¿Es la Asamblea Constituyente el único camino para lograr la ampliación requerida? ¿O eso es fumar opio? En realidad el mecanismo que se necesita es uno que sortee la trampa de la actual institucionalidad. Eso es lo fundamental. A partir de allí las alternativas son múltiples y probablemente lo que se requiera sea una combinación de mecanismos.
Hemos llegado por fin al debate constitucional, la madre de todas las batallas, al menos en Chile, donde las Constituciones duran por décadas —casi 80 años la de 1833; más de medio siglo la del 25— incluso la actual, evidentemente ilegítima, impuesta y tramposa, que ya va para los 35 años de vigencia. Más allá del asunto de la técnica jurídica para modificar el texto, conviene pensar en términos políticos. Si nos retrotraemos un poco, a la primera reforma de 1989, ésta fue producto de la movilización social y política mayoritaria de los años 80, encauzada dentro de los marcos de la propia constitución a través del plebiscito del 88. Este triunfo dio paso a una negociación a puertas cerradas entre los dirigentes de la Concertación, los representantes de Pinochet y los de la derecha política (Sergio Onofre Jarpa) que la ciudadanía sancionó en un nuevo plebiscito, esta vez consensual.
Fue el estreno de la política de los consensos, esa que sustituyó a la de las mayorías movilizadas en pro de la democracia, por los acuerdos entre los actores de la negociación en la arena parlamentaria y de la gestión ejecutiva.
Es decir la Constitución rayó la cancha de modo permanente y quedó atrás la combinación entre movilización activa y acción institucional que caracterizó el periodo anterior. Pero la Constitución del 80 no sólo tiene y mantiene un fundamento neoliberal y antiestatista, sino que además cuenta con mecanismos que impiden que las mayorías se expresen como tales, así como con diversos seguros “anti-reforma” (las supramayorías).
[cita]¿Es la asamblea constituyente el único camino para lograr la ampliación requerida? ¿O eso es fumar opio? En realidad el mecanismo que se necesita es uno que sortee la trampa de la actual institucionalidad. Eso es lo fundamental. A partir de allí las alternativas son múltiples y probablemente lo que se requiera sea una combinación de mecanismos.[/cita]
Por ello, la decisión de la Concertación de enmarcar su acción dentro del marco constitucional se tradujo en el poder de veto de la minoría opositora y la continuidad de la arquitectura institucional diseñada por Jaime Guzmán y puesta en marcha por Augusto Pinochet. Esa opción estratégica se tomó sabiendo que la Concertación no tendría mayoría en el Parlamento. La mayoría se lograría con un actor que nunca apareció: la derecha liberal democrática. Es decir que el fundamento de la “política de los consensos” se tomó sobre la base de un diagnóstico históricamente erróneo. Cuando fue evidente el error —hacia fines del gobierno de Aylwin— no hubo una rectificación de la estrategia, la que se prolongó hasta la fecha.
La política de los consensos ha estado a la base ya de cinco gobiernos, permitió una notable estabilidad al sistema político y la continuidad de la hegemonía del modelo neoliberal y el gran empresariado orientado al exterior. Incluso ha permitido reformas más o menos significativas a la propia Constitución como la del año 2005, que no alteró los fundamentos, el sistema binominal, ni las supramayorías necesarias para un cambio mayor. En más de dos décadas la Constitución moldeó a los actores políticos y su conducta y fue produciendo la más formidable exclusión política en la democracia chilena. Mientras los gobiernos y los partidos políticos se ajustaron al empate artificial producido por el sistema binominal, la ciudadanía —especialmente los jóvenes— se fue marginando del sistema representativo, dejando de participar en las elecciones y expresando una creciente desconfianza de las instituciones democráticas.
En 2011, sin embargo, los estudiantes encabezaron la aparición pública de aquellos que se habían marginado de la política institucional, produciendo un cambio en la correlación de fuerzas que, sin embargo, no se expresa aún en la institucionalidad, todavía cautiva de su diseño original y la inercia de más de 20 años de actividad. La introducción de la inscripción electoral automática y el voto voluntario permitió evidenciar que el sistema político —aunque concitara el consenso transversal de gobierno y oposición— ya no cumplía su función esencial: representar a la ciudadanía, permitir que las mayorías gobiernen y conduzcan y las minorías puedan expresarse.
De tal modo que si de democracia y de transformación se trata, la opción por construir una “nueva mayoría social y política” es el camino a seguir. La defensa a ultranza de la gobernabilidad propia de la política de los consensos significa en la práctica mantenerse dentro de la trampa constitucional y aceptar el veto de la minoría de derecha. Es lo que aceptan sin reconocerlo, las posturas actuales de la dirigencia del PDC y del PS. Por lograr un nuevo gobierno de la Concertación de la mano de Bachelet, están dispuestos a repetir la fórmula de los noventa, haciendo caso omiso a la necesidad de cambios que representan los nuevos sectores ya no sólo desencantados sino, en gran medida, movilizados.
¿Dónde empieza y dónde termina esa nueva mayoría? Determinarla y construirla del modo más amplio posible es justamente la tarea política más relevante en la actualidad. En principio esa mayoría podría limitar, por la derecha, con el senador Cantero y su demanda regionalizadora y los socialcristianos escindidos de la DC. Por la izquierda con los movimientos autonomistas mapuche, como la CAM: un grupo radicalizado, pero expresivo de la exclusión social y política que afecta a sus bases de apoyo. Lo más probable es que ese amplio arco nunca llegue a confluir en propuestas programáticas y políticas, pero define aproximadamente el ancho de la cancha que debe construirse: espacio para las nuevas generaciones; para las demandas no incluidas en el diseño institucional, como la descentralización y las instituciones participativas y de democracia directa; para el rediseño del Estado chileno que le permita retomar tareas urgentes en el campo económico, de los recursos naturales, de la defensa de derechos ciudadanos, entre otros.
¿Es la asamblea constituyente el único camino para lograr la ampliación requerida? ¿O eso es fumar opio? En realidad el mecanismo que se necesita es uno que sortee la trampa de la actual institucionalidad. Eso es lo fundamental. A partir de allí las alternativas son múltiples y probablemente lo que se requiera sea una combinación de mecanismos. La Constitución que de allí emerja no será la expresión completa de las demandas de los actuales excluidos, ni menos de la pura izquierda extraparlamentaria. Esa sí es una fantasía que, de realizarse, impediría que la Carta Constitucional cumpliera su función, pues debe ser una cancha en la que todos puedan jugar. Pero además por otra razón más sociológica: todo indica que respecto de los “grandes temas”, la sociedad chilena está dividida después de tres décadas de neoliberalismo. El gran cambio de 2011 no expresa un “viraje a la izquierda” en la sociedad, sino la aparición de los grupos que habían quedado sepultados y atomizados bajo el imperio de la política de los consensos, sus actores protagónicos, exclusivos y excluyentes.
Pero la nueva Constitución debe permitir el ejercicio de la democracia y la política sin trampas, eso es lo fundamental. La elite política puede volver a equivocarse estratégicamente, como lo hizo en 1989 en relación a la construcción democrática. Pero, a diferencia de aquel tiempo, ya no tendrá el crédito de la confianza social y de las reglas que le garantizaban la gobernabilidad. El rey ya está desnudo y se verá tal como está.
