Con las propuestas existentes le estamos pidiendo a parte de la clase política que se haga un harakiri por el bien del país y eso no va a pasar. Y esa misma clase política nos responde con un gatopardismo que no podemos aceptar. No es posible construir un nuevo trato social que reconcilie a los representantes con sus representados bajo tales circunstancias. Y como se trata de un problema estructural, la tensión sólo aumentará a futuro.
Nos encontramos en un túnel oscuro que nos enfrenta a un problema de incentivos: los cambios constitucionales que se deben hacer están en manos de quienes más se benefician con no hacerlos. En otras palabras, como ciudadanos estamos atrapados en un sistema en que quienes nos representan no quieren representarnos ¿Qué hacemos?
Por un lado, desde la ciudadanía se ha ido formando un grupo muy entusiasta que propone una asamblea constituyente. Como tal instancia no existe en la actual Constitución, implementarla nos devuelve al problema de incentivos o derechamente al desafío de toda la institucionalidad. Por el otro, desde los partidos con participación parlamentaria, se proponen reformas al sistema electoral con una novedad: por primera vez todos los actores coinciden en que el sistema cumplió un ciclo. No obstante, lo que proponen no plantea modificaciones sustanciales a lo que ya existe.
[cita]Con las propuestas existentes le estamos pidiendo a parte de la clase política que se haga un harakiri por el bien del país y eso no va a pasar. Y esa misma clase política nos responde con un gatopardismo que no podemos aceptar. No es posible construir un nuevo trato social que reconcilie a los representantes con sus representados bajo tales circunstancias. Y como se trata de un problema estructural, la tensión sólo aumentará a futuro.[/cita]
Queremos salir del túnel, tenemos buenos argumentos para hacerlo y contamos con la legitimidad que otorga el que ese deseo sea mayoritariamente compartido. No obstante, con las propuestas existentes le estamos pidiendo a parte de la clase política que se haga un harakiri por el bien del país y eso no va a pasar. Y esa misma clase política nos responde con un gatopardismo que no podemos aceptar. No es posible construir un nuevo trato social que reconcilie a los representantes con sus representados bajo tales circunstancias. Y como se trata de un problema estructural, la tensión sólo aumentará a futuro. Cada día se hará más evidente el divorcio entre las legítimas aspiraciones ciudadanas y el poder que poseen élites gobernantes cada vez más aisladas. Si no hacemos algo pronto, el divorcio entre los representantes y los representados no tendrá vuelta atrás y nuestro aparato institucional correrá un serio riesgo de desmoronarse.
Para salir del túnel es necesario avanzar hacia un plan B. Los ciudadanos necesitamos dar a la clase política caminos de salida a esta encrucijada. Ellos no podrán hacerlo solos. Es hora de poner en práctica nuestra capacidad para generar propuestas institucionalmente viables. Para predicar con el ejemplo propongo una idea sencilla, pero que apunta al centro del problema de incentivos en una de sus tantas aristas: la idea de legislar. Muchos proyectos legislativos no llegan a puerto porque los parlamentarios rechazan la idea de legislar o se retiran de la sala justo antes de votar impidiendo que se alcancen los quórums. Cuando las reglas que permiten aquello son usadas por los parlamentarios para negarse a legislar en temas cuyo status quo los beneficia sólo a ellos y no a la ciudadanía, la regla tiene un incentivo perverso.
Por ello, debemos buscar caminos para que la ciudadanía tenga una garantía que eso no va a pasar. Propongo una reforma que le entregue a los concejales de todo el país el mandato de revisar cada cierto tiempo los proyectos sobre los que el parlamento ha decidido no legislar o que no han alcanzado quórums y que voten si los parlamentarios deben ser obligados a pronunciarse sobre ellos nuevamente. El sistema le otorgará a la ciudadanía, mediante sus concejales, un mecanismo para monitorear cómo votan los parlamentarios y a éstos les dará una señal sobre los efectos que tendría el insistir en su negativa de tratar ciertos temas.
Es cierto que la actual Constitución es una trampa, pero la amenaza de acabar con todo no nos va a llevar a crear una nueva Constitución que no lo sea. Debemos buscar caminos para hacer que, dentro del marco constitucional vigente, se generen los espacios para que nuestros representantes se vean forzados a ser eso, nuestros representantes. Ése es el único modo que nos puede garantizar ver la luz al final del túnel.
