Opinión
Es necesario precisar que, siendo innegable el aporte de muchos de estos “buques insignia”, es igual de cierto –como muchos de sus propios alumnos y ex alumnos afirman– que hoy cuando seleccionan a sus estudiantes, se hacen cómplices de la brutal segregación que aqueja a nuestro sistema educacional.
La Ley General de Educación (LGE) prohíbe, en el papel, la selección de estudiantes de kínder a sexto básico. Lamentablemente la evidencia –y ciertamente también las denuncias– nos muestran que ésta es una ley muerta, puesto que, por la imposibilidad de fiscalización, hay muchos establecimientos que siguen discriminando a estos pequeños estudiantes y a sus familias. Y a aquellos estudiantes que son sólo un poco mayores, en vez de ayudárseles, incentivárseles y orientárseles, se les selecciona de modo legal y aceptadamente, como si la causa de su menor rendimiento fuera su desidia o limitación intelectual, en vez de la serie de factores que en un niño o adolescente influyen en el aprendizaje. Por esta y otras muchas razones, hemos sido muchos y muchas los que hemos luchado para que la educación –entendida como un derecho– sea un lugar de encuentro y trato inclusivo e igualitario, por ende, sin discriminaciones.
Hace unos días el Ministro Eyzaguirre, siguiendo con una de las promesas de campaña presidencial, anunció que en las próximas semanas se presentará un proyecto de ley que busca acabar con esta práctica discriminatoria, de manera efectiva, tanto para el sistema escolar primario, como también para el secundario. Como integrantes de la comisión de educación de la Cámara de Diputados queremos aprovechar este espacio para resaltar la importancia de este proyecto en el camino hacia transformar la educación en un derecho social.
[cita]Es fundamental que un padre o madre que quiera que su hijo estudie en un colegio, independientemente de si es público, particular subvencionado o particular pagado, debiese tener la misma oportunidad para poder lograrlo que cualquier otro estudiante. Sería impensado –y algo contradictorio– que quienes defienden a rajatabla la “libertad de elegir” de los padres, se pudieran oponer a la igualdad en el derecho a quedar seleccionados en aquellos niveles que, por ley, son obligatorios. Pongámosle fin a esta injusticia.[/cita]
La idea de que hoy la educación en Chile es meritocrática, porque los estudiantes con buen rendimiento tienen posibilidades de asistir a liceos emblemáticos (y liceos de excelencia, desde el último gobierno), es un espejismo. Es en esta lógica que se realizan análisis, como un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos, que plantea que los estudiantes del Instituto Nacional, por el hecho de haber sido aceptados, tendrían cerca de 30 puntos extra en la PSU. Además de los cuestionamientos técnicos de la metodología para inferir lo obtenido, el solo hecho de plantear dichos resultados como un aspecto positivo de la selección, es olvidar el efecto que tiene la selección en la gran mayoría de quienes no fueron seleccionados y quedaron en liceos donde la desesperanza es la ley. ¿Cuánto afectaría en las motivaciones, en los sueños y –por consiguiente– en los puntajes de todas y todos los estudiantes y sus familias, el saber que en todos los liceos y colegios de Chile existen posibilidades similares de acceder a la educación terciaria?
Es necesario precisar que, siendo innegable el aporte de muchos de estos “buques insignia”, es igual de cierto –como muchos de sus propios alumnos y ex alumnos afirman– que hoy, cuando seleccionan a sus estudiantes, se hacen cómplices de la brutal segregación que aqueja a nuestro sistema educacional. Debemos luchar por un sistema donde los colegios públicos sean la vanguardia de una educación de calidad e inclusiva, pero sólo por mencionar algunos datos y sin la intención de generalizar la situación socioeconómica de los liceos de excelencia sino de puntualizar, actualmente el 72% de los estudiantes del Instituto Nacional proviene de los dos quintiles más ricos de Chile y sólo el 7% de los dos quintiles más pobres. En el Liceo Carmela Carvajal la situación es aún más dramática, con 82% de estudiantes de los dos quintiles más ricos y un 5% proveniente de los dos quintiles más vulnerables.
Citando el polémico discurso de Benjamín González, ex Presidente de curso del 4to medio F Humanista del Instituto Nacional: “Si la educación en Chile fuera buena en todos los establecimientos educacionales, ¿qué motivo habría para la existencia del Instituto Nacional? Ninguna. Si mi antiguo colegio me hubiese ofrecido la misma calidad de enseñanza que el nacional, yo no me hubiera cambiado. Pero me cambié porque no la ofrecía. Entonces, ¿cómo sentirme orgulloso de haber dejado a 40 ex compañeros pateando piedras en mi ex colegio, para yo venir y ‘salvarme’ de no patear –tantas– piedras? La sola idea suena aberrante”.
En esa misma línea, si la idea es no discriminar ni segregar, el objetivo debiera ser el de empujar a todas las escuelas y liceos a ser de excelencia, no sólo a unos pocos. No podemos invertir más en un puñado de colegios y dar por perdida la batalla en los otros. La excelencia que se quiere lograr no es una que esté dada por la selección de mejores estudiantes o descreme, sino por el tremendo desafío de nivelar hacia arriba y agregarle valor al proceso de enseñanza-aprendizaje, en vez de deshacernos de quienes tienen dificultades. Lo que se soslaya en este punto es que tener aulas integradas socialmente mejora los resultados del conjunto, ya que permite que los estudiantes aprendan unos de otros. Esto es lo que se conoce como efecto pares, y ciertamente es algo deseado no sólo para el proceso educativo sino para la sociedad en la medida que ayuda a recomponer el tejido social.
Pero el problema del descreme no existe tan sólo en unos pocos liceos emblemáticos. Esta práctica la realizan de manera masiva los colegios particulares subvencionados y, más aún, los colegios particulares pagados. También la utilizan los sostenedores de colegios que lucran y que desde hace muchos años se han dedicado a seleccionar a los estudiantes, para que los resultados exhibidos por sus establecimientos sean mejores y así puedan “competir” con una ventaja, buscando que más madres y padres quieran matricular a sus hijos en sus colegios. Pero estas diferencias son ficticias, ya que, al corregir por nivel socioeconómico, los resultados de los establecimientos municipales son iguales a los de los particulares subvencionados. Es decir, ¡el valor que entrega el establecimiento, en términos de rendimiento académico, lamentablemente es igual de paupérrimo!
Los resultados en las pruebas estandarizadas están estrechamente ligados a la procedencia socioeconómica de los estudiantes que las rindieron y no representa fielmente la calidad educacional de los establecimientos. Peor aún, sus resultados son utilizados como instrumento de información para el mercado educacional, como criterio para la autoselección de los padres y madres, acentuando con ello las diferencias y los rasgos negativos de la selección escolar. Los últimos resultados de la PSU –prueba que hace 10 años se pensó que beneficiaría a los estudiantes más vulnerables de nuestro país que quisieran ingresar a la universidad–, nos muestran un resultado que no puede dejarnos indiferentes. 898 estudiantes que fueron los “número 1” de sus colegios, no pudieron postular a ninguna Universidad del Consejo de Rectores, ya que sus puntajes PSU fueron inferiores al mínimo para postular, es decir, menores a 475 puntos. Fueron 487 estudiantes de colegios municipales, 390 de particulares subvencionados y 21 de colegios pagados. ¿Qué les podemos decir hoy a ellos como país?
Si la preocupación es que existan formas para detectar talentos de manera equitativa y meritocrática para el acceso a la educación superior, podemos pensar en otras alternativas, como el ranking de notas, que mide la posición relativa de un estudiante frente al promedio histórico de notas de su establecimiento. Los mejores estudiantes de todos los colegios tendrían ventajas comparativas, producto de su esfuerzo y perseverancia, para poder acceder a la educación terciaria y, de esta manera, impedir que existan colegios donde no existe ninguna luz al final del túnel, como fue el caso de aquellos en los que nadie logró siquiera postular.
Es fundamental que un padre o madre que quiera que su hijo estudie en un colegio, independientemente de si es público, particular subvencionado o particular pagado, debiese tener la misma oportunidad para poder lograrlo que cualquier otro estudiante. Sería impensado –y algo contradictorio– que quienes defienden a rajatabla la “libertad de elegir” de los padres, se pudieran oponer a la igualdad en el derecho a quedar seleccionados en aquellos niveles que, por ley, son obligatorios. Pongámosle fin a esta injusticia.
