.AA. estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.
Si la Presidenta, que había reunido bajo su mando (a través de la Onemi) a todos los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el momento que quisiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería hacerlo un militar, —el comandante de la guarnición de Ejército de Concepción—, por sí y ante sí? ¿O es que el comentarista está proponiendo una acción fuera de la ley? 20 años de prédica, y práctica contra la iniciativa militar tienen efectos. Cuando al fin se decidió a hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y efectiva.
Cuando a las FF.AA. se les ordenó actuar en el marco de la institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la llegada de las columnas militares a la zona de catástrofe? La TV tiene múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.
Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más virulento fue el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, responsable político de la defensa y furtivo coautor del funesto Decreto Exento N° 760. ¿Cómo entender esta actitud? Que el autor directo de las normas que mantenían a las FF.AA. fuera de los procesos de decisión y acción dispuestos en el Decreto Exento Nº760 pretendiera que las FF.AA. violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.
El SHOA es uno de los múltiples organismos técnicos relevantes en una catástrofe y como tal asesora a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la Onemi. Nunca podría, por sí mismo, anunciar a la población la eventualidad de un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad política de la Presidenta y de la Onemi. El SHOA no tenía ni podía tener otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y el COE de la Onemi.
Nunca recibió ni la más mínima información del COE como resultado de “la recopilación, análisis y evaluación de la información que este recibía de otras fuentes no hubo” diseminación de la información procesada a los servicios técnicos ejecutores”, como lo disponía el Plan Nacional de Protección Civil de la Onemi y que el informe de la PDI declara que estaba disponible desde las 05:17 horas y era suficiente para tomar la decisión de disponer la evacuación.
No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas equivaldría a reclamar porque al chocar con el iceberg a alguien se le derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de decisiones, graficada en video en los titubeos, contradicciones, obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol de las FF.AA. en las catástrofes, cuya participación tradicional, probadamente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida a la prueba de una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una Presidenta que pedía un helicóptero para volar sin un objetivo útil reconocible, es la evidencia final de este colapso.
Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado corto, pero la debacle de la gestión de la Onemi, y sobre todo la incapacidad de la ex Presidenta para tomar la decisión de disponer la evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica madrugada.
En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo, para peor, reiterada en tres capítulos. La falta de investigación de los documentos primarios como planes, leyes y decretos es evidente, todo queda reducido a comentario intencionado.
Resulta incomprensible que una persona de su fuste profesional y cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La acumulación de adjetivos, sentencias y frases semiacusatorias; la puesta en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano.
