El éxito se definió rígidamente, no como la obtención del grado, sino como el cumplimiento de ciertos plazos estipulados desde una planificación unilateral, que no consideraba los plazos reales del desarrollo de un postgrado (que además difieren según los ámbitos del conocimiento). Y, como una inversión cualquiera, el becario corre el riesgo de fracasar y perder su dinero. Así, una beca CONICYT no sería más que un préstamo condonable: una beca si te va bien, y un crédito si te va mal. Lejos de ser un incentivo, la introducción de lógicas de mercado en la formación de nuevos investigadores termina generando una contradicción entre los criterios de la acción del Estado y la forma de bien común que se tenía en mente al diseñar el programa.
La discusión y acción pública sobre el desarrollo de la ciencia y tecnología en Chile, como puerta a la innovación y a la eficiencia productiva, ha dado claras señales de encontrarse en un callejón sin salida. En primer lugar, opera una mirada obtusa que limita el desarrollo intelectual del país a la ciencia y la tecnología. Áreas como las humanidades, las artes e incluso las ciencias sociales son los convidados de piedra al festín de los recursos para el desarrollo de investigación. Su inclusión se justifica a duras penas por el peso que tienen de facto en las universidades, no por una verdadera valoración de su aporte al campo del conocimiento y al desarrollo nacional.
Pero aun si (erróneamente) concediéramos sin más la pertinencia de aquella lógica reduccionista, incluso dentro de ella no parece comprensible el rumbo que han tomado las políticas de ciencia y tecnología. Tener claro para qué se hace lo que se hace es uno de los criterios centrales de la acción racional. Y racionalidad es lo mínimo que podríamos esperar de la institucionalidad que rige la producción de conocimiento en nuestro país. Tristemente, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, se ha esforzado por mostrarnos la miseria de las políticas que ejecuta mediante sus programas.
El Programa de Formación de Capital Humano Avanzado es la principal herramienta que tiene nuestro país para formar investigadores de alto nivel. Dentro de este programa, se encuentran las becas para el estudio de postgrado, tanto en Chile como en el extranjero, que tienen como objetivo “contribuir al incremento del número de investigadores y profesionales de excelencia con alta preparación en todas las áreas del conocimiento para el desarrollo de Chile […]”. Hoy, por desgracia, estamos ante un escenario en que este objetivo se pone de cabeza, donde jóvenes con el ímpetu de aportar al desarrollo del conocimiento en Chile ven sus carreras truncadas.
[cita]El éxito se definió rígidamente, no como la obtención del grado, sino como el cumplimiento de ciertos plazos estipulados desde una planificación unilateral, que no consideraba los plazos reales del desarrollo de un postgrado (que además difieren según los ámbitos del conocimiento). Y, como una inversión cualquiera, el becario corre el riesgo de fracasar y perder su dinero. Así, una beca CONICYT no sería más que un préstamo condonable: una beca si te va bien, y un crédito si te va mal. Lejos de ser un incentivo, la introducción de lógicas de mercado en la formación de nuevos investigadores termina generando una contradicción entre los criterios de la acción del Estado y la forma de bien común que se tenía en mente al diseñar el programa.[/cita]
Estos son los llamados “Inhabilitados por CONICYT”. Se trata de ex becarios que, habiendo cumplido con todos los requisitos de sus programas, y siendo ahora magísteres y doctorados graduados, están siendo castigados por CONICYT con el argumento de haber incumplido el contrato. Casos de esta situación hay muchos. Estudiantes que se atrasaron en la entrega de su tesis por razones académicas –pasantías en el extranjero, publicaciones de libros– o personales –embarazos, hijos, enfermedades–, pero que aun así lograron graduarse, ven amenazada su frágil economía cuando CONICYT les exige la devolución total de los fondos que les fueron otorgados para obtener su grado; aún más, la carrera académica como investigadores que CONICYT pretendía financiar termina de facto. Un investigador que está inhabilitado para recibir fondos concursables de CONICYT no tiene oportunidad alguna de realizar su trabajo, pasamos del capital humano avanzado a uno frustrado.
Es claro que estas acciones no se condicen en lo más mínimo con el objetivo del programa, considerando que todos estos casos corresponden a estudiantes que obtuvieron sus grados de manera exitosa, en procesos validados por sus respectivos programas y casas de estudio. Los Inhabilitados son víctimas directas de una visión obtusa del desarrollo de conocimiento y talento, donde prima una orientación al mercado de las políticas de fomento de la ciencia y tecnología y se atiende individualmente a problemáticas colectivas. CONICYT ha dejado en un segundo plano la formación de investigadores, la producción de conocimiento y la innovación, por tener que responder a requerimientos burocráticos, priorizando cumplir indicadores de gestión por sobre su misión de fondo. Las brutales demandas que las lógicas de mercado le imponen, en tanto comprende que sus becas son créditos condonables, han llevado a la institución a una arremetida contra los becarios al incumplirse las condiciones de condonación. ¿Son correctas tales condiciones? Como ha expresado el CRUCH, al menos se amerita una revisión de los criterios, pues estos han llevado a la paradójica situación en que las universidades acreditadas y autónomas otorgan los grados académicos, en reconocimiento al trabajo intelectual de los becarios, mientras que CONICYT procesa una sanción fatal en términos académicos.
Tal como ocurre con la acción estatal en el resto de la educación superior, la mercantilización es un enemigo del sentido público de las políticas en este sector. El cobro de los fondos a quienes se atrasaron, y la fidelidad casi religiosa con las bases o “reglas del juego” por sobre el desarrollo de la producción de conocimiento del país, revela qué entiende CONICYT realmente por una beca. Lejos de ser un fondo que cumpla con el objetivo de aumentar el número de magísteres y doctorados en Chile, las becas que recibieron los Inhabilitados no fueron más que créditos dirigidos a financiar una aventura personal que podía o no tener éxito. El éxito se definió rígidamente, no como la obtención del grado, sino como el cumplimiento de ciertos plazos estipulados desde una planificación unilateral, que no consideraba los plazos reales del desarrollo de un postgrado (que además difieren según los ámbitos del conocimiento). Y, como una inversión cualquiera, el becario corre el riesgo de fracasar y perder su dinero. Así, una beca CONICYT no sería más que un préstamo condonable: una beca si te va bien, y un crédito si te va mal. Lejos de ser un incentivo, la introducción de lógicas de mercado en la formación de nuevos investigadores termina generando una contradicción entre los criterios de la acción del Estado y la forma de bien común que se tenía en mente al diseñar el programa. A esto se suma el nulo interés de la institución por los temas de investigación de sus becarios, reduciendo el trabajo intelectual de los investigadores a trámites e indicadores que exhibir como cuantificaciones de producción. Cuando CONICYT persigue a los Inhabilitados, deja como un elemento extraño al sistema a la producción de conocimiento. Pero esto no es más que poner al servicio del mercado el aparato público, marginando a instancias soberanas y populares de la sociedad de la decisión sobre los objetivos y metas de esta producción. El caso de los Inhabilitados por CONICYT es una arista más de la oposición entre los derechos, la iniciativa pública, el progreso de la sociedad, por un lado, y el mercado y la tecnocracia, por el otro.
A los chilenos ya no les son ajenas las lógicas mercantilistas en las distintas esferas de la sociedad, especialmente en la acción pública. Las movilizaciones estudiantiles del 2011 pusieron de manifiesto las perversas desviaciones que provoca en un sistema educacional la intromisión forzosa del mercado. No es difícil ver, tampoco, las fallas estructurales en el sistema de salud, la futura crisis en el sistema de pensiones, y un largo etcétera. En todos estos casos, el mercado actúa como un obstáculo que desvía el esfuerzo colectivo realizado para asegurar ciertos derechos fundamentales, o propiciar el desarrollo del país, y los dirige directa o indirectamente hacia otro objetivo: la mera acumulación individual. El problema que revelan los Inhabilitados por CONICYT no se solucionará con un simple cambio administrativo o un aumento de presupuesto. El abismo en el camino de la producción de conocimiento es la mercantilización y su lógica del Capital Humano Avanzado, que nos muestra su cara más cruel al amenazar con arruinar de un golpe la vida de los becarios a los que (falsamente) acusa de fracasar. Sólo combatiendo esto estaremos haciéndonos cargo del fondo del problema de la institucionalidad científica y del desarrollo de conocimiento y talento en nuestro país.
