Hoy, si bien se observa un desfase entre la deseada modernización de la Cancillería y los procesos-desafíos en marcha, también se ha abierto la posibilidad de discutir y poner temas relevantes en las agendas de los distintos candidatos presidenciales. Una reforma modernizadora y democrática de la Cancillería es uno de ellos.
En una carta enviada a El Mostrador recientemente, la presidenta de la Asociación de Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manola Verdugo, se quejaba de una suerte de falta de participación en las discusiones referentes al proyecto de reforma de la Cancillería que había enviado el Gobierno al Congreso, particularmente en lo que al tema planta se refería. Sin embargo, y más allá de este u otros reclamos, de este nuevo proyecto o de la casi decena de proyecto de cambios planteados desde el retorno a la democracia en 1990 (incluyendo el de más envergadura enviado a finales del Gobierno de la ex Presidenta Bachelet), lo claro es que la política exterior del país no puede mantenerse estática y, por lo mismo, sus paradigmas, conceptos y estructura deben encaminarse a un nuevo ciclo.
Más allá de ser un año electoral donde afloran muchas propuestas, esta necesidad-desafío de “up grade”, imprescindible desde mi punto de vista, se ancla en los cambios acontecidos desde 1990 a la fecha. En este sentido, constatamos que no sólo el mundo ha cambiado sustancialmente hacia uno de poder más fragmentado cuyo eje transita hacia el Pacífico, más complejo y más contradictorio que combina nuevas y viejas agendas y en el cual Chile expone sus intereses, sino que el propio país ha visto cambiar enormemente su fisonomía, su estatura política estratégica, sus capacidades, su marco valórico-cultural, en definitiva, su estadio de desarrollo.
[cita]Hoy, si bien se observa un desfase entre la deseada modernización de la Cancillería y los procesos-desafíos en marcha, también se ha abierto la posibilidad de discutir y poner temas relevantes en las agendas de los distintos candidatos presidenciales. Una reforma modernizadora y democrática de la Cancillería es uno de ellos. [/cita]
Precisamente, las discusiones que hoy se están dando a nivel nacional con cierta efervescencia ciudadana, responden y son producto de estas nuevas realidades, es decir de un mundo y un país que han cambiado profundamente. La búsqueda de respuestas para la complejidad en planos tan diversos como igualdad, inclusión, participación de la sociedad, seguridad social, desarrollo educacional, fomento de la investigación e innovación, matriz energética, seguridad, e institucionalidad, entre muchos otros, tienen por objeto remodelar las conceptualizaciones, las instituciones y la propia sociedad para poder seguir un curso de desarrollo ascendente y no declinar como país.
En este nuevo escenario, y dada la interdependencia compleja que caracteriza la relación entre los países (en el caso de Chile reforzada por la opción de participar plenamente del proceso de globalización hecha con el retorno democrático), el campo de las relaciones exteriores se ha convertido en factor esencial para enfrentar los efectos y exigencias que imponen estos cambios, al tener los eventos internacionales un impacto mucho más inmediato, creciente y diversificado en el devenir local. Por lo mismo, hace tiempo que la política exterior ha dejado de ser un asunto Estado-céntrico, meramente diplomático o de representación para convertirse en un instrumento central de nuestra estrategia de desarrollo y de seguridad como país.
Junto con necesitar una redefinición del rol que Chile desea (y/o debe) jugar en el escenario internacional de acuerdo a sus intereses y estatura político-estratégico y de una estrategia de seguridad que prevea prospectivamente desafíos, amenazas y oportunidades, se requiere con urgencia de una política exterior más moderna y prospectiva y una institucionalidad adecuada que la acompañe en la consagración de los intereses nacionales permanentes y nuevos.
Hoy claramente nuestra Cancillería no da el ancho para responder a todos los desafíos que han traído consigo estos cambios (ahí están nuestras “resquebradas relaciones vecinales” con sus respuestas reactivas y contradictorias). Además de la falta de voluntad política, este déficit se relaciona al hecho de que las modernizaciones propuestas desde el retorno a la democracia quedaron,en su mayoría, secuestradas por las limitaciones transicionales y casi todos sus conductores cooptados por las dinámicas de poder e inercia internas.
Esta modernización (upgrade) debe encaminarse a una redefinición de la Cancillería en base a concepciones de complejidad, inclusión, transparencia y flexibilidad. Un primer paso de este proceso se encamina a concebir la política exterior como resultante de múltiples interacciones a nivel del Estado, de organizaciones y de individuos (hablamos de una realidad creada de la sinergia multisectorial). Es decir, hablamos de desarrollar la política exterior como componente esencial de los proyectos políticos nacionales a partir de la adaptación negociada de intereses (política pública). Desde el punto de vista pluralista e incremental, estamos hablando que en democracia la fijación de objetivos es un proceso de ajuste mutuo y permanente de los diferentes actores de la sociedad.
Esto, en segundo lugar, nos llevas a la necesidad de generar un verdadero “sistema nacional” de política exterior, que integre y dé coherencia a la acción global de un Estado (¿multinacional?) donde diversas instancias hacen su “propia política externa”, y donde las organizaciones sociales y civiles tienen sus propias redes de vínculos internacionales (aquí, además de los actores no gubernamentales tradicionales, resalta con fuerza la comunidad chilena en el exterior y sus potencial). La labor de una Cancillería, en este contexto, sería justamente poder articular la acción global de un Estado en permanente contacto con la sociedad a través de instancias interactivas, democráticas y descentralizadas como lo pueden ser “Consejos Regionales de Política Exterior”. De este modo es posible llegar a tener percepciones convergentes acerca de algunos intereses y adherir colectivamente a objetivos generales y específicos, con el efecto de empoderar la presencia externa del país.
En tercer lugar, tener un verdadero “think tank” (un instituto de estudios estratégico) que permita tener capacidad de análisis prospectivos a partir de seguimientos transdisciplinarios permanentes y definir líneas estratégicas que nutran a Dirección de Planificación (Diplan) y que hoy, más allá de algunas virtuosidades personales, no están presente en la Cancillería. Hoy, producto de la revolución científico-tecnológica, no sólo están cambiando geométricamente los objetos pensados a partir de la dinamización de relación obsolescencia – invención y/o de la glocalización de los espacios, o las formas de pensar en sus expresiones racional y emocional con estas transformaciones, sino que la realidad misma. La complejidad y dinámica del escenario internacional exige hoy de respuestas estratégicas complejas.
En el ámbito funcionario, en cuarto lugar, lo que ha habido en estos años son modificaciones menores de carácter administrativo, que no apuntan al fondo del tema: tener una institucionalidad adecuada a los nuevos tiempos, donde exista un concepto de “profesionalización” que de cuenta de los cambios que han ocurrido tanto en el país como en el mundo, lo que implica revisar criterios de reclutamiento, ascenso, capacitación, etc.
En esto existe una responsabilidad compartida de distintos sectores, porque hacer una reforma “real” requiere tocar sensibilidades e intereses, y no ha habido la voluntad política o la visión para hacerlo. Una “regla de oro” de toda reforma de la administración pública, es que esta debe ser hecha en base a un diagnóstico de largo plazo de las necesidades que se espera satisfacer (estrategia de desarrollo y de seguridad) y además, que ésta no debe hacerse contra, pero tampoco centralizada por los funcionarios que serán los receptores de cualquier cambio estructural que se emprenda.
Una mirada más moderna, por ejemplo, debería asegurar una “carrera funcionaria” estable y de calidad, pero al mismo tiempo, flexibilizar las modalidades de reclutamiento de manera de captar recursos humanos altamente calificados que eventualmente podrían incorporarse para desarrollar temas tradicionales o nuevos tales como la búsqueda de autonomía energética, de recursos científicos, tecnológicos e innovativos, la coordinación y fomento de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales (regiones y municipios), el fortalecimiento de los lazos con los chilenos en el exterior, derecho humanitario, cooperación en defensa, que conforman una muestra de adaptación proactiva a los requerimientos originales del sistema internacional contemporáneo, ejercicio que debiera hacerse a gran escala. En otros países, le llaman a esto “reclutamiento lateral”, y ha servido para atraer a expertos que pueden reforzar ciertas áreas donde hay una debilidad manifiesta de conocimientos y/o gestión. Es perfectamente posible, entonces, concebir una política que compatibilice los intereses funcionarios, con las necesidades que el país tiene hoy en el ámbito de la gestión estratégica de la política exterior.
Un quinto aspecto urgente, es darle un “upgrade” a la Academia Diplomática como instancia natural dedicada al reclutamiento y formación de los funcionarios diplomáticos. Además de una elevación de su postergado estatus a nivel interno de la propia Cancillería, requiere que se le reconozca como instancia de educación superior del Estado (incorporarla a la LEGE) con todo lo que ello significa. Es necesario, además, dotarla con recursos de gestión académica y financieros tendientes a fortalecer sus capacidades transdisciplinarias tendientes a formar para la complejidad.
Emprender las reformas por largo tiempo postergadas como profesionalización y flexibilidad del rol funcionario, nuevas instancias organizacionales (subsecretarías, embajadas, “think tank” o Consejos Regionales) y/o revalorización de otras, jerarquización del rol de la cooperación internacional como instrumento, redefinición y ampliación proactiva de nuestra presencia externa, articulación con otros actores de la política exterior internos y externos, etc., además de requerir voluntad política y recursos financieros, es una tarea que debe enmarcar en lo que constituye la reforma global de un Estado del cual los ciudadanos esperan (y le exigen) cada vez más.
Hoy, si bien se observa un desfase entre la deseada modernización de la Cancillería y los procesos-desafíos en marcha, también se ha abierto la posibilidad de discutir y poner temas relevantes en las agendas de los distintos candidatos presidenciales. Una reforma modernizadora y democrática de la Cancillería es uno de ellos.
