Partimos mal Michelle, pero aún es tiempo. Reestudie el tema y propónganos algo más coherente. Por favor. Pero ahora, eso sí, recurra a alguien que se maneje en el tema contable. Y que se maneje bien. Si no es tan complicado.
Quedan menos de dos meses para la elección presidencial y la verdad es que, salvo que ocurra un imprevisto de dimensiones colosales, no se ve cómo Michelle (qué cercana resulta cuando uno se refiere a ella sólo con su nombre de pila) podría perderla. Es un hecho de la causa (como dicen los abogados) que, por mucho que sus contendores griten a los cuatro vientos que la competencia no está aún definida, de seguro la tendremos a partir de marzo repitiéndose el plato.
Por dicha razón, es altamente conveniente analizar a fondo sus propuestas, para determinar si los objetivos de las mismas son coherentes con las medidas que se plantean para alcanzarlos, y si las cantidades involucradas están bien calculadas. No vaya a ser que después resulte imposible cumplir los compromisos establecidos porque las cifras, como dicen los contadores, no cuadran.
Con dicho propósito en mente, me di pues a la tarea: leí completa la propuesta de reforma tributaria de Michelle e hice el ejercicio, basándome en datos oficiales, de ponerle números. Debo confesar que, tras revisar los resultados, estoy muy confundido.
Porque resulta que los dos aspectos mencionados fallan: no sólo son incoherentes las medidas a implementar con los objetivos que se pretenden alcanzar por su intermedio, sino que no se ve por dónde podrían llegar a obtenerse, mediante su aplicación, los cuantiosos recursos que en ella se señalan.
Dediquemos este artículo a las incoherencias. Hay al menos tres en los planteamientos de Michelle:
Primero, ella plantea como uno de sus objetivos “avanzar en equidad tributaria”. Sin embargo, en su propuesta mantiene la principal fuente de inequidad del actual sistema de impuesto a la renta: el no pago de tributos de beneficio fiscal por parte de las empresas.
En segundo lugar, Michelle señala que eliminará el FUT, pero en su propuesta lo mantiene, quién sabe por cuánto tiempo.
En tercer lugar, postula que pretende incrementar la recaudación tributaria, y deja caer una verdadera bomba, la depreciación instantánea, que va justamente en sentido contrario.
Analicemos con mayor detalle cada uno de estos puntos:
Una de las premisas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de “equidad tributaria”, es que en un sistema tributario equitativo, todos quienes recibimos servicios del Estado debemos contribuir a su financiamiento, en lo posible en proporción a lo que recibimos. Más claro, echarle agua.
En nuestro actual sistema tributario, esa simple premisa no se cumple. Basados en la absurda falacia de que empresas y empresarios son la misma persona ―caso único en el mundo, como señala la propuesta de Michelle―, nuestra normativa de impuesto a la renta establece que los tributos que pagan las empresas por concepto de primera categoría no son de beneficio estatal, sino meros pagos provisionales a cuenta de los impuestos personales de los socios. Por consiguiente, en nuestro país ―repito, caso único en el mundo― las empresas no pagan ni un peso por los sustanciales servicios que reciben de parte del Estado. Los reciben gratis. Es un subsidio estatal que todas las personas, incluso las más necesitadas, financian con sus impuestos.
Hagamos un detalle de los servicios que una empresa, por ejemplo un banco, recibe en forma gratuita de parte del Estado con nuestro actual sistema tributario: un marco normativo que le permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar) y competir con reglas claras; acceso irrestricto a un mercado de bienes y servicios donde colocar sus servicios y adquirir sus insumos, y a un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; un sistema judicial que le permite resolver sus conflictos; cuerpos policiales que se encargan de su seguridad y de apoyarlo para lograr el cumplimiento de sus contratos; un sistema económico que le permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; acceso a enormes volúmenes de información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, etc. La verdad es que un banco hace un uso intensivo de los servicios estatales, ya que le son indispensables para obtener la renta. Sin ellos, sus utilidades no podrían generarse. Imagine usted a una entidad bancaria sin normativa civil: no podría hacer contratos, por lo que estaría impedida de captar y colocar recursos (salvo que volviéramos a los tiempos de la mafia, que puede darse el lujo hacer ambas operaciones en ausencia de legislación ad-hoc).
Sin embargo, ni el banco ni ninguna empresa pone dinero para financiarlos. Ni siquiera un peso. ¿Puede existir algo más injusto e inequitativo que eso? La propuesta de Michelle mantiene, sin embargo, ese absurdo sistema a rajatabla.
El problema de cómo cobrar estos servicios, lo han resuelto la mayoría de las naciones del mundo mediante un expediente muy simple: el impuesto a las utilidades de las empresas. En este enfoque, dicho impuesto corresponde al pago que efectúan las empresas por los servicios recibidos de parte del Estado, y en ningún caso es un gravamen a las ganancias de capital. No hay, pues, doble tributación cuando los empresarios pagan impuestos después por los retiros o dividendos que sus empresas les entregan. Ésas son, efectivamente, rentas del capital. Las primeras, no.
Nada de esto se ve, sin embargo, en la propuesta de Michelle. Una vez que ella se implemente, nuestro sistema seguirá siendo único en el mundo. ¿Cuál es la razón que nuestra casi segura presidenta tiene para mantener tan inmoral sistema? Sería interesante conocerla.
Ahora bien, el problema se torna más agudo cuando entramos a analizar el FUT. ¿Por qué? Porque resulta que el origen de este registro (el FUT es eso: nada más que un registro), es justamente el peculiar sistema que acabamos de analizar. El FUT es la cuenta contable donde se registran los tributos de primera categoría que las empresas entregan al Estado como anticipos de los impuestos personales de sus propietarios y las utilidades que han dado origen a esos tributos. Si dichos anticipos dejan de existir, adiós FUT. Si permanecen, el FUT seguirá existiendo. Y resulta que en la propuesta de Michelle los benditos anticipos se mantienen, por lo que, aunque se diga que no, aunque se le ponga otro nombre, seguiremos teniendo FUT para rato.
El asunto es más grave cuando se confronta con la disminución de las tasas de impuestos personales que plantea Michelle en su propuesta. En la medida que las tasas personales disminuyen, más tienden a confluir los montos del impuesto de primera categoría con el global complementario. Con las actuales tasas, y asumiendo que la máxima del global complementario disminuye a un 35%, una empresa que tenga una utilidad de $ 200 millones pagará $ 50 millones en primera categoría. Si tiene un solo propietario, este pagará $ 8,4 millones de global complementario. En ese caso, el FUT será cero. Pero si los propietarios son dos, en partes iguales, habrá un FUT de $ 3,1 millones. Si son cuatro, el FUT será de $ 20,6 millones. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurrirá en esos casos? ¿Se devolverán esos recursos así como así? ¿En la operación renta correspondiente? En tal caso será cuestión de aumentar el número de propietarios de las empresas (esposa, hijos, padres, etc.) y tendremos devolución asegurada. ¿Y qué hay de la pretendida mayor recaudación?
La tercera incoherencia de la propuesta de Michelle tiene que ver con la depreciación acelerada. La depreciación a lo largo de la vida útil de los bienes de capital (construcciones, instalaciones, maquinarias, vehículos, equipos, etc.) está reconocida en la literatura acerca del tema (favor revisar lo que encuentren acerca de evaluación de proyectos) como el mecanismo correcto para llevar a gastos la inversión efectuada en ellos. Es lo recomendable: que las inversiones que se utilizarán por varios períodos, sean amortizadas en ese plazo y no antes. Incluso los mecanismos de financiamiento de dichos bienes se han estructurado en dicho escenario. Hoy las empresas financian sus inversiones en plazos iguales o superiores a las vidas útiles de éstas. Mencionemos algunas de esas vidas útiles: construcciones de acero, 80 años; túneles de minas, 20 años; buques de acero, 36 años; bocatomas y muros de represas, 50 años; y así sucesivamente. La depreciación acelerada permite reducir esas vidas útiles a un tercio. Michelle pretende llevarlas a un año. ¿Se imaginan las pérdidas acumuladas? ¿Empresas que no pagan impuestos por varios años producto de que sus cuantiosas inversiones se depreciaron en un año? ¿Cuánto es el monto que se reducirán las utilidades de las empresas producto de esta medida cuando ella entre en funcionamiento? ¿6, 7, 10 veces la depreciación actual? ¿Pero no quedamos en que se quería incrementar la recaudación tributaria? Algo no anda bien aquí. ¿De verdad estudiaron bien el tema, Michelle?
Falta ver las cifras, pero hasta aquí mi impresión es que los profesionales que prepararon esta propuesta tenían serias carencias contables, y además no se dieron el trabajo de confrontar el efecto concreto de sus propuestas con la cruda realidad.
Partimos mal Michelle, pero aún es tiempo. Reestudie el tema y propónganos algo más coherente. Por favor. Pero ahora, eso sí, recurra a alguien que se maneje en el tema contable. Y que se maneje bien. Si no es tan complicado.
