Opinión
Permitir en la fijación tarifaria para los próximos años nuevamente un cargo de acceso excesivo, implicaría la mantención de una renta indebida en la industria de las telecomunicaciones para Movistar, Claro y Entel, carente de justificación técnica, y un grave daño a la competencia en la industria de las telecomunicaciones, todo a costa del bolsillo de los consumidores.
En este mes de octubre debiera terminar el proceso de fijación tarifaria de la telefonía móvil que entrará en vigencia a partir del 2014 hasta el 2019. En él se incluyen los cargos de acceso, que son aquellos cobros por llamadas de un usuario de una empresa que finalizan en la red de otra compañía. En este particular aspecto de la nueva fijación tarifaria están en juego tanto el interés económico de los usuarios como una mayor competencia del mercado de la telefonía móvil.
Es un hecho de la causa que, a mayor competencia entre proveedores de un mercado, los consumidores del mismo son beneficiados con menores precios.
En la telefonía móvil, las empresas Movistar, Entel y Claro controlan más del 95% de un mercado que ya tiene cerca de 24 millones de aparatos móviles y que sigue creciendo. Los nuevos competidores que han podido entrar a ese mercado, entre ellos VTR y Nextel, en conjunto no han logrado penetrarlo y convertirse en desafiantes. La razón fundamental es que su competencia se ve dificultada por el alto costo de los cargos de acceso que deben pagar a esas tres grandes compañías, ya que las llamadas de sus usuarios en un altísimo porcentaje finalizan en las redes de estas. Si el cargo es muy alto, la posibilidad de sustentarse en el mercado es prácticamente nula.
En el presente proceso, las tres empresas grandes, Movistar, Claro y Entel entregaron sus propuestas de costo de los cargos de acceso a Subtel para los próximos 5 años, el cual en la actualidad es de $60 pesos por llamada. Han propuesto rebajarlo a $31, aproximadamente por los próximos de 5 años, que es casi un 50% de lo que cobran hoy y que, a simple vista, parece un gran avance. Sin embargo, lo nuevos entrantes al mercado no están conformes y postulan un cargo de acceso de aproximadamente $8.
El promedio de costo de cargo de acceso en la OCDE es hoy de $12, y la tendencia es a rebajarlos aún más. La OCDE recomienda hoy que sea mínimo o de costo $0.
[cita] Con todo, en la actual legislación, es deber de la autoridad sectorial (Subtel) representar el interés general, y los consumidores debiéramos esperar que la autoridad represente fielmente también a los consumidores –además del orden público económico– y logre que se rebaje el cargo de acceso a los niveles recomendados por la OCDE.[/cita]
Los $60 de Movistar, Claro y Entel hacen que Chile encabece de lejos el cargo de acceso más caro de los países de la OCDE y los precios más altos del mundo en telefonía celular. En Estados Unidos, el país donde todo se paga, el costo de acceso es prácticamente $0, lo que explica el bajo costo que tienen las llamadas. Allí, además, la competencia se da con una gran cantidad de compañías disputando el mercado, ofreciendo mejores servicios y precios para sus usuarios, impacto directo del bajo o nulo valor del cargo de acceso.
Algunos especialistas estiman que, en Chile, las tres empresas que controlan el mercado nacional (Movistar, Entel y Claro), han obtenido en los últimos 5 años una sobreutilidad de cerca U$4.000 millones de dólares, a costa de los usuarios por este concepto, al valor de $ 60.
De ahí que la propuesta de cargo de acceso a aproximadamente $31, que acaban de presentar Movistar, Entel y Claro a la Subtel, para la nueva fijación tarifaria 2014-2019, no se ajuste con la tendencia mundial, no promueva la competencia y sea insuficiente para el interés de los usuarios. Ella no va a resolver el alto costo de los servicios y mantendrá la renta indebida. Los especialistas estiman que una rebaja al valor promedio de la OCDE de $12, que es un estándar que Chile debe atender, significaría entre US$ 400 a U$ 500 millones de dólares anuales de ahorro para los consumidores de servicios de telefonía durante los próximos 5 años, que de otra manera van a parar directamente a los proveedores.
Por lo mismo, resulta preocupante lo manifestado por el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, a diferentes medios de comunicación señalando, un tanto ambiguamente, que dicho cargo será menor de $40. Lo peor es que ha agregado que está en estudio la subutilización del espectro concesionado por parte de los nuevos entrantes, lo que podría generar la caducidad de las concesiones otorgadas. Ello, a nuestro juicio, constituye una mala noticia para la competencia y los consumidores, pues no se ha tomado medidas correctivas de un mercado con distorsiones e imperfecto, entre ellas el cargo de acceso impuesto por quienes lo controlan prácticamente de manera completa.
En el actual proceso de fijación tarifaria, los consumidores nuevamente no han podido estar presentes, a pesar que la ley considera su participación. Las razones son de índole económica, pues las asociaciones de consumidores carecen de recursos suficientes para contratar a los expertos que permitan, con sus informes, representar documentadamente el interés de los usuarios. Por su parte, el doble papel de autoridad sectorial y de superintendencia del mercado de telecomunicaciones que tiene Subtel, genera una situación ambigua y riesgosa para la regulación en esta materia y no estamos seguros que las decisiones equilibren bien el interés de las empresas y el interés de los consumidores.
Con todo, en la actual legislación, es deber de la autoridad sectorial (Subtel) representar el interés general, y los consumidores debiéramos esperar que la autoridad represente fielmente también a los consumidores –además del orden público económico– y logre que se rebaje el cargo de acceso a los niveles recomendados por la OCDE. En términos generales, no existen razones técnicas para que ello no ocurra, lo que puede significar la rebaja de más de 30% en el costo de los servicios para los consumidores.
Permitir en la fijación tarifaria para los próximos años nuevamente un cargo de acceso excesivo, implicaría la mantención de una renta indebida en la industria de las telecomunicaciones para Movistar, Claro y Entel, carente de justificación técnica, y un grave daño a la competencia en la industria de las telecomunicaciones, todo a costa del bolsillo de los consumidores.
