El festín de las promesas electorales

Es habitual que en las conversaciones del día a día confundamos planos y órdenes de clasificación que terminan por impedir llegar a acuerdos. Un profesor de derecho decía a sus alumnos que clamaban por justicia, si de lo que estaban hablando era de justicia distributiva, conmutativa o retributiva, dado que, al definir dicho plano, las conclusiones del análisis serían distintas.

Algo similar ocurre en tiempo de elecciones, donde todos y cada uno de nosotros nos sentimos construyendo realidad a través de las conversaciones que sostenemos sobre las distintas propuestas de los candidatos con los que nos identificamos más o menos, según nuestros puntos de vista, si es que los tenemos.

En efecto, cuando nos ocupamos de una propuesta que, en el orden de lo económico (etimológicamente, orden de la casa), nos presentan los políticos aspirantes a conducir la polis (u orden de la ciudad), se traba un tipo de polémica que tiende a confundir niveles de la actividad humana: el primero, relativo a las decisiones personales y cotidianas que, como agentes económicos, realizamos y cuyo propósito es satisfacer el natural deseo de mejorar nuestros niveles de vida, y si se trata de una empresa privada, ese pulso es la búsqueda de ganancia; el segundo, se refiere al “orden de la ciudad” o de la sociedad, más complejo, porque atañe a todos quienes la componen, ricos y pobres, sabios y obtusos, reformadores y conservadores, con sus diversos deseos, necesidades, valores e impulsos, que es menester coordinar bajo ciertas normas que posibiliten la convivencia y resolución pacífica de los conflictos que surgen en ambientes de libertad. El primero, atañe al orden de lo privado y los derechos; el segundo, a lo público y los deberes.

[cita]En medio de la lucha electoral y del festín de propuestas destinadas a satisfacer el cada vez más exigente paladar ciudadano con promesas –muchas de ellas– irrealizables, sería oxigenante que nuestros candidatos a la Presidencia de la República pusieran cuidado en no traspasar los límites de tolerancia del “orden de la casa” para llevar la virtud al “orden de la ciudad”, enfocándose en lo que Paulina Yazigi ha llamado las cinco “E” de la coyuntura: equidad, educación, energía, empleo y estabilidad, de manera de no vivir la paradoja del sacristán, puesto que, en la competencia mundial y particularmente en medio de la actual crisis internacional, el capital ataca huyendo. [/cita]

Parece de más señalar que lo que las personas individuales puedan hacer, abocadas a satisfacer el deseo de vivir mejor y respetando las normas que rigen la sociedad en la que viven, otorgará mayor o menor dinamismo a la creación de riqueza y que el volumen de esa actividad dependerá muy crucialmente de los incentivos o desincentivos dispuestos en las políticas públicas. Es decir, si las normas referidas a la actividad productiva, creativa e innovadora de las personas o grupos de aquellas organizadas como empresas se constituyen en trabas a la tarea diaria de administración, distribución, comercialización, infraestructura, tributos, energía, capital y trabajo, la creación de riqueza será más lenta. Por el contrario, si aquellas leyes facilitan el trabajo privado, la sociedad como un todo (aunque unos más rápido que otros, es cierto) crecerá con mayor velocidad, se generarán empleos, más bienes y servicios y, en definitiva, mayor igualdad de oportunidades para que las personas puedan alcanzar una vida más plena, según sus propias metas, valores y derechos humanos.

De allí la relevancia de la política en la vida privada de las personas. Pero el “orden de la polis” tiene sus propios objetivos, muchas veces no necesariamente adecuados a los de sus ciudadanos, dado que la sociedad, a través de su expresión institucional máxima, el Estado, puede obligar legítimamente a sus súbditos a conseguir sus propias metas de supervivencia nacional exigiéndoles ciertos deberes. Ahí están la conscripción militar, los impuestos, el acatamiento de las leyes y normas dictadas y, respecto de cuya trasgresión, el Estado tiene la facultad jurídica de aplicar la fuerza en contra del desobediente.

Es en este punto en el que “se traba la verdadera Litis”, entre los propósitos de las personas, sus derechos y los del conjunto social que llamamos “sociedad”, esa abstracción intelectual que concibe al grupo humano como sistema y que, desde lo ideal, construido por el lenguaje y los poderes efectivos (punitivo, legítimo, de recompensa, autoridad o expertizaje), se transforma en una entidad con “vida propia” que nos impone ciertos deberes.

Se instala de esa manera, en los hechos, una lucha entre lo económico (la casa, lo privado, los derechos) y lo político (la ciudad, lo público, los deberes). Así, valores caros a personas decentes y bien adecuadas al sistema, como justicia, igualdad, libertad o solidaridad, son trasladados a lo societario y en boca de ciertos líderes mutan en descuidados, imprecisos y genéricos eslóganes que enervan pasiones y exaltan ingenuos corazones. Entonces, los ciudadanos de a pie, impulsados por nobles emociones, como la compasión, simpatía o la dignidad del otro, somos pasto de quienes, electos para administrar la fuerza del Estado, ofrecen aplicarla en contra de otros conciudadanos (siempre habrá enemigos) para establecer un nuevo orden que nunca parece honrar la tan necesaria ética de las consecuencias cuando se trata de restar libertades desde el poder del Estado.

Por de pronto, quienes proponen cambios para imponer más igualdad (¿equidad?) o justicia redistributiva –que no conmutativa, ni retributiva– aseguran que las alzas de impuestos o eliminación de normas que atraen al capital extranjero (DL 600) o incentivan la reinversión de utilidades (FUT) no afectarán la actual actividad, porque las empresas rentan lo suficiente, aun elevándoles los tributos y eliminándoles tales prebendas. Y añaden que, por el contrario, una mejor distribución del ingreso nacional –tan desigualmente acumulado en regímenes de libertad– aquietará los corcoveos del sector ciudadano que está “chato de ser abusado». Y si esos impuestos se invierten para mejorar la calidad de la educación y la salud, los propios privados –personas o empresas– tendrán una fuerza de trabajo más capacitada y productiva y todo será mejor.

Los efectos de las medidas en lo económico propuestas por diversos candidatos están por verse. Y aunque no hay pruebas irrefutables (la economía la hacemos los hombres y los hombres se mueven racional e irracionalmente) la función de utilidad (así la llaman los economistas) parece afectarse con la incertidumbre y con normas y exigencias administrativas mal diseñadas e incentivos mal puestos que encarecen los factores de producción de bienes y servicios, obstaculizando la gestión particular. Así, sin darnos cuenta, puede llegar un punto en donde el ciudadano privado decide no seguir haciendo lo que hacía, porque le resulta más cómodo y rentable llevar su dinero al banco y cobrar intereses o porque encontró otro lugar donde hacer lo mismo, ganando más.

No habría que olvidar que en los últimos 30 años el país ha quintuplicado su PIB (Informe OCDE) gracias a la mantención de una política que, desde el Estado, ha asegurado la mayor libertad para la iniciativa privada, una apertura al comercio exterior que nos obliga a estándares mundiales en lo que producimos, so pena de ser reemplazados por productores foráneos, y un Estado subsidiario que, al no competir como empresario por el capital siempre escaso, ha permitido tasas de interés razonables y tipos de cambios competitivos. Aún más, en los últimos 4 años el país ha crecido a un mayor ritmo porque, adicionalmente, la administración se ha preocupado de eliminar buena parte de los “lomos de toro” normativos, legales y administrativos a empresas y emprendedores, incentivando la existencia de casi un millón de firmas, de las cuales el 65% son mipymes, es decir, personas individuales que ya no trabajan para terceros, sino que son dueños de sus decisiones y están haciendo un nuevo uso de sus capacidades liberadas.

En medio de la lucha electoral y del festín de propuestas destinadas a satisfacer el cada vez más exigente paladar ciudadano con promesas –muchas de ellas– irrealizables, sería oxigenante que nuestros candidatos a la Presidencia de la República pusieran cuidado en no traspasar los límites de tolerancia del “orden de la casa” para llevar la virtud al “orden de la ciudad”, enfocándose en lo que Paulina Yazigi ha llamado las cinco “E” de la coyuntura: equidad, educación, energía, empleo y estabilidad, de manera de no vivir la paradoja del sacristán, puesto que, en la competencia mundial y particularmente en medio de la actual crisis internacional, el capital ataca huyendo.

Chile no puede aún darse lujos de potencia –no es cierto que nuestra simple buena conducta sostenida por 40 años nos haga elegibles per se para la inversión y el ahorro externo–. Nunca está de más volver a dimensionar nuestra real importancia y riqueza: representamos apenas el 0,3% del PIB mundial y los US$ 22 mil millones ahorrados en los Fondos de Reserva en el exterior no superan el 10% de la riqueza anual generada por el país. Es decir, si ganáramos un millón de pesos, dichos ahorros no superarían los $90 mil. Poner las cosas en su lugar pudiera no ganar votos, pero disminuye la frustración que producen las promesas incumplidas.