Opinión
El campo educacional ha sido re-politizado por actores políticos y no por especialistas en políticas. Éste no es solo un cambio semántico, es también una nueva manera de abordar los problemas educacionales. Por mucho tiempo, los expertos, consagrados como tales por la élite y por los medios de comunicación, fueron los protagonistas de las políticas públicas. Los estudiantes han recuperado ese lugar para las comunidades educacionales, ampliando los ámbitos de acción en educación. Ya no basta con una comisión cuoteada y con el acuerdo parlamentario posterior para resolver los problemas.
Uno de los argumentos utilizados por los defensores de Harald Beyer se puede sintetizar en esta expresión: “la acusación constitucional no tiene sentido, porque afecta a una de las personas que más sabe de educación en Chile”. Su trabajo ha permitido el desarrollo del sistema. Entonces, el carácter de experto reconocido del ministro lo haría inmune a cualquier cuestionamiento político. Como vimos, esta tesis poco le importó a la Cámara de Diputados. Sin embargo, analizar esta defensa retórica permite entender cómo se han producido y administrado las políticas públicas en los últimos gobiernos.
La gobernanza en el ámbito público ha sido entregada, voluntaria o involuntariamente, a un grupo de profesionales ‘ideológicamente neutrales’, ‘desinteresados políticamente’, que ponen ‘al servicio del país’ su conocimiento experto adquirido en las mejores universidades del mundo.
Stephen Ball, investigador en educación de la Universidad de Londres, ha señalado que esta nueva gobernanza es la expresión del debilitamiento del Estado en la generación de las soluciones a los problemas sociales. En un contexto neoliberal, el Estado no desaparece, pero sí cede terreno en este ámbito a una nueva comunidad de ‘intelectuales’ que adquiere el poder suficiente para determinar las políticas públicas. Así, se establecen múltiples sitios de producción de estas políticas, tales como centros de estudio, cámaras de comercio, comisiones ad hoc, entre otras. Harald Beyer, de hecho, ha sido miembro de varias comisiones que tienen la misión de encontrar las respuestas que los gobiernos no poseen. Desde su puesto en el Centro de Estudios Públicos (CEP), Beyer nutría las discusiones sobre los más diversos temas y proponía caminos de acción en pensiones, trabajo y educación.
[cita]La gobernanza en el ámbito público ha sido entregada, voluntaria o involuntariamente, a un grupo de profesionales ‘ideológicamente neutrales’, ‘desinteresados políticamente’, que ponen ‘al servicio del país’ su conocimiento experto adquirido en las mejores universidades del mundo. [/cita]
Esta hegemonía técnica ha sido seriamente desafiada, no por la acusación constitucional, sino por el movimiento estudiantil. La reciente marcha de los estudiantes muestra el vigor de sus demandas y su destreza para articular un discurso en educación que ha permeado las estructuras culturales y políticas. No se puede adscribir este movimiento a una ‘típica’ expresión de rebeldía juvenil, como varios analistas conservadores han insistido. Se trata de una nueva generación de jóvenes con una enorme capacidad para convertir sus justificadas quejas contra el sistema educacional en un camino político de transformación. Han impuesto su agenda —con menores triunfos parlamentarios de los que quisieran— de manera irreversible. En la próxima elección presidencial, la educación y la desigualdad serán los temas centrales y ninguno de los candidatos podrá cambiar de foco para ‘hablar de los problemas reales de la gente’. Los estudiantes ya definieron cuáles son esos problemas.
El movimiento también remece la gobernanza al interior de las propias instituciones educacionales. La exigencia de más democracia no es solo para el sistema político, es también para las discusiones al interior de las comunidades. La verticalidad en la toma de decisiones no es posible en el clima actual. Las universidades están expuestas a estudiantes más críticos y exigentes, con ganas de participar y que no aceptan un rol secundario tan fácilmente. Hace unos años, casi no existían federaciones de estudiantes en universidades privadas, ahora incluso algunas forman parte de la Confech. Estas modificaciones parecen invisibles y fuera del alcance de la discusión de hoy, pero sin duda la estructura de estas instituciones se verá afectada.
El campo educacional ha sido re-politizado por actores políticos y no por especialistas en políticas. Éste no es solo un cambio semántico, es también una nueva manera de abordar los problemas educacionales. Por mucho tiempo, los expertos, consagrados como tales por la élite y por los medios de comunicación, fueron los protagonistas de las políticas públicas. Los estudiantes han recuperado ese lugar para las comunidades educacionales, ampliando los ámbitos de acción en educación. Ya no basta con una comisión cuoteada y con el acuerdo parlamentario posterior para resolver los problemas.
Anthony Giddens, el inspirador intelectual de la “Tercera Vía”, explicaba a comienzos de los ’90 que los proyectos modernizadores eran sostenidos por sistemas abstractos de confianza. Quienes entregaban esta confiabilidad eran los expertos a través del dominio de la ciencia y la técnica por sobre el conocimiento ‘vulgar’. Giddens no hablaba de legitimidad, solo de la confianza que los gobiernos debían generar. Ahora, los estudiantes sí exigen legitimidad y participación para gobernar.
