Interés hay en el lobby de las estatales, que pretenden restablecer sus fueros y salir de la situación de excesivos controles y escasez de recursos en la que se hallan. También hay intereses involucrados en el afán de la Universidad de Chile de prevalecer sobre las demás casas de estudio estatales, bajo la premisa, creída o no entre sus miembros, de que ella encarna algo así como la luz del saber en la patria. Intereses son, asimismo, los que defiende el G9, ocupado de reclamar contra las estatales en la misma medida en que soslaya a las demás privadas.
Los autores de esta columna entramos a la universidad antes de que estallaran los movimientos estudiantiles del año 1997, del año 2006 o, más recientemente, del 2011. No tenemos memoria de período en que se desconociera o se negara la precariedad del sistema nacional de educación superior, o en que la luz de alarma por los niveles de improvisación y de corrupción que podían existir (en todo tipo de instituciones) no estuviera encendida. Con todo, no cabe sino aplaudir el ingenio y empuje con que los estudiantes se organizan para interrumpir la inercia de la vida cotidiana e instalar el sentimiento de una responsabilidad colectiva por la educación.
Hoy se debate sobre una reforma a la educación superior. Qué es una universidad, cómo ha de financiarse, si ha de ser meramente docente o incluir investigación, por qué y de qué tipo y con qué mecanismos de financiamiento, son preguntas que, estaríamos inclinados a pensar, urge tratar. Pero lo que se está dando en Chile, ahora como en los períodos pasados que acabamos de evocar, es menos un proceso de discusión que uno que podemos llamar de negociación. La palabra “diálogo”, en efecto, abarca ambos conceptos, el de discusión y el de negociación. Una discusión supone examinar lo bien o mal fundadas que estén las distintas posiciones en debate, cualesquiera sean los medios por los que se hayan planteado –poder de la palabra, influencia en los medios, poder económico, masividad callejera, etc.–. Una negociación, en cambio, no pone en cuestión los principios ni analiza la validez de las verdades que cimentan las posiciones, sino que persigue equilibrar las fuerzas y maximizar el retorno o beneficio para todos los actores. En una sociedad que se pretende democrática, parece natural y razonable, hasta cierto punto inevitable y necesario, asegurarle un espacio amplio, sólido y efectivo a la negociación. La agenda del ministro de Educación está dando contundentes muestras de generar espacio para tal negociación.
Pero ser capaz de asegurarle un espacio a la discusión allende los procesos de negociación, es igualmente necesario. Los distintos actores merecen que se reconozca no sólo lo que quieren o están en capacidad de hacer, sino las convicciones más íntimas que los motivan y sobre la base de las cuales sienten poder legitimarse. Reducir los interlocutores a meros grupos de interés es miope y sobre todo dañino. En la discusión chilena están en juego no sólo intereses, sino diversas concepciones del bien social y de la justicia. Si ignoramos esto, bastará esperar otro recambio generacional para ver emerger un nuevo conflicto.
[cita]Interés hay en el lobby de las estatales, que pretenden restablecer sus fueros y salir de la situación de excesivos controles y escasez de recursos en la que se hallan. También hay intereses involucrados en el afán de la Universidad de Chile de prevalecer sobre las demás casas de estudio estatales, bajo la premisa, creída o no entre sus miembros, de que ella encarna algo así como la luz del saber en la patria. Intereses son, asimismo, los que defiende el G9, ocupado de reclamar contra las estatales en la misma medida en que soslaya a las demás privadas.[/cita]
¿Cuánto espacio es el Gobierno capaz de dar a la discusión así entendida? ¿Cuánto, los distintos interlocutores del conflicto de la educación, están hoy dispuestos a ayudar para que el Gobierno dé un espacio a la discusión? ¿Cuánta paciencia estamos todos dispuestos a tener para ganar claridad sobre lo que queremos, esperamos y necesitamos de la educación superior?
Como tantos otros, los autores de esta columna quisiéramos que el debate tocase el sentido de la universidad y la investigación. Estas han pasado a ser, con frecuencia, cuestiones que se vuelven materia de afirmaciones lanzadas al voleo, con el propósito preponderante de intervenir eficazmente en los procesos de negociación. Se dice, por ejemplo, “¿qué es una universidad?”, ironizando –muchas veces no sin razón– respecto de algunas instituciones que llevan ese nombre. Lo lamentable de esta táctica es que, con ella, la pregunta misma sigue quedando suspendida en el aire.
Quizás sea más realista limitarnos a tratar un asunto bastante más sencillo. Nos referimos a la problemática distinción entre universidades privadas tradicionales y universidades privadas a secas, vale decir, las nacidas después de 1981.
La distinción entre universidades privadas “tradicionales” y privadas “no-tradicionales” ha sido involuntariamente puesta en entredicho por los rectores de las casas de estudio privadas tradicionales. Hace unos días plantearon su preocupación por lo que entienden como la amenaza de un trato poco ecuánime hacia ellas de parte del Ministerio de Educación y las universidades del Estado, motivados por el hecho de que tanto el ministro como los planteles estatales hayan hecho hincapié en la diferencia que existe, dentro del conjunto de las universidades “tradicionales”, entre planteles estatales y no estatales o privados.
Sucede que la inquietud, legítima, de esos rectores es del mismo tipo que aquella que suelen albergar, precisamente, las instituciones que no acceden a la difusa idea de lo “tradicional”.
Lo que los rectores del G9 han hecho –quizás sin quererlo– es volver a poner en el primer plano la vieja pregunta por la ecuanimidad del conjunto del sistema universitario chileno o, dicho de otro modo, la pregunta por la razonabilidad con que están categorizadas, en general, nuestras instituciones de educación superior.
Sea cual sea la relevancia de la clasificación de las universidades en estatales y privadas, ciertamente se trata de una distinción mucho más nítida que la que se pretende establecer entre universidades tradicionales y no tradicionales. No es, desde luego, que el año 1981 pueda ser trivializado en lo que respecta al destino de nuestra educación superior. Las condiciones diversas bajo las que desde entonces han vivido unas y otras universidades pueden esgrimirse como explicación tanto para el fracaso rotundo de algunas universidades privadas como para la precaria condición –¿tal vez se nos permita usar el término “fracaso” también aquí?– de algunas estatales. Pero, a más de tres décadas de distancia, y cuando soplan vientos de cambio para todo nuestro sistema educacional, no puede pretenderse que el año 81 haya de servir de regla invariante para la medición y comparación de las diferentes casas de estudio, desde luego internamente muy diversas –todas– en lo que concierne a su capacidad de entregar educación y producir investigación de calidad. Incluso la Confech, tan militante y sectaria como se la quiera ver, ha relativizado la que, a esta altura, se ha vuelto una distinción insostenible, al incorporar vocerías de las universidades “nuevas”.
Puestos a negociar, pocas dudas caben de que el sistema en esto no sufrirá cambios de fondo y probablemente “todo cambie, para que todo siga igual”. Pero si el país de pronto se abre al segundo sentido de “diálogo” que hemos sugerido distinguir, o sea, a la discusión, entonces ocurre que no parecen hoy subsistir criterios para mantener incólume la organización actual del sistema nacional universitario.
¿Hay universidades creadas post-81 de dudosa calidad? Las hay también estatales. ¿Hay algunas con idearios muy peculiares? Las hay también entre las tradicionales. Vale decir, los argumentos que usualmente se invocan para excluir a las privadas post-81 del tratamiento privilegiado que experimentan las tradicionales, se aplican también a éstas. Que el año de creación de una casa de estudios sea previo o posterior a 1981 no es una justificación suficiente como para trazar allí la línea que distingue universidades, como lo ha pretendido la retórica, a esta altura calificable de tradicionalista y corporativista, del CRUCh.
Esta constatación no significa todavía pedir un trato estrictamente igualitario para todas las universidades. La atención a instituciones que han sido descuidadas, la confianza en las que han mostrado su capacidad sostenida de contribución, la preocupación por regiones específicas, éstos y otros criterios permiten realizar múltiples diferenciaciones legítimas. Ellas podrían ser, precisamente, el comienzo de un trato verdaderamente ecuánime respecto de las universidades. La condición de la ecuanimidad efectiva, empero, es que se incorpore a todas las instituciones que cumplan con los requisitos básicos que hemos de exigir de una universidad (como la reinversión efectiva de sus excedentes, un ámbito de auténtico respeto a la pluralidad, vocación investigativa), en uno y el mismo sistema de educación superior. Que ello implicará para todas no sólo repartición proporcional de fondos, sino cargar con deberes similares, debiera ser obvio y motivo de satisfacción para el conjunto de los involucrados.
A esta altura los representantes de la lógica monocorde de la denuncia probablemente estén afilando sus lápices para develar estas líneas como la defensa de intereses de las universidades privadas por parte de profesores que, sospechosamente, trabajan en dos de ellas. Aquí vale una observación general que nos toca tanto a nosotros como a esos paladines: efectivamente, junto con las más nobles aspiraciones que puede haber en todos los actores de la discusión, también cabe pensar –¡eureka!– que existen intereses operando en ella. No sólo el interés tosco de retirar excedentes y seguir haciendo negocios con la educación, que anima a algunos. Interés hay en el lobby de las estatales, que pretenden restablecer sus fueros y salir de la situación de excesivos controles y escasez de recursos en la que se hallan. También hay intereses involucrados en el afán de la Universidad de Chile de prevalecer sobre las demás casas de estudio estatales, bajo la premisa, creída o no entre sus miembros, de que ella encarna algo así como la luz del saber en la patria. Intereses son, asimismo, los que defiende el G9, ocupado de reclamar contra las estatales en la misma medida en que soslaya a las demás privadas. Intereses, en fin, no pueden faltar en esta columna. Pero convendría además hacer un llamado a discutir cuestiones de fondo, en lugar de limitarse a hacer valer los propios intereses. Por lo pronto, un llamado a tomar nota de este hecho sencillo y evidente: más allá de las oportunidades que este tiempo de reformas y refundaciones pueda estar presentando para cada uno de los actores, el momento parece propicio para exigir que el sistema universitario se base en distinciones menos antojadizas y más consistentes que aquella entre universidades tradicionales y no tradicionales.
El nuevo gobierno, que cuenta como ninguno de los gobiernos recientes con respaldo para hacer transformaciones profundas, puede optar por dar variada importancia a diversos criterios de clasificación: al cumplimiento de la prohibición del lucro, a la propiedad estatal o privada de las instituciones, a la debida acreditación de las mismas. Pero cualquier énfasis que ponga al tomar tales decisiones será más racionalmente defendible que seguir agrupando bajo un régimen a las universidades anteriores a 1981 y en otro a las posteriores. Si no toca este asunto, su afán por reformas profundas irónicamente habrá dejado sin abordar aquel punto en el que más idiosincrática resulta nuestra institucionalidad universitaria.
