Antes de cumplir su pena de más de 300 años y dos condenas perpetuas, Contreras se “refugió” en su fundo en Fresia y luego en el Hospital Naval de a Talcahuano, para posteriormente seguir “refugiándose” en los privilegios de la cárcel militar Cordillera. Esperemos que Punta Peuco sea sólo un paso en su camino a la Cárcel de Alta Seguridad, donde se resguarde su seguridad en tanto privado de libertad, pero sin privilegios.
Intocables. Así se sentían Contreras, Krassnoff, Espinoza, Moren Brito y el resto de los genocidas autores de las más graves violaciones a los derechos humanos de miles de chilenos en dictadura, en la cárcel militar Cordillera que funcionó en Peñalolén durante ocho años, hasta su inminente cierre por decisión presidencial.
Convencidos aún de que “éstas son cárceles distintas para hombres distintos”, como planteara el polémico ex presidente de la Corporación 11 de septiembre, gozaban de condiciones carcelarias privilegiadas habiendo cometido crímenes de lesa humanidad, con varias cadenas perpetuas y condenas que sumadas alcanzan más de 600 años; mientras por delitos menores, miles de reos comunes sufren la indignidad de las cárceles chilenas, en las que no están ausentes tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta torturas.
Los autores de asesinatos como el del canciller Orlando Letelier, de Víctor Jara, del general Carlos Prat y su esposa –entre los más emblemáticos-, miembros de la fatídica Caravana de la Muerte o de la Brigada Lautaro, agentes del Estado que participaron en la Operación Albania o en la Colombo, se paseaban sonrientes por las áreas verdes del penal Cordillera.
De asado en asado, partidos de tenis y hasta homenajes por su “gesta patriótica”, pasaban sus días en una cárcel especialmente construida para ellos bajo el alero del temor al poder militar que duró hasta bien entrada la transición democrática, en el recuerdo de ejercicios de enlace y “boinazos”.
El suicidio del general Odlanier Mena –hombre de confianza de Pinochet- durante su salida de fin de semana en horas previas al traslado de los genocidas a Punta Peuco, podría considerarse un acto desesperado por no abandonar los privilegios de este penal militar.
Pero también da cuenta de las rencillas internas entre los habitantes de Cordillera. Según reveló en 2006 el ex agente de la CIA Michael Towney, Contreras quiso envenenar a Mena con una “sopa de bacterias” que le solicitó al químico Eugenio Berríos.
Más que de la decisión de Piñera de cerrar el penal militar Cordillera -basada en el principio de igualdad ante la ley, la seguridad de los internos, y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería (que se concretó en la medianoche del día del suicidio del ex CNI)-, Mena es víctima de Contreras.
De hecho, en una carta aparecida el mismo día en que tomó su extrema decisión, Mena juró no tener conocimiento de la Operación Cóndor y que al hacerse cargo de la CNI, que vino a reemplazar a la DINA, puso la condición de no tener contacto alguno con Contreras, su ex director. Sostiene que como ello no se cumplió y –por el contrario- se dispuso la subordinación de todos los servicios de inteligencia a la DINA, se retiró de su cargo e institución.
Pero Mena estuvo a cargo de la operación “Retiro de televisores”, operativo diseñado por el propio Pinochet para que efectivos exhumaran los cuerpos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo Chile, luego del descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes en los hornos de Lonquén. En definitiva, el general condenado por el asesinato de tres dirigentes socialistas en el marco de Caravana de la muerte y que arriesgaba condenas en dos casos más (homicidio del periodista Augusto Carmona y de Federico Álvarez), conoció el plan de desentierro de detenidos desaparecidos apenas Pinochet lo nombró director de la CNI.
La condena de la historia
Ya tras las “rejas” (que en realidad en el penal Cordillera no existían), Contreras se siguió sintiendo tan seguro durante los 12 años que lleva su reclusión, que no ha dado una, sino muchas entrevistas a los medios de comunicación mofándose de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la verdad histórica de los informes Rettig y Valech.
Considerándose a sí mismo como un “chivo expiatorio”, Contreras hasta se enfrentó al propio Pinochet cuando cumplía 89 años, emplazándolo a que asumiera toda la responsabilidad de lo ocurrido en Chile. Además, cuestionó sus cuentas secretas en el banco Riggs, asegurando que “nadie puede llegar a tener una fortuna en el ejército, porque los sueldos de los militares son bajos. Sólo una persona hizo esto”.
Pero a 40 años del golpe falló su cálculo y no supo leer –tal como no lo hizo la candidata presidencial oficialista y sí lo consiguió el Presidente Piñera, que logró aislar a la derecha pinochetista en miras al 2017- que finalmente la historia había fallado a favor de la figura del Allende demócrata y en contra del Pinochet golpista.
Contreras insistió en la actitud soberbia que ha mantenido durante su privación de libertad, sin considerar que en esta ocasión confluyeron además de la conmemoración de las cuatro décadas del quiebre democrático, un cambio profundo en la visión histórica del golpe de Estado producto del nuevo ciclo político, una opinión pública crítica a los abusos y la inequidad, y la izquierdización de la agenda política.
En los 40 años, ni siquiera la derecha más dura se atrevió a justificar las violaciones a los derechos humanos, pero el “Mamo” en la entrevista en CNN Chile negó que Villa Grimaldi fuera un centro de tortura; se aventuró a sostener que no murió nadie en un centro de detención de la DINA; que todos los detenidos desaparecidos están en el Cementerio General; que Cordillera no era una cárcel; y que los gendarmes estaban ahí para sostenerle el bastón.
Producto de sus expresiones denigratorias a Gendarmería, Contreras fue “castigado” con una semana sin recibir visitas, confirmando los privilegios de las cárceles militares para sus “huéspedes”. En cambio, los castigos a reos comunes en las cárceles chilenas son las celdas de aislamiento sin luz ni baño, que tampoco tienen muchos reclusos en sus celdas, lo que los obliga a defecar en bolsas cuando se cierran las rejas tipo 5 de la tarde. Compare.
La cárcel militar Cordillera tenía 10 internos (considerando a Mena) y 36 funcionarios de Gendarmería (3,6 gendarmes por recluso), mientras la ex Penitenciaría de Santiago tiene 400 gendarmes para 5.456 privados de libertad (0,01 gendarmes por reo). Vuelva a comparar.
Las “tradiciones” se mantenían en la cárcel militar Cordillera: un garzón funcionario del Ejército diariamente le administraba los alimentos a Contreras y la guardia militar le seguía rindiendo honores, como denunció el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Oscar Benavides.
La mantención del rango militar a pesar de ser reos condenados no tiene ninguna justificación. Por ello es necesaria la denigración de militares condenados por delitos de lesa humanidad para que sean expulsados de las FFAA, se les quite su grado, cumplan sus penas en cárceles comunes y dicha sanción no sólo sea aplicable por la internacionalmente cuestionada justicia militar.
La cárcel Punta Peuco en Til Til recibió a los ahora nueve genocidas de Cordillera, con 44 internos y capacidad para albergar a 48, y 66 gendarmes disponibles. Aunque este penal fue construido en un terreno de Gendarmería y no militar, sigue siendo una cárcel especial para uniformados (al que, en una clasista medida, van funcionarios de menor rango).
Cabe preguntarse por qué se debe mantener el concepto de cárcel militar para los integrantes de las FF.AA. condenados, habiendo recintos como la Cárcel de Alta Seguridad que cumple con condiciones de segregación y seguridad adecuadas para estos uniformados, como lo ha sostenido la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería.
Y también cabría considerar la idea de mantener la cárcel Cordillera y trasladar allí a madres privadas de libertad con sus hijos pequeños, por ejemplo, considerando que el hacinamiento y la sobrepoblación son la tónica en los penales chilenos (aunque habría que ver la viabilidad de una medida como ésa en un recinto militar como el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, donde está instalado el penal). Ello sería un golpe a la cátedra que avanzaría en la aún lejana concreción del principio de igualdad ante la ley.
Antes de cumplir su pena de más de 300 años y dos condenas perpetuas, Contreras se “refugió” en su fundo en Fresia y luego en el Hospital Naval de a Talcahuano, para posteriormente seguir “refugiándose” en los privilegios de la cárcel militar Cordillera. Esperemos que Punta Peuco sea sólo un paso en su camino a la Cárcel de Alta Seguridad, donde se resguarde su seguridad en tanto privado de libertad, pero sin privilegios.
Por más que Contreras buscara dilatar su traslado a Punta Peuco presentando un Recurso de Protección contra el propio Presidente de la República con la aberrante argumentación de “torturas psicológicas” por su decisión (que su defensa tratará de fortalecer con el suicidio del general Mena), o incluso si en una de sus salidas semanales a diálisis intentara parapetarse en el Hospital Militar, por ejemplo, Manuel Contreras ya no tiene poder ni respaldo político. Porque no sólo la justicia, sino que la historia ya lo condenó. Hoy la soberbia también tiene su precio.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
