Opinión
La probidad de la Mandataria electa no se discute y, por el contrario, muchos entienden y valoran su molestia cuando, en particular, amigos suyos o de su entorno cambian su rol público por el dinero, o desempeñan papeles ambiguos. Es por eso que llama la atención, en el contexto de sus propias definiciones, el rol que desempeña en su comando Cristián Larraín, Coordinador de la Comisión de Supervisión y Regulación Financiera
En su discurso de celebración la Presidenta electa enfatizó que “al Estado se viene a servir”, en clara alusión a que durante su administración no se tolerará “doble militancia”.
Al poner ese énfasis aquella noche Michelle Bachelet envió una tremenda señal a los aspirantes a cargos, al reiterarles que en su nueva administración no permitirá que se repitan los mismos errores que tanto la ofuscaron. En este plano, la probidad de la Mandataria electa no se discute y, por el contrario, muchos entienden y valoran su molestia cuando, en particular, amigos suyos o de su entorno cambian su rol público por el dinero, o desempeñan papeles ambiguos.
Es por eso que llama la atención, en el contexto de sus propias definiciones, el rol que desempeña en su comando Cristián Larraín, Coordinador de la Comisión de Supervisión y Regulación Financiera, como lo graficó a un matutino metropolitano (El Pulso, 5 de diciembre). Quienes lo conocen señalan que su perfil es similar a ese grueso número de jóvenes izquierdistas de fines de los 80 que a inicios de los 90 fueron reclutados rápidamente por el capital y militan desde entonces en el partido del dinero.
Su trayectoria en el comando es muy similar a la de Andrés Velasco en la elección de 2005. En efecto, hay quienes comentan que en la anterior campaña presidencial el ex ministro de Hacienda no estaba en su estructura orgánica ni en la periferia del equipo, hasta que, súbitamente, apareció desempeñando roles protagónicos, como lo era estar a cargo del programa presidencial. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan en qué momento y por qué motivos la ex Presidenta tomó esa decisión, aunque varios indican que aquello coincidió con el retorno de Bachelet de un viaje a Nueva York. Cosa similar, aunque con menos relevancia, ocurrió con Cristián Larraín, quien, al revisar los nombres y equipos difundidos por la propia candidata en julio, no figura en la lista de integrantes, ni en los elencos temáticos. Sin embargo, en diciembre aparece dando esta entrevista como el flamante Coordinador de la Comisión de Supervisión y Regulación Financiera del programa de Michelle Bachelet. ¿Cómo llegó allí? Tampoco nadie lo sabe, aunque algunos especulan que se debe a la mano de los neoliberales del PPD, en tanto otros lo asocian como parte del entorno de los líderes del PDC, y otros creen que se debe a la mano de “los que aman a Lagos”. ¿Han escuchado aquello de que quien pone la plata, pone la música?
[cita]Y es que para Cristián Larraín la agenda financiera no es un enigma. Se le reconoce talento y manejo de la temática. Aunque tiene un pequeño problema. Está involucrado hasta el tuétano en aquello que los electores de Bachelet y en particular los chilenos de hoy condenan: la defensa del lucro y de los intereses corporativos que mejor que nadie representan los bancos y que no pocos integrantes de la nueva coalición han elegido como su forma de ganarse la vida. [/cita]
Y es que para Cristián Larraín la agenda financiera no es un enigma. Se le reconoce talento y manejo de la temática. Aunque tiene un pequeño problema. Está involucrado hasta el tuétano en aquello que los electores de Bachelet y en particular los chilenos de hoy condenan: la defensa del lucro y de los intereses corporativos que mejor que nadie representan los bancos y que no pocos integrantes de la nueva coalición han elegido como su forma de ganarse la vida.
Hete aquí un recuento: cuando en 2003 Lagos hizo el anuncio de ampliación del acceso a la educación universitaria y se formalizó la creación del Crédito con Aval del Estado, sus asesores en el Mineduc se abocaron a levantar las licitaciones que permitirían que los bancos les prestasen dinero a jóvenes de bajos recursos, sin la exigencia de garantía y a tasas bajas. Pero los bancos se negaron en primera instancia a entrar en un negocio que no se veía. Como el anuncio fue hecho previamente, el Estado no podía dar vuelta atrás en su promesa y en un contexto en que los estudiantes ya estaban postulando. A ello se sumó una grave falla: los primeros 10 mil créditos fueron mal otorgados debido a un error computacional. Fue en ese contexto cuando Cristián Larraín –director por entonces de la comisión Ingresa– creó la solución que acabó luego en un desastre para miles de estudiantes: la compra de parte de la cartera con la famosa recarga que provocó que los alumnos se endeudasen más allá de sus posibilidades y cuya consecuencia fuera que, como lo señaló Alberto Mayol, en 2009 el Estado pagara a los bancos por intereses más dinero del que le habría costado becar a todos los alumnos. El creador del modelo diría luego, en una entrevista, que “no sé por qué se pagaron a los bancos sobreprecios excesivos”. En las sesiones 1 y 2 de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para estudios Superiores –18 y 20 de enero de 2006–, y a las que asistió en su calidad de Director Ejecutivo, se observa en detalle la chambonada que aún le cuesta cara al país y que fue uno de los motivos que gatilló la explosión del movimiento estudiantil en 2011. En aquella oportunidad el aludido puso su renuncia a disposición después de que José Antonio Guzmán, en representación de los institutos profesionales y CFT acreditados, dijera lo siguiente: “Deben hacerse valer las responsabilidades correspondientes, por cuanto, en cualquier empresa privada el Gerente General debía renunciar, concluyendo que este fue un error inexcusable”.
En una entrevista dada a Ciper Chile, en pleno apogeo del movimiento estudiantil del 2011, indicó que “la lógica de la ley apunta a no tener una agencia estatal administrando los créditos… la idea por ende es que los privados administren y ojalá financien los créditos… la experiencia de agencias estatales administrando créditos es pésima. Los bancos cobrando una sobrecarga razonable liberan al Fisco de toda esa carga. Si las tasas se mantienen en torno al 6% que pidió CorpBanca en 2011… Me parece que el sistema funciona bien”. Ese mismo año afirmó que “es equivocado sacar a los bancos del CAE”, porque estos “son especialistas en cobrar”, conclusión que no es del todo evidente con este sistema, pues la ganancia está asegurada con el seguro fiscal, como lo demuestra la enorme experiencia existente.
Pero Larraín y su defensa sin cuartel de los bancos ya eran conocidos en el medio. Y hay que reconocer que el creador del CAE es, sin embargo, muy coherente con el funcionamiento del marco regulatorio chileno y, ya en 2002, defendía a las instituciones financieras cuando campeaban las críticas al modelo implementado, a fines del gobierno de Frei, por el entonces Superintendente Ernesto Livacic. En un trabajo preparado para la SBIF –“Tasa máxima convencional: evidencia internacional y limitaciones del actual sistema”–, en tiempos en que la comisión asesora del Ministerio de Hacienda estudiaba la posibilidad de modificar el procedimiento de fijación de tasas de interés máximo convencional (TMC) que ya había entrado en el debate producto del abuso que hacían los bancos de ella, nuestro personaje concluía que: “El proyecto de ley no agregaría valor en cuanto a dar más flexibilidad a la operación del mercado”. Curiosamente, serían Piñera y su ministro Longueira quienes iniciarían la modificación de la ley que ya está en su último trámite.
En otro trabajo contemporáneo –“Agenda de reformas para el sistema bancario chileno”– publicado por el CEP y que fue comentado y celebrado, entre otros, por Harald Beyer, el encargado de regulación del comando de la hoy Presidenta electa de Chile proponía que incluso ni siquiera existiera una TMC. Con una frialdad absoluta hacia los ciudadanos –“se trata de un segmento que no puede ser bancarizado, ante la imposibilidad de generar tasas de rentabilidad acorde con el riesgo y costos involucrados”– proponía que ni siquiera hubiese mínima regulación al “eliminar la TMC, manteniéndola únicamente para efectos de calcular sanciones por concepto de intereses penales cuando así corresponda”. En definitiva, su paper iba en el camino de eliminar cualquier regulación posible, incluso llegando a sugerir como “necesario disminuir los requerimientos de información efectuadas a los bancos”.
Con posterioridad y en pleno cuestionamiento de las organizaciones de consumidores a las ventas atadas que estaban haciendo los bancos –oferta de crédito a más bajo interés, pero con la exigencia de la apertura de cuenta corriente–, diría a La Tercera (29 de noviembre de 2010) que “si la cuenta corriente es costo cero, que haya venta conjunta es irrelevante”.
En la conocida entrevista el aludido señala que “en lo sustantivo, la industria financiera está al debe en lo que es protección de los consumidores”, sin embargo, la frase, coherente con las ideas fuerzas de la candidata, no cuadran con la realidad y sus intervenciones pasadas: padre del CAE y eterno defensor de la desregulación bancaria. Esta es su historia: la de un personaje que no calza con las aspiraciones que la próxima Presidenta enarboló a partir de su regreso, ni menos con el discurso de la noche del 15 de diciembre y que, por el contrario, aparece, aunque en un sentido inverso, como Ignatius Reilly, el personaje de La conjura de los necios, en violenta rebeldía contra la defensa del interés general que los chilenos reiteran encuesta tras encuesta, en una sociedad que ya no admite sólo el dinero como blasón en su estandarte.
