. El futuro de la relación pasa, en alto grado, por reconstruir confianzas, y ésta son quizás las medidas más simbólicas a través de las cuales el Estado de Chile puede reconocer sus errores.
La relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas se encuentra cerca de un punto de inflexión. El ciclo actual, iniciado con los acuerdos de Nueva Imperial en 1989, está llegando a su fin, y si bien no se pueden desconocer los avances alcanzados en estas décadas, el surgimiento de un potente movimiento social indígena, da cuenta de una enorme deuda pendiente, en buena medida culpa del desconocimiento que la sociedad chilena tiene y de los errores de las políticas públicas. Una reciente encuesta graficó un creciente respaldo por las demandas del pueblo mapuche, pero abunda la falta de comprensión. Cuando hablamos de “nuestros” pueblos, o nos referimos a ellos como “etnias”, o decimos que son “los pueblos originarios de Chile”, emerge una manera de acercarnos a esta relación con un serio déficit semántico para entender al otro.
Si hacemos un ejercicio de comparación respecto de cómo se abordó el tema indígena en la campaña presidencial de 2009 y cómo está apareciendo en la actual, la evaluación es dispar. Por un lado, existe hoy un mayor interés de parte de las candidaturas por tener posturas definidas (independientes de su enfoque), pero, por otro lado, pareciera seguir siendo un aspecto secundario de la campaña presidencial.
En las primarias realizadas por la Nueva Mayoría y la Alianza por Chile, no fue un tema relevante en ninguno de los debates y en general se le dedicó un espacio menor en el seguimiento que la prensa hizo del proceso que concluyó el 30 de junio, siendo que a lo menos dos candidaturas presentaron propuestas ambiciosas (Claudio Orrego, en cuya “Propuesta para un Chile Plurinacional” colaboré en la formulación, y José Antonio Gómez). Además, los frentes indígenas de los partidos de oposición, hicieron públicos los que deberían ser los lineamientos de un futuro gobierno en este ámbito, algunos de cuyos integrantes forman parte de la recién nombrada Comisión de Pueblos Indígenas de Michelle Bachelet. Marco Enriquez-Ominami, Marcel Claude, Roxana Miranda, Franco Parisi, Tomás Jocelyn-Holt y Alfredo Sfeir también han planteado –con diversa profundidad- sus posturas en el tema. De la candidatura de Evelyn Matthei por el momento sólo se sabe los nombres de quienes liderarán la formulación de la propuesta.
Paralelamente, desde el mundo indígena no han faltado los invitaciones. Las organizaciones detrás de ellas, esperan que sus ideas sean recogidas por las candidaturas. Destaco, entre otras, las “10 Propuestas para un Chile Plurinacional”, presentadas por ENAMA, y los planteamientos realizados por Wallmapuwen.
Sin embargo, pese a las múltiples propuestas y planteamientos, se mantiene la duda sobre el perfil y el peso específico de la política indígena en el futuro gobierno. En este contexto, cabe detenerse en cuáles deberían ser los pilares de la nueva relación entre Chile, su Estado y su sociedad, y los pueblos indígenas. A mi juicio, son tres: asumir la plurinacionalidad del Estado de Chile; basar la relación en un enfoque de derechos; y proyectar el vínculo a partir del perdón y reparación de los pueblos indígenas.
La plurinacionalidad del Estado de Chile es una idea cada vez más presente en el debate. Sin embargo, la construcción de voluntades políticas que permitan avanzar en su implementación, es una tarea compleja, ya que incluso sectores que simpatizan con la causa indígena, lo hacen desde la premisa de entender a Chile como un país uninacional. Son muchos los que siguen sosteniendo como dogma de fe que Chile es una sola nación, en la que coexisten diversas tradiciones culturales, siendo deber del Estado crear las condiciones que aseguren su preservación. Quienes plantean esta mirada, abogan por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Es decir, sin desvirtuar la esencia unitaria del Estado de Chile (heredera de la tradición liberal), creen necesario reconocer la diversidad identitaria de quienes viven en el territorio, promoviendo acotados derechos sociales, culturales y lingüísticos.
Por su lado, quienes abogamos por el Estado plurinacional, lo hacemos desde la premisa de que en Chile coexisten varias nacionalidades. Este reconocimiento, que se construye desde la idea de que las naciones y pueblos son anteriores a los estados -y que incluso pueden no necesitar de ellos para existir-, entronca con una perspectiva más comunitaria del Estado. Es la tradición estatal presente en países con los que nos gusta comparanos, tales como Bélgica, Canadá, Noruega o Nueva Zelandia, u otros de los que nos creemos distintos, como Bolivia y Ecuador. La plurinacionalidad implica reconocer derechos políticos a las naciones y pueblos indígenas, los que se traducen en distintos regímenes de autonomía y autogobierno.
La discusión sobre una nueva Constitución para Chile, sea cual sea la característica del proceso constituyente, es el momento para abordar esta pregunta y encontrar la respuesta, porque como señaló hace algún tiempo Maximiliano Prado, “la cuestión indígena debe ser entendida como una cuestión constitucional, que impone definir un nuevo modelo de relaciones interculturales frente a la diferencia indígena”.
Diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos debería ser el segundo pilar de la nueva relación con los pueblos indígenas. El Estado de Chile ha suscrito un conjunto de tratados y convenios internacionales que norman esta relación: Convención Americana de DDHH, Pactos Internacionales de DDHH, Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio 169 OIT. Por lo tanto, no queda al arbitrio de nuestro Estado definir qué tipo de relación mantenemos, sino que estamos ya obligados a salvaguardar y hacer respetar los derechos indígenas. No es la buena voluntad de Chile, sino el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, la que debiera regir la relación a partir de ahora. No es un acto de generosidad, sino de derecho, lo que se impone.
Por ello, cabe preguntarse –siguiendo un debate que será abordado en los próximos días en un seminario organizado por la Identidad Lafkenche- si es posible un nuevo pacto social en Chile sin considerar de manera adecuada a los pueblos indígenas en su formulación. Dado que una nueva constitución afectará derechos indígenas, ¿cómo se vincula el proceso constituyente con la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la OIT?
Por último, no parece posible siquiera hablar de una nueva relación entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, si ésta no se construye desde actos sinceros de perdón y reparación. Desde su independencia, la República de Chile ha violado sistemáticamente derechos indígenas, muchas veces por incompresión (asimilando a los pueblos indígenas con el campesinado pobre) y otras deliberadamente (porque reconocer la diversidad se opone u oponía a modelos de desarrollo del país). El informe emanado el 2003 de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato fue concluyente en este sentido, pero en la última década la relación ha avanzado hacia grados mayores de conflictividad, tal como afirmó para el caso mapuche el Relator de la ONU Ben Emmerson. Noticias recientes siguen dando cuenta de este agravio, como la absolución de doce comuneros mapuche a los que se pretendió condenar por ley antiterrorista, o la condena por parte de la Corte Suprema al carabinero que asesinó a Jaime Mendoza Collío (aunque con una pena de tres años de presidio remitido que incluso podría permitirle seguir en las fuerzas policiales).
¿Cuál podría ser una política efectiva de perdón y reparación de los pueblos indígenas? ¿Cómo podrían estos reconocer que ahora sí el Estado de Chile estaría avanzando de buena fe en esa dirección? Varias medidas podrían implementarse, pero creo que ninguna tendría la fuerza de renunciar a la aplicación de ley antiterrorista contra los pueblos indígenas y una amnistía para todos los presos indígenas que no estén vinculados a delitos de sangre. El futuro de la relación pasa, en alto grado, por reconstruir confianzas, y ésta son quizás las medidas más simbólicas a través de las cuales el Estado de Chile puede reconocer sus errores.
Texto publicado originalmente en El Quinto Poder
