Lo dramático del caso, lo que le da ribetes de tragedia a lo que en principio parece meramente absurdo, es que los bufones no estén sólo en la calle, sino también en los Tribunales.
El caso en cuestión no se refiere a dos adolescentes, sino a un abogado y a un psicólogo que pasaron hace rato ya los 40. Uno es Luis Mariano Rendón, el activista por antonomasia, y el otro, Osvaldo Tello.
Ambos se presentaron el lunes pasado a lo que se suponía iba a ser un juicio simplificado a propósito de una toma que este par de idealistas protagonizó hace dos años. En ella, ingresaron violentamente al ex Congreso con un grupo de estudiantes e interrumpieron una sesión en la que participaba el ministro de Educación de la época, Felipe Bulnes.
Revisando las imágenes, el episodio resulta risible: Rendón sostiene una pancarta y mientras señala con el índice a las autoridades, grita cual cheerleader: “Aquí están, ellos son, los que venden la Nación”. Probablemente, en el sentido épico de Rendón y de Tello, esta toma constituyó un acto revolucionario en pos de la educación pública, pero eso no quita que a mí me cause gracia la escena.
[cita]Lo dramático del caso, lo que le da ribetes de tragedia a lo que en principio parece meramente absurdo, es que los bufones no estén sólo en la calle, sino también en los Tribunales.[/cita]
El hecho es que en este teatro del absurdo que se desarrolló, como es obvio, al margen de la institucionalidad, el espectáculo mejor fue el que ofreció Víctor Vidal, el Fiscal a cargo del caso; aparentemente, este carece no sólo de criterio jurídico sino, sobre todo y fundamentalmente, de sentido común.
La oferta que Vidal les hizo a Rendón y a Tello fue la que sigue: suspender el proceso penal en el que estaban involucrados, bajo la condición de que apoyaran una campaña social. Discutible pero aceptable, si no fuera por lo lato del concepto de «campaña social» que maneja el Fiscal.
Porque ocurre que la «campaña social» con la que Rendón y Tello quedaron obligados a cooperar, es nada menos que una campaña de naturaleza política. A saber, aquella que invita a marcar el voto por una Asamblea Constituyente.
Quienes defienden la legitimidad de semejante castigo nada podrán objetar el día de mañana, por tanto, si algún Fiscal de la misma calaña le ofrece a otro imputado la opción de evitar un juicio penal a cambio de participar en una campaña parlamentaria, por ejemplo.
Lo que resulta tranquilizador es que el acusado podrá exigir, en virtud de la igualdad ante la ley, que se trate de una campaña con la cual él se sienta identificado en términos ideológicos. Porque, así como Rendón y Tello fueron invitados a sumarse a la campaña “Marca tu Voto”, alguien como yo podrá cooperar con campañas destinadas a luchar contra la institucionalización del aborto o del matrimonio homosexual. De otra forma, un Fiscal cualquiera tendría la atribución no sólo de velar por el cumplimiento de la ley, sino también la de imponerme sus propias y personalísimas preferencias políticas.
Más aún: a diferencia de Rendón y de Tello, yo podría alegar que las causas que suscribo tienen amparo constitucional y no son, como la de ellos, contrarias a la legalidad.
Lo dramático del caso, lo que le da ribetes de tragedia a lo que en principio parece meramente absurdo, es que los bufones no estén sólo en la calle, sino también en los Tribunales.
