La amplia agenda modernizadora incluye una revisión del gobierno corporativo de las agencias reguladoras que propicie el fortalecimiento de sus atribuciones y, paralelamente, una mayor autonomía respecto de la autoridad política. También conviene abordar con prontitud un tema olvidado, pero esencial: la regulación de la gestión documental del Estado, precisando los criterios para la preservación, indexación y disposición al público de la gran cantidad de información que los organismos públicos producen en formato físico y digital.
Adecuar las funciones estatales a las nuevas expectativas sociales y optimizar la gestión pública son exigencias permanentes e ineludibles de todo gobierno. Los planos en que ha de expresarse la reforma del Estado son múltiples, tanto que en cada función pública es posible imaginar mejoras en eficiencia e impacto. Un amplio y consensuado catastro de reformas necesarias para optimizar la gestión del Estado propuso el año 2009 el Consorcio para la Reforma del Estado, conformado por un grupo transversal de universidades y centros de estudios. Por ende, más que nuevos diagnósticos y propuestas, lo que falta es reponer los acuerdos políticos y el sentido de urgencia para concretar las mejoras ya identificadas.
Entre ellas, cabe reiterar la necesidad de crear una Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que mida el impacto de las políticas y los programas que impulsa el Estado y que también contraste los objetivos propuestos con la evidencia de los resultados obtenidos bajo una metodología pública, objetiva y rigurosa. Por cierto, instalar en el Estado la práctica de medir los resultados de su gestión requiere más que una agencia de evaluación: se necesita un nuevo marco legal que imponga obligaciones metodológicas (marco lógico) a todo programa y política, de modo de facilitar la medición posterior de su impacto. Si bien la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda realiza y subcontrata mediciones de impacto de centenares de programas, nos parece que esta función debiese ser preferentemente ejercida por una agencia autónoma del gobierno, puesto que sólo así sus evaluaciones tendrán la validación transversal necesaria que valide y justifique decisiones relativas a la conveniencia de escalar, modificar, reducir o eliminar determinados programas o políticas.
[cita]La amplia agenda modernizadora incluye una revisión del gobierno corporativo de las agencias reguladoras que propicie el fortalecimiento de sus atribuciones y, paralelamente, una mayor autonomía respecto de la autoridad política. También conviene abordar con prontitud un tema olvidado, pero esencial: la regulación de la gestión documental del Estado, precisando los criterios para la preservación, indexación y disposición al público de la gran cantidad de información que los organismos públicos producen en formato físico y digital.[/cita]
Mejorar sustantivamente la capacidad de medir la relación entre el costo y el beneficio de los miles de programas con que el Estado concreta su accionar es, muy probablemente, el proyecto más rentable en que puede embarcarse el proceso de reforma del Estado. Si junto a ello se favorece un debate político informado –alimentado de insumos objetivos, metodológicamente rigurosos y transversalmente legitimados– será posible aspirar a una mejoría significativa en la capacidad estatal de ajustar oportunamente las políticas a las conclusiones que fluyan de la evidencia de su impacto.
Un segundo insoslayable en la modernización del Estado apunta a la modernización de sus propias relaciones laborales. El régimen de contrata de sus funcionarios, ya preponderante, lleva la flexibilidad al extremo de desproteger a los trabajadores de un modo que resultaría legalmente inaceptable si el empleador fuera privado. Se propone reformar ese régimen, incluyendo los beneficios que el Código del Trabajo ofrece a los trabajadores: seguro de desempleo, indemnizaciones y regulaciones propias del derecho laboral colectivo. En este último aspecto, se propone adecuar la norma a la realidad observada, sincerando y regulando la negociación colectiva y la huelga, buscando preservar legalmente la continuidad de servicios esenciales, y contemplando, en ciertos casos, el arbitraje obligatorio. El Estado empleador está en deuda con sus funcionarios, y no parece fácil pensar en un Estado moderno si su relación con las personas que en él trabajan contradice tan frontalmente las mejores prácticas en la materia.
La amplia agenda modernizadora incluye una revisión del gobierno corporativo de las agencias reguladoras que propicie el fortalecimiento de sus atribuciones y, paralelamente, una mayor autonomía respecto de la autoridad política. También conviene abordar con prontitud un tema olvidado, pero esencial: la regulación de la gestión documental del Estado, precisando los criterios para la preservación, indexación y disposición al público de la gran cantidad de información que los organismos públicos producen en formato físico y digital. La regulación legal vigente se dictó más de 80 años atrás y bien merece una actualización.
