Planificar desde la elite, sin articular intereses colectivos, ha llevado a que el descontento se tome la calle y ha instalado la idea de que la empresa es enemiga de sus comunidades y a su vez, éstas enemigas del desarrollo.
Con la ratificación del fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que suspende el proyecto Pascua Lama, queda de manifiesto que los aspectos técnico-normativos son los que las empresas y la institucionalidad gestionan y todo aquello que está en lo “subjetivo” o la afectación de las comunidades queda aún sin abordar.
La ciudadanía movilizada oponiéndose a proyectos industriales, se ha vuelto un factor de freno a la inversión, se afirma desde el mundo empresarial y señalan que la “fórmula” de crecimiento exhibe una economía saludable en cifras macroeconómicas y no debe ser alterada. En definitiva, que el desarrollo funciona regulado por el mercado, en la creencia que este es un ámbito en que los actores sociales no deben entrometerse. Si se “permite”, el crecimiento decaerá, la economía y el desarrollo se frenarán. Es la idea que la generación de riqueza radica en las fuerzas del mercado, que por añadidura trae desarrollo social y que toda regulación es limitación a los derechos de propiedad.
La irrupción de fuerzas sociales demandando más equidad, inclusión y participación, para ser parte de un sistema del que se sienten excluidos, reinstala la idea que los intereses económicos se oponen a los de la ciudadanía o que abusan contra las mayorías, impidiendo dialogar y confiar en posibles acuerdos o resoluciones de conflicto sobre las controversias de la relación empresa-comunidad.
[cita]Planificar desde la elite, sin articular intereses colectivos, ha llevado a que el descontento se tome la calle y ha instalado la idea de que la empresa es enemiga de sus comunidades y a su vez, éstas enemigas del desarrollo.[/cita]
Hoy podemos reinterpretar esta creencia, la que desde los empresarios, sólo algunos pueden participar y tener voz en el desarrollo y de las comunidades que sienten que perderán o transarán algo al dialogar o negociar con las empresas. El sistema se vuelve excluyente y polarizado, al contraponer oportunidades a derechos, la opinión al orden y el desarrollo a las comunidades. En definitiva, dicotomías que la realidad disuelve, en tanto el contexto actual obliga a correr las fronteras de lo posible y redibujar la relación entre comunidades y empresa.
Desde esta óptica, a pesar de las cifras macroeconómicas, la percepción en la ciudadanía es de abuso. Por otra parte, las variables sociales se han vuelto las variables duras en los proyectos industriales y no incluir a las comunidades afectadas, ya no es sostenible. El desarrollo nos incumbe a todos.
Así, la participación es una demanda más profunda que una demanda simbólica y es más resolutiva que una suma de subjetividades “retrasando decisiones” de inversión. El cumplimiento legal de los proyectos ya no es suficiente, más aún cuando los procedimientos y las autoridades que los administran, no gozan de buen prestigio. Planificar desde la elite, sin articular intereses colectivos, ha llevado a que el descontento se tome la calle y ha instalado la idea de que la empresa es enemiga de sus comunidades y a su vez, éstas enemigas del desarrollo.
El imperativo de los grupos de interés es orientarse al bien común y que los intereses privados se hagan parte del interés público. Es necesario que la sociedad —incluyendo a ciudadanos, empresarios, comunidades, políticos y líderes— discutan técnica, social y políticamente el modelo de desarrollo a construir. La sostenibilidad depende de ello y no podremos hablar de desarrollo mientras sus materias sólo sean decisión de algunos.
Así, el Estado no puede actuar solo como regulador de la relación empresa-comunidad y dejar que sea la justicia la que resuelva. Es un desafío el fortalecimiento de la capacidad de lo público, de representar intereses colectivos de largo alcance, en conjunto con su capacidad de otorgar permisos y fiscalizar operaciones.
Encontrar mecanismos más eficientes y efectivos de participación, que vayan más allá de la mera información, sino que recojan e incluyan los intereses comunes de un determinado territorio, debe ser tarea de gobiernos locales a través de la mejora de la participación en sus instrumentos de planificación territorial, dando garantía y mayor confianza a las comunidades organizadas y no organizadas, sobre qué desarrollo han definido para sí mismas, donde las empresas y sus proyectos tendrán también que hacerse parte.
